El acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Cálidda para extender el servicio de gas natural a siete regiones del país aún no tiene fecha definida de suscripción. Las diferencias con Osinergmin sobre el reconocimiento de las inversiones en infraestructura mantienen pendiente la aprobación de la Novena Adenda, mientras el Gobierno coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para resolver las observaciones.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, confirmó que el documento continúa en revisión y que todavía existen criterios distintos entre su sector y el organismo regulador respecto al tratamiento económico de los activos construidos por la concesionaria.

En declaraciones a RPP, el titular del Minem explicó que las entidades involucradas mantienen conversaciones para determinar qué criterios deben aplicarse. Según indicó, las discrepancias no han sido resueltas y el proceso permanece en etapa de evaluación.

El principal desacuerdo se relaciona con el valor neto contable de las redes de distribución de gas natural y la forma en que deben reconocerse las inversiones realizadas por Cálidda. La discusión considera que estas instalaciones se financian mediante las tarifas durante un periodo determinado, mientras la empresa continúa ampliando su infraestructura.

Minem todavía no define cuándo se firmará la Novena Adenda

Aunque el Gobierno tenía previsto avanzar con la firma durante octubre, el ministro Guillermo Shinno evitó establecer una fecha concreta. Señaló que las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada, pero que es necesario coordinar con el MEF para aclarar los aspectos pendientes y atender las observaciones formuladas.

El funcionario también mencionó que su sector tenía programada una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para el jueves, principalmente para abordar asuntos relacionados con permisos. Sin embargo, no confirmó que la Novena Adenda formara parte de la agenda, aunque dejó abierta la posibilidad de tratarla si había tiempo disponible.

El 25 de septiembre, el Minem comunicó que había culminado el informe técnico final del proyecto Siete Regiones y lo había enviado al MEF para solicitar su opinión. De acuerdo con la cartera, el documento incorporaba las respuestas a las observaciones identificadas durante la revisión de la propuesta.

Pese a ese avance, la firma continúa supeditada a la definición de los criterios contractuales y económicos que permitan resolver las diferencias entre las instituciones.

Osinergmin cuestiona el reconocimiento de las redes después de 2033

Uno de los principales cuestionamientos de Osinergmin se refiere a la ampliación de la concesión de Cálidda hasta 2043. Según el regulador, el contrato original establece que la infraestructura existente en Lima y Callao debe revertir al Estado en 2033, cuando concluya el plazo previsto inicialmente.

No obstante, la propuesta de adenda contempla mantener un valor reconocido para esas redes durante los diez años adicionales, aspecto que podría generar nuevos ingresos para la concesionaria.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Osinergmin, este escenario permitiría a Cálidda obtener ingresos por US$2.252,7 millones entre 2033 y 2043, frente a costos operativos calculados en US$420,7 millones. El resultado sería una utilidad estimada de US$1.832 millones.

En cambio, si el valor de la infraestructura se estableciera en cero a partir de 2033, la utilidad proyectada descendería a US$329,7 millones. La diferencia entre ambos escenarios superaría los US$1.500 millones.

Para el organismo supervisor, esta decisión tiene consecuencias económicas que podrían repercutir en las tarifas de los usuarios. El regulador considera que los recursos involucrados también podrían destinarse a reducir los costos del servicio o financiar nuevas inversiones sin trasladar una carga adicional a los consumidores.

Proyecto contempla US$550 millones para ampliar el servicio en siete regiones

La Novena Adenda plantea extender la distribución de gas natural a 15 localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.

La propuesta contempla una inversión privada de US$550 millones y la instalación de 3.738,9 kilómetros de redes. El proyecto identifica un mercado potencial de 300.613 consumidores, aunque establece como compromiso mínimo la implementación de 201.411 conexiones.

Sin embargo, Osinergmin advierte que las metas previstas no aseguran una cobertura uniforme en todas las localidades beneficiadas.

En Huamanga, por ejemplo, el compromiso mínimo representa el 30,4% de las 44.660 viviendas consideradas. En Quillabamba, la cobertura comprometida equivale al 20,1% de los 4.391 hogares evaluados. En tanto, para Huancavelica y Curimaná, los porcentajes alcanzan el 29,9% y el 20,9%, respectivamente.

El regulador también observa que la propuesta contempla un factor de penetración del 67%, cuando, según su evaluación, debería garantizarse una cobertura mínima del 70% en cada localidad. Asimismo, cuestiona la posibilidad de compensar hasta el 20% de las conexiones entre ciudades, debido a que esta flexibilidad podría reducir el número de usuarios efectivamente atendidos en determinadas zonas.

Cálidda defiende la ampliación de la concesión para recuperar sus inversiones

Frente a las observaciones del regulador, Cálidda sostiene que los compromisos mínimos de conexión no limitan la posibilidad de continuar ampliando el servicio conforme avance el proyecto.

La empresa también argumenta que extender el plazo de la concesión permitiría recuperar las inversiones destinadas a construir nuevas tuberías, especialmente aquellas cuyo costo no podría remunerarse completamente antes de 2033.

Aunque los cuestionamientos de Osinergmin no son vinculantes para el Minem, sus observaciones forman parte de la discusión sobre las condiciones económicas y contractuales de la adenda.

Por ahora, el Gobierno mantiene las conversaciones con el MEF para definir una posición sobre el reconocimiento de los activos, la recuperación de las inversiones y las metas de cobertura. La decisión final deberá conciliar la viabilidad económica de la expansión del gas natural con la protección de los usuarios y el cumplimiento de los compromisos de conexión en las siete regiones.