Asociación de Consumidores de Gas pide al próximo gobierno asegurar el cumplimiento del contrato de Camisea

La Asociación de Consumidores de Gas (ACG) instó al próximo gobierno a velar por el estricto cumplimiento del contrato de concesión del sistema de transporte de gas natural de Camisea, tras la reciente interrupción del servicio que, según indicó, superó ampliamente el límite de indisponibilidad permitido y generó sobrecostos para los usuarios.

El presidente de la ACG, Roberto Santiváñez, sostuvo que corresponde al Estado garantizar que el concesionario cumpla con todas las obligaciones establecidas en el contrato, especialmente las relacionadas con la seguridad y continuidad del servicio.

El pronunciamiento se da luego de la contingencia registrada en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), así como de las observaciones emitidas por Osinergmin y la Contraloría General de la República respecto al funcionamiento del sistema.

Santiváñez explicó que el contrato de concesión establece que la disponibilidad anual del sistema debe ser superior al 99 %, lo que equivale a un máximo de 87,6 horas de interrupciones no programadas. Sin embargo, señaló que la reciente emergencia mantuvo fuera de operación el sistema durante alrededor de 324 horas, excediendo ampliamente ese límite.

Ante este escenario, la ACG consideró indispensable que el concesionario presente un plan de mejoras que contemple nuevas inversiones, protocolos de mantenimiento más eficientes y mecanismos de contingencia que permitan reducir el riesgo de futuras interrupciones del servicio.

Asimismo, recordó que la Contraloría identificó indicios de un posible incumplimiento de la cláusula 3.1 del contrato de concesión, referida a la capacidad mínima del sistema de transporte de gas natural. Precisó que será Osinergmin la entidad encargada de determinar si efectivamente existió una infracción.

De confirmarse el incumplimiento contractual, el concesionario podría ser objeto de sanciones económicas, conforme a lo establecido en el marco regulatorio vigente.