ASPEC plantea evaluar reducción de los impuestos que gravan el combustible y que constituyen el 25% de su valor

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) pidió al Gobierno la adopción de medidas creativas para enfrentar los problemas sociales y económicos derivados del incremento en el precio de los combustibles que ha llevado a la realización de un paro nacional de transportistas de carga que se viene radicalizando en las últimas horas.

La explicación típica para justificar el alza es que los precios internacionales se incrementaron debido a la recuperación económica de los países industrializados, la cual ha generado mayor demanda. Sin embargo, ese argumento no logra explicar la razón por la cual, cuando el año pasado los precios internacionales cayeron a niveles históricos debido a la pandemia, no sucedió lo mismo en el mercado local.

Según ASPEC, en el poco tiempo que queda hasta el 28 de julio en que se producirá un cambio de Gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deberían dejar de lado cualquier otro tipo de interés e impulsar en conjunto algunas medidas destinadas a promover un cambio realista en el marco legal vigente. Se sugieren las siguientes:

➡️ Evaluar una posible reducción de los impuestos que gravan el combustible y que constituyen el 25% de su valor.

➡️ La recaudación tributaria futura por tal concepto debe ser destinada no a la bolsa general del MEF sino a acciones específicas para mitigar los incrementos futuros y proteger la economía golpeada de los consumidores. En tal sentido, podría analizarse el retorno, con una regulación más adecuada, del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC) el cual originalmente fue creado en el 2004 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade en los precios a los consumidores peruanos.

➡️ Normar de mejor manera el accionar de Petroperú para que no siga contribuyendo a generar situaciones como esta. Recordemos al respecto que en nuestro país existe una situación oligopólica entre dicha empresa estatal que administra la refinería de Talara y Repsol que tiene a su cargo la refinería La Pampilla.

➡️ Por su parte, el INDECOPI debe investigar este incremento simultáneo y prácticamente homogéneo para determinar si existe concertación de precios, la cual está prohibida con arreglo al Decreto Legislativo N° 1034 – Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas El art. 46° de dicha norma establece que, si la infracción llega a ser considerada como “muy grave”, se puede sancionar a las empresas con multas superiores a las 1,000 UIT.