Aunque el gas natural atraviesa desde hace una década las inmediaciones de Ayacucho, los hogares y negocios de la región todavía no pueden acceder a este combustible ni beneficiarse de sus menores costos.

La situación ha sido cuestionada por el economista Alberto Pascó Font, quien señaló que los diversos proyectos impulsados durante los últimos años para llevar gas natural al sur del país no han logrado concretarse. “Dado que todos estos intentos han fracasado, hasta ahora los hogares y negocios de las regiones del sur del país, de donde proviene el gas, no se pueden beneficiar de los ahorros de contar con este combustible”, sostuvo.

El problema se remonta a septiembre de 2016, cuando Transportadora de Gas del Perú (TGP) culminó y puso en operación comercial una derivación de su ducto de gas natural hacia Ayacucho, tras una inversión cercana a los US$50 millones. La obra contempló la construcción de un City Gate, estación destinada a la regulación y medición del combustible, ubicada en Huamanga.

Desde entonces, el gas natural pasa a aproximadamente cinco kilómetros de la ciudad de Ayacucho. Sin embargo, la población todavía no dispone de una red de distribución que permita llevar este recurso hasta los hogares y establecimientos comerciales.

Diversos proyectos quedaron en el camino

Durante las últimas dos décadas se han promovido diferentes iniciativas para masificar el gas natural en el sur del Perú, pero ninguna logró consolidarse.

Uno de los primeros intentos ocurrió en 2005, cuando Proinversión, con el respaldo de los gobiernos regionales de Ayacucho, Ica y Junín, convocó a un concurso público para desarrollar un sistema de distribución de gas natural en estas regiones. El proceso, sin embargo, no llegó a concretarse.

Posteriormente, en mayo de 2014, se lanzó una iniciativa de mayor alcance para promover la participación privada en la construcción de un sistema de distribución destinado a siete regiones: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

El proceso permaneció abierto durante varios años, pero finalmente fue cerrado en 2021 debido a la ausencia de postores.

En julio de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, se anunció el inicio de la construcción de infraestructura destinada a la masificación del gas natural en Ayacucho. No obstante, el proyecto tampoco consiguió traducirse en un sistema operativo de distribución para la población.

Una nueva alternativa plantea ampliar la cobertura

Ahora existe una nueva propuesta para intentar cerrar esta brecha. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) solicitó a Cálidda, concesionaria de la distribución de gas natural en Lima y Callao, evaluar una ampliación de su área de concesión hacia siete regiones del centro y sur del país.

En noviembre de 2023, la empresa presentó una propuesta de adenda a su contrato de concesión que contempla inversiones superiores a US$600 millones para extender el servicio hacia Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Apurímac, Puno y Ucayali.

La propuesta plantea que la expansión pueda ejecutarse sin aportes directos del Estado, manteniendo las mismas tarifas aplicadas en Lima. Bajo este esquema, los ingresos generados por el consumo en la capital contribuirían a sostener la expansión hacia las nuevas regiones, permitiendo que los usuarios del sur accedan al servicio bajo una tarifa equivalente.

Para Ayacucho, la primera etapa del proyecto contempla llegar aproximadamente a 15,000 hogares, beneficiando de manera directa o indirecta a más de 60,000 personas. El suministro se realizaría mediante la conexión con el gasoducto que TGP construyó en 2016.

Una brecha que continúa pendiente

Actualmente, la adenda se encuentra en la etapa final de levantamiento y subsanación de observaciones. Su aprobación permitiría avanzar con una alternativa para llevar gas natural a regiones productoras o cercanas a la infraestructura de transporte que, hasta ahora, no han podido aprovechar plenamente este recurso.

Para Ayacucho, la conexión resulta especialmente relevante debido a que la infraestructura de transporte ya fue construida hace una década. El desafío pendiente es desarrollar la distribución necesaria para que el gas llegue finalmente a los usuarios.

El cierre de esta brecha también tiene una dimensión social y política. Para Pascó Font, la falta de acceso al gas natural en las regiones del sur representa una deuda pendiente con una población que, pese a encontrarse cerca de la infraestructura de transporte, continúa sin beneficiarse de los menores costos asociados a este combustible.

La culminación de la adenda permitiría avanzar en la masificación del gas natural y evitar que el acceso a este recurso vuelva a convertirse únicamente en una promesa durante los próximos procesos electorales.

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