Luego de que un informe de un medio de comunicación revelara cuestionamientos al plan de trabajo de la Comisión de Energía y Minas por una eventual apertura hacia la Confederación Nacional de Federaciones de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros (Confemin), integrantes del grupo parlamentario plantearon modificaciones al documento.

Una de las bancadas que presentó observaciones fue Renovación Popular, mediante los legisladores Félix See Hung Chang, Frank Krklec, José Baella y Gustavo Segura. Los parlamentarios remitieron un oficio a la presidenta de la Mesa Directiva, Yenifer Paredes Navarro, con una serie de propuestas para reformular la hoja de ruta de la comisión.

Según explicaron, sus aportes buscan mejorar el diagnóstico de la situación del sector minero-energético, especialmente en asuntos relacionados con la minería ilegal, el Reinfo, la Ley MAPE, la seguridad jurídica y la transición energética.

También plantearon que la visión, misión, objetivos y actividades de control, audiencias y visitas sean ajustados a las competencias que corresponden a una comisión ordinaria del Parlamento.

Entre sus propuestas figura además incorporar espacios de diálogo con las autoridades del sector, gremios empresariales y los distintos actores vinculados a la actividad minera y energética. Asimismo, solicitaron establecer principios de actuación, ejes estratégicos y una agenda legislativa propia.

Cuestionamientos al control sobre privados

Renovación Popular no fue la única bancada que expresó reparos. Diethell Columbus, integrante de la Comisión de Energía y Minas por Fuerza Popular, señaló que el pasado 31 de agosto remitió un oficio a Paredes Navarro para solicitar cambios al documento.

Uno de los principales puntos señalados por Columbus fue el alcance del control político. Según sostuvo, esta facultad parlamentaria debe estar dirigida a organismos públicos y no a empresas privadas.

“Yo pedí los ajustes la semana pasada. Antes de la sesión. De forma personal como integrante de la comisión”, afirmó.

Las observaciones coinciden con varios aspectos advertidos previamente por El Comercio, particularmente la propuesta de incorporar a mineros artesanales en las sesiones, lo que habría generado cuestionamientos por un eventual favorecimiento a la Confemin, así como la posibilidad de fiscalizar empresas vinculadas con los sectores minero y energético.

El plan de trabajo será debatido este martes a las 9 de la mañana.

Proponen limitar las facultades de fiscalización

En la propuesta presentada por Renovación Popular se plantea que la comisión ejerza control político únicamente sobre organismos e instituciones públicas y autónomas vinculadas al sector minero-energético.

Asimismo, se propone realizar seguimiento a actividades ilegales, especialmente a la minería ilegal, sin asumir funciones que corresponden a entidades como Osinergmin, OEFA y Sunafil, ni interferir en las labores de investigación del Ministerio Público y el Poder Judicial.

La propuesta inicial de la presidencia de la comisión señalaba, en cambio, que el control político podía alcanzar a organismos públicos, autónomos y privados que desarrollen actividades mineras y energéticas.

Otro punto observado corresponde a las audiencias públicas. Renovación Popular planteó que estos espacios tengan una participación plural, incluyendo a pequeños mineros y mineros artesanales formales, empresas de mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales, organismos públicos especializados, organizaciones de trabajadores y gremios empresariales.

La bancada también precisó que el plan no debe adelantar una posición sobre los futuros dictámenes relacionados con la Ley MAPE y la continuidad del Reinfo.

En el documento original se destacaba principalmente la participación de pequeños mineros y mineros artesanales en las audiencias descentralizadas, debido a su participación en las actividades de exploración y explotación de recursos naturales.

Visitas a empresas privadas

Las visitas inopinadas a instalaciones mineras también fueron materia de observación. Los legisladores de Renovación Popular propusieron que cualquier ingreso a propiedad privada o instalaciones de empresas particulares cuente previamente con la autorización expresa de su titular.

El plan original contemplaba visitas inopinadas a obras públicas y privadas en ejecución, así como a establecimientos vinculados con los sectores minero y energético, con el objetivo de verificar el adecuado uso de recursos públicos.

Desde Fuerza Popular también se pidió mantener una postura equilibrada frente al debate sobre la Ley MAPE y el Reinfo.

Columbus cuestionó que el documento otorgue un “rol protagónico” a los pequeños mineros y mineros artesanales sin reconocer de manera similar a otros actores, como trabajadores, comunidades, consumidores, universidades, gobiernos regionales y empresas formales.

En ese sentido, consideró que las visitas a instalaciones privadas deben efectuarse de manera coordinada y con el consentimiento correspondiente o en conjunto con las entidades supervisoras competentes.

También planteó corregir la inclusión de Petro-Perú y Perú-Petro como ejemplos de “entes privados”, debido a que ambas son empresas estatales que operan bajo un régimen empresarial.

Debate sobre el control político

Renovación Popular sustentó sus observaciones señalando que el control político parlamentario se aplica sobre los actos de gobierno y la administración pública, y no directamente sobre particulares.

“Las empresas privadas del sector no son sujetos pasivos de control político parlamentario”, señalaron los legisladores.

No obstante, precisaron que la comisión sí tiene la facultad de invitar a representantes del sector privado para participar en sus actividades, aunque no correspondería citarlos bajo la figura del control político.

Respecto a la participación de los pequeños mineros y mineros artesanales en audiencias y mesas de trabajo, la bancada sostuvo que el documento original individualiza a un solo grupo de actores.

A su juicio, si se reconoce expresamente la participación de los pequeños mineros y artesanales, también deberían ser considerados los representantes de la mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales y organismos públicos especializados.

El especialista en temas mineros César Ipenza consideró relevantes las observaciones formuladas por ambas bancadas. A su juicio, la modificación resulta necesaria porque la convocatoria exclusiva o predominante a mineros artesanales podría dar la impresión de que el plan está orientado a favorecer a la Confemin.

Ipenza sostuvo que el debate debería incorporar diferentes perspectivas y no concentrarse únicamente en un sector, por lo que consideró necesario convocar también a especialistas y otros actores afectados por las actividades mineras.