Combustible
Bolivia paga el costo de dos décadas de subsidios a los combustibles
El fin del subsidio al diésel expone el elevado costo económico de una política que mantuvo durante años los combustibles por debajo de su valor internacional, generando presión fiscal, desabastecimiento y distorsiones en el mercado.
Un subsidio que se volvió una carga fiscal
Bolivia mantuvo durante más de dos décadas precios regulados para los combustibles, con valores inferiores a los costos de importación. El resultado fue una creciente presión sobre las cuentas públicas, especialmente a medida que disminuyeron los ingresos provenientes de las exportaciones de gas natural.
Según el FMI, los subsidios a los combustibles representaron en 2024 un costo fiscal directo equivalente al 3,9% del PBI boliviano; considerando además los costos de oportunidad, la carga alcanzó el 5,2% del PBI. El organismo también estimó que más de la mitad de los beneficios del subsidio llegaban al quintil de mayores ingresos, mientras solo 7% alcanzaba al quintil más pobre.
Menos gas, más importaciones
El deterioro de los ingresos energéticos agravó el problema. La producción de gas natural de Bolivia cayó desde un máximo de 61 MMmcd en 2014 hasta alrededor de 27 MMmcd, reduciendo en unos US$5.000 millones los ingresos por exportaciones acumulados en más de una década.
Al mismo tiempo, Bolivia pasó a depender fuertemente de las compras externas: importa aproximadamente 60% de la gasolina y 95% del diésel que consume, con un gasto cercano a US$90 millones semanales en combustibles importados.
El ajuste revela el costo de la distorsión
El 18 de septiembre de 2026, Bolivia eliminó el subsidio al diésel y vinculó su precio al mercado internacional. El litro pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95, un incremento superior al 80% respecto del precio subsidiado vigente. La medida busca reducir el costo fiscal y mejorar el abastecimiento, después de años de escasez y distorsiones asociadas al diferencial de precios.
El caso boliviano deja así una referencia relevante para América Latina: mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles puede contener el costo inmediato para los consumidores, pero cuando el subsidio se vuelve estructural puede trasladar una carga significativa a las finanzas públicas y generar incentivos al contrabando, desabastecimiento y sobreconsumo. La experiencia también muestra que desmontar una distorsión acumulada durante años puede producir fuertes impactos sobre transporte, alimentos y actividad económica.
