Congreso busca fortalecer la seguridad en el transporte público

El Pleno del Congreso de la República aprobó con 108 votos a favor una moción que solicita al Poder Ejecutivo declarar en emergencia el transporte en Lima y Callao por un periodo de 120 días. La medida busca abordar de manera integral la crisis del transporte público en la capital peruana, con un enfoque en seguridad, modernización e infraestructura.

Entre las principales propuestas incluidas en la moción está el fortalecimiento de la seguridad en el transporte público. Esto incluye la creación de un equipo especial de la Policía Nacional del Perú para proteger a operadores y usuarios, así como la implementación de cámaras de vigilancia y botones de pánico para resguardar a los pasajeros.

Además, se plantea la modernización y expansión del transporte público a través de sistemas masivos de alta capacidad y el uso de tecnologías limpias, como el fortalecimiento de servicios como el Metropolitano y el Corredor Azul. Para ello, se establecerán incentivos fiscales, un fondo de chatarreo para la renovación del parque automotor y un marco normativo que impulse la electromovilidad.

En cuanto a infraestructura vial, la moción prioriza proyectos como la mejora de las vías de acceso a los puertos de Callao, Chancay y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esto incluye la construcción de puentes, intercambios viales y la modernización de la señalización en puntos críticos. Asimismo, se contempla la creación del Antepuerto del Callao para optimizar el transporte de carga y permitir la ejecución de obras mediante Asociaciones Público-Privadas.

¿Es suficiente el plazo de 120 días?

La declaratoria de emergencia plantea un reto significativo. Para Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, los 120 días podrían ser insuficientes para lidiar con problemas estructurales como el caos vehicular y la informalidad en el transporte.

“Los colectivos y taxis informales existen no porque lo desean sino porque no hay reglas claras para que sean formales”, afirmó Campos en una entrevista con Gestión. Además, hizo un llamado al Gobierno para que elabore un plan regulador “completamente libre de corrupción” y preventivo, dado que las medidas sancionadoras actuales no resuelven las causas fundamentales del problema.

En ese contexto, el éxito de esta declaratoria dependerá en gran medida de la voluntad política y la eficacia con que se implementen las medidas propuestas. Mientras tanto, la ciudadanía espera que esta iniciativa marque el inicio de un cambio necesario en la problemática del transporte en Lima y Callao.