Contraloría detectó que funcionarios de Petroperú compraron colorantes para gasolinas prohibidas por ley

La Contraloría detectó que funcionarios de Petroperú compraron colorantes para gasolinas ya prohibidas por ley, lo que derivó en un arbitraje perdido y un perjuicio de más de US$ 216 mil. El caso fue remitido al procurador para iniciar acciones legales por presunta responsabilidad civil contra los funcionarios involucrados.

La compra de colorantes púrpura y azul destinados a la producción de gasolinas de 90 y 95 octanos —combustibles cuya comercialización ya estaba prohibida por ley— ha generado un perjuicio económico superior a los US$ 216 mil en Petroperú. Según el Informe de Control Específico N° 008-2025-2-0084-SCE de la Contraloría General de la República (CGR), este daño financiero no responde únicamente a la adquisición de los insumos, sino principalmente a las penalidades, intereses y costos procesales que la estatal debió asumir tras perder un laudo arbitral. ¿Qué pasó?

El informe de control específico N° 008 – 2025 – 2 – 0084 – SCE  de la Contraloría, señala que el origen de esta irregularidad radica en que, en el año 2021, funcionarios de las áreas de Logística y Planificación proyectaron una demanda de colorantes para un periodo de dos años, omitiendo deliberadamente que el Decreto Supremo N° 014-2021-EM ya había establecido el retiro del mercado de las gasolinas de 90 y 95 octanos.

A pesar de que la norma disponía que estos combustibles dejarían de venderse en julio de 2022, Petroperú mantuvo el requerimiento de insumos hasta abril de 2023. Esta desconexión entre la normativa vigente y la gestión de compras provocó un exceso de stock innecesario, lo que llevó a la empresa a intentar cancelar el contrato de forma unilateral y «sin expresión de causa» a partir de la segunda y tercera entrega.

Según la auditoría, la Jefatura de Inventarios ya conocía el cambio legal pero no advirtió la necesidad de modificar la compra.

El proveedor, Man Trading Corp S.A.C., inició un arbitraje en el que la justicia determinó que Petroperú resolvió el contrato de manera injustificada, ya que el cambio normativo era un hecho previsible que debió considerarse desde la planificación. Tras perder el laudo y fracasar en su intento de anularlo ante el Poder Judicial, la estatal se vio obligada a pagar US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55, desembolsos que se hicieron efectivos entre enero y febrero de 2025

A través de un oficio, el Órgano de Control Institucional de Petroperú, comunicó al presidente del directorio de la petrolera, Luis Canales Gálvez, que el informe de control específico fue remitido al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales civiles contra los funcionarios responsables. 

PUEDES VER: