Ante la situación de emergencia declarada por el Ministerio de Energía y Minas debido a la vulnerabilidad del abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el sur del país, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó medidas excepcionales destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la cadena de suministro y contribuir con la continuidad del servicio en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

La medida responde a las dificultades para el traslado terrestre de GLP desde Pisco y Callao hacia estas regiones, situación que se ha visto agravada por las afectaciones ocasionadas por las lluvias en las vías de transporte y por la limitada capacidad de almacenamiento disponible.
En este contexto, Osinergmin ha establecido, con carácter excepcional y temporal, mecanismos que permiten aprovechar de manera más eficiente las capacidades logísticas disponibles y facilitar el transporte e importación de GLP, sin dejar de exigir el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad.

Más capacidad para transportar GLP
Entre las principales medidas aprobadas se encuentra la posibilidad de utilizar, durante la emergencia, tractos y cisternas inscritos en distintas fichas de registro del Registro de Hidrocarburos de un mismo operador, para realizar operaciones de transporte de GLP destinadas a las cinco regiones comprendidas en la emergencia.
Asimismo, los camiones cisterna utilizados por distribuidores de GLP a granel podrán ser empleados temporalmente para el transporte de este combustible hacia las regiones afectadas.
De igual manera, las unidades de transporte con placas extranjeras que trasladen GLP proveniente de operaciones de importación para abastecer estas regiones podrán operar sin inscripción en el Registro de Hidrocarburos durante la vigencia de la emergencia, previa comunicación a Osinergmin y presentación de la documentación correspondiente, incluida la póliza de seguro vigente.

Se facilita la importación de GLP
Osinergmin también estableció una excepción temporal para que las empresas envasadoras con plantas envasadoras debidamente inscritas puedan importar GLP para atender el abastecimiento de las cinco regiones sin requerir, durante la emergencia, una inscripción adicional como importador de GLP con almacenamiento en planta envasadora.

La seguridad se mantiene como prioridad
Osinergmin precisó que estas medidas no significan eliminar las obligaciones de seguridad. Los agentes que se acojan a ellas mantienen la responsabilidad de cumplir las condiciones técnicas y de seguridad aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento, importación y comercialización de hidrocarburos, así como de contar con las coberturas de seguro exigidas por la normativa vigente.
Las medidas tendrán vigencia únicamente durante el periodo de emergencia declarado por el Ministerio de Energía y Minas y sus eventuales ampliaciones. Una vez concluida la emergencia, se restablecerán las disposiciones ordinarias previstas en la normativa vigente.
De esta manera, Osinergmin reafirma su compromiso con la continuidad del abastecimiento energético y con la protección de la ciudadanía, actuando de manera oportuna ante situaciones extraordinarias y dentro del marco de sus competencias como organismo regulador y fiscalizador del sector energía.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficializó la declaratoria en situación de emergencia de las actividades de hidrocarburos vinculadas al suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 360-2026-MINEM/DM en el diario oficial El Peruano, tendrá una vigencia de hasta 30 días calendario .

Bloqueo de vías y vulnerabilidad en la cadena de suministro

De acuerdo con los informes técnicos elaborados por la Dirección General de Hidrocarburos, las intensas precipitaciones pluviométricas en el sur del país provocaron el cierre e interrupción de los principales accesos viales. Esta situación imposibilita el transporte terrestre del combustible que se traslada habitualmente desde las plantas de procesamiento e infraestructura ubicadas en Pisco y Callao.

La problemática se agrava debido a la falta de grandes plantas de almacenamiento en el macro sur que permitan sostener inventarios estratégicos de reserva frente a emergencias logísticas. Ante el corte de los accesos terrestres, la disponibilidad del combustible quedó restringida a los niveles de autonomía de los tanques locales en gasocentros, plantas envasadoras y consumidores directos.

Las evaluaciones del sector minero confirmaron que las reservas almacenadas en las distribuidoras regionales resultan insuficientes para atender la demanda sostenida de los usuarios finales por un tiempo prolongado. Por este motivo, la autoridad ministerial determinó la necesidad de implementar un marco de excepción que facilite la distribución del producto y evite un desabastecimiento generalizado en las viviendas y comercios del sur.

Medidas del Gobierno para flexibilizar la comercialización

Ante este escenario de contingencia, el Ejecutivo dispuso notificar de forma inmediata al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para la aplicación de mecanismos extraordinarios. El ente regulador estará facultado para evaluar y aprobar medidas transitorias que permitan mantener operativo el flujo de comercialización en los departamentos declarados en emergencia.

Las disposiciones especiales contemplan la posibilidad de exceptuar temporalmente a las empresas del sector del cumplimiento estricto de determinados artículos de los reglamentos vigentes de seguridad y comercialización. Osinergmin podrá autorizar procedimiento alternativo viables que permitan agilizar el traslado, envasado y reparto del gas de uso doméstico mientras persista la contingencia vial.

Con esta flexibilización normativa, las autoridades buscan asegurar que los agentes que integran la cadena de valor de los hidrocarburos operen sin trabas burocráticas durante la emergencia climatológica. En ese sentido, el Gobierno reafirma su compromiso de monitorear de forma permanente la distribución de combustibles en el sur del país.

El experto internacional peruano Carlo Renato De Los Santos analizó el rol del Estado frente a la pobreza energética y destacó al GLP como una opción costo-eficiente para ampliar el acceso a energía en poblaciones vulnerables.

En el marco del 8.º Congreso Internacional del GLP, realizado en el Club El Nogal de Bogotá, el experto internacional peruano Carlo Renato De Los Santos abordó la problemática de la pobreza energética en América Latina y su impacto sobre el desarrollo humano, destacando la necesidad de una intervención articulada entre el Estado y el sector privado.

Durante su exposición, De Los Santos explicó que la pobreza energética es un fenómeno multidimensional que trasciende el acceso a un energético y tiene efectos directos sobre las condiciones de vida, la salud, el desarrollo económico y la productividad de las poblaciones más vulnerables.

GLP presenta mayor costo-eficiencia

Uno de los aspectos centrales de su análisis fue la diferencia en los costos de acceso entre el GLP y el gas natural por redes. Según los datos presentados, conectar a una familia mediante cilindros de GLP representa un costo aproximado de US$295, incluido el consumo anual, mientras que una conexión a una red de gas natural demanda alrededor de US$976.

Esta diferencia, sostuvo, convierte al GLP en una alternativa que permite ampliar la cobertura energética de manera más rápida y con menores requerimientos de inversión, particularmente en zonas donde la infraestructura de redes todavía no está disponible.

Impactos sociales y ambientales

El especialista también destacó los beneficios asociados a la transición del uso de leña hacia el GLP. Además de contribuir a detener la deforestación, este cambio permite reducir la exposición al humo y, con ello, la morbilidad asociada a enfermedades respiratorias.

Otro impacto relevante se produce sobre el tiempo destinado por las mujeres rurales a las labores domésticas. De acuerdo con los datos expuestos, el acceso a GLP puede representar un ahorro de entre tres y cuatro horas diarias de trabajo no remunerado, liberando tiempo para actividades productivas, educativas o de cuidado.

En el caso colombiano, De Los Santos señaló que reducir la pobreza energética podría generar un ahorro estimado de US$13.877 millones, cifra que evidencia el impacto económico que puede tener una política efectiva de acceso a energía moderna.

Focalización y articulación público-privada

Frente a este escenario, el experto planteó que las políticas para combatir la pobreza energética deben sustentarse en una adecuada focalización de los recursos, de modo que los beneficios lleguen efectivamente a las poblaciones que más los necesitan.

“Reducir la pobreza energética requiere una adecuada focalización y, sobre todo, un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado”, sostuvo.

De Los Santos remarcó que el GLP constituye una alternativa accesible, eficiente y de rápida implementación, capaz de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables y avanzar en la reducción de las brechas de acceso energético en América Latina.