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Opinión

“El fracaso de la masificación del gas y sus distorsiones en el mercado”

Dieciséis años después de la llegada del gas de Camisea a Lima, muy poco se ha avanzado en la masificación debido a que el gobierno no aplica un esquema integral y, además, prioriza el predominio total de la inversión privada. Veamos.

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Por: Humberto Campodónico

La “masificación” en Arequipa, Moquegua y Tacna es el ejemplo más claro. Un estudio de la consultora GasEnergy –realizado para la concesionaria Naturgy, Fenosa de España– dice que la tarifa de gas natural domiciliario en Arequipa es de US$ 19.9 por millón de BTU (MMBTU), mientras en Lima es US$ 10.8 MMBTU, casi el doble en la ciudad blanca. 

Si comparamos esa tarifa con un balón de GLP (el combustible sustituto), dice GasEnergy que el gas natural es sólo 8% más barato. ¿Qué? Eso no sucede en Lima, donde el gas domiciliario es 49% más barato que el GLP. Cuando se compara la tarifa del gas al sector comercio en Arequipa la cosa empeora, pues resulta 15% más caro (ojo) que el GLP a granel.

Hay varias razones:

Primera: el gas en Lima tiene un precio más bajo porque su costo de transporte es menor ya que viene por gasoducto, en grandes cantidades. El gas en Arequipa es más caro pues es transportado en pequeños camiones cisterna: no hay gasoducto.

Segunda: es un gas licuefactado en la planta de Perú LNG (en Cañete), lo que implica un costo adicional, al que se suma el costo de regasificación en Arequipa.

Tercera, la concesión otorgada en el 2013 por Proinversión a Naturgy en el Sur –y en 8 ciudades del norte a la colombiana Quavii– les otorga la exclusividad de la distribución. Pero eso no se cumple: “del 2013 al 2017, fecha en que empezó la distribución, las industrias del norte y del sur (1) fueron capturadas por Comercializadoras de Gas Natural Comprimido (C-GNC), cuyos precios no están regulados. Por tanto, los concesionarios, regulados, se han quedado sin mercado” (Día 1, 29/04/2019). 

Y, claro, hay pleito. Los comercializadores GNC no quieren salir aduciendo “derecho de primera llegada” y “libertad de mercado”, mientras que las concesionarias, que han invertido ya US$ 50 a 80 millones, exigen el cumplimiento de sus derechos contractuales. 

Cuarta, en Lima un fondo estatal financia la conexión del gas hasta la cocina y la terma, cerca de US$ 600 por casa. En el 2019 el FISE se aplicó a 150,000 viviendas por más de S/. 200 millones. Pero en las concesiones del Norte y del Sur, el FISE no aplica.

La falla fundamental de este esquema de APP es que concibe la masificación como un “negocio” de privados: por definición tiene que ser “rentable”. Eso no funciona. En Argentina, Colombia y Bolivia la masificación domiciliaria tiene un criterio de rentabilidad social, no económica (esto no aplica para el gas industrial, comercial ni para las centrales térmicas). No solo eso. Hay una autoridad central que orienta y dirige la masificación, construyendo los gasoductos y las redes de distribución, a veces en asociación con el sector privado.

Aquí es al revés, porque no podemos decidir el destino del gas ya que los dueños son los licenciatarios. Y dentro de poco viene la licitación en las Siete Regiones del Centro (de Ayacucho a Puno) que tendrá problemas similares. Lo peor: el gobierno ha decidido postergar hasta el 2021 la nueva licitación del gasoducto sur peruano, que proveería a toda la Sierra Central y Sur, además de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

(1) Esas industrias incluyen a Siderperú, azucareras y otras.

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El Gas Licuado, una novela con un subsidio que es aprovechado por industrias y comercios

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Gustavo Navarro - Petroperú

El Gas licuado de Petróleo (GLP) es quizá el combustible más versátil de todos los que hoy se usan en nuestro mercado. Envasado en balones de 10 kilos se usa masivamente en la mayoría de los hogares del Perú, envasado en balones de mayor tamaño (45 kilos) se usa en muchas empresas de servicios (restaurantes y afines) y almacenado en recipientes fijos en las instalaciones de los clientes se usa en hoteles, hospitales, edificios de departamentos, industrias, etc.

La facilidad con la que el GLP puede ser envasado en estado líquido y pasa al estado gaseoso al salir del recipiente que lo contiene, hace que pueda ser transportado hacia prácticamente todos los rincones del país. Por ello se dice que hoy lo que tenemos en común casi todos los peruanos es un televisor, un celular y un balón de gas.

La fórmula

El GLP es una mezcla de dos componentes principales, el propano y el butano, ambos se obtienen principalmente del gas natural, pero también pueden obtenerse de los procesos de refinación del petróleo. Antes del desarrollo del proyecto Camisea la mayor parte del GLP producido en el Perú era obtenida en las refinerías Talara y La Pampilla y un menor volumen en los yacimientos de gas natural de Aguaytía en la selva central y en los del noroeste peruano.

Del kerosene al GLP

Al inicio del presente siglo y ya con Camisea en plena construcción el mercado peruano no había incorporado en forma importante el GLP en la matriz de consumo como si había sucedido en la mayoría de los países, la razón es que, en esa época, el impuesto selectivo al consumo aplicado al GLP era de 60%, mientras que al kerosene sólo se le aplicaba 15%, por esa razón en esa época la mayoría de las amas de casa cocinaban con kerosene. Cabe anotar que además de ser menos contaminante, el GLP es mucho más eficiente y apropiado para la cocción de alimentos.

Efectuada la corrección tributaria, rápidamente el GLP desplazó al kerosene en los usos domésticos y comerciales y desde esa época su ritmo de crecimiento superó a los otros combustibles, superando en poco tiempo a la suma de todas las gasolinas y posicionándose como el segundo combustible de mayor consumo en el país (superado sólo por el diésel que se utiliza en el transporte y en la generación eléctrica).

La gran producción de GLP obtenida en Camisea a partir de setiembre 2004 permitió reemplazar al GLP que se venía importando en forma creciente hasta esa fecha y simultáneamente convertir al Perú en exportador de GLP.

El mal ejemplo

La creciente importancia del GLP en nuestro mercado y el mal ejemplo de algunos países vecinos que subsidiaban irracionalmente este producto en su mercado interno, lo llevó a tener presencia en las propuestas de los candidatos en los comicios del año 2006 en el cual las dos propuestas que pasaron a la segunda vuelta prometieron “bajar el precio del GLP” y aún en el siguiente proceso electoral, en el año 2011 la campaña de un candidato ofrecía conseguir un balón de 12 soles cuando el precio del balón doméstico en nuestro mercado estaba por encima de 30 soles.

El GLP subsidiado en Perú

La historia del GLP así empezó a tener capítulos tan extraños que podrían formar parte de una novela. Uno de estos episodios fue cuando el Perú exportaba GLP de Camisea, el gobierno ecuatoriano era uno de los compradores de ese GLP y lo subsidiaba hasta convertirlo en un producto tan barato que volvía a entrar al Perú de contrabando por la frontera norte.

Hoy estamos viviendo otro capítulo extraño, la demanda interna por GLP creció tanto que en lugar de exportar GLP ahora somos importadores de GLP, simultáneamente el Perú tiene tanto Gas Natural en Camisea que tiene que reinyectarse en el subsuelo el gas excedente que no logra venderse en el mercado interno, sin embargo, el Estado peruano subsidia doblemente el uso del GLP.  A las familias pobres les entrega un “VALE GLP” que les permite comprar balones con subsidio (se puede usar un vale de 16 soles o dos vales que acumulan un valor de 32 soles obteniendo así un balón doméstico prácticamente gratis) y en adición el GLP para envasado está protegido de alzas de precio significativas por el Fondo de Estabiización.

Beneficio no llega a los que más necesitan

Lo lamentable de este último subsidio es que no existe un mecanismo de fiscalización y control efectivo que asegure que el beneficio del Fondo se utilice sólo para el GLP envasado de uso doméstico por lo cual al final se usa sin control en diversas actividades comerciales e industriales y hasta en estaciones de servicio (grifos) como GLP vehicular en una competencia desleal con el Gas Natural Vehicular que no recibe ningún subsidio. Es decir, el Estado peruano termina subsidiando a un producto importado perjudicando el crecimiento del mercado de un producto peruano que no puede comercializar todo lo que se produce en el país.

Los hospitales, las instituciones del Estado, los edificios multifamiliares con tanques estacionarios de GLP y hasta las granjas de pollos que son un alimento básico de la canasta de alimentación popular utilizan GLP a granel que no recibe ningún subsidio mientras que las familias de altos ingresos pueden utilizar GLP envasado para calentar sus piscinas y los automovilistas pueden comprar en los grifos GLP subsidiado y desviado ilegalmente hacia ese mercado.

Este tema fue planteado ya hace varios años al Ministerio de Economía y Finanzas y sigue sin ser resuelto.

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Opinión | Masificación implica llegar a millones de usuarios, ¿qué hacer para masificar el GN en Perú?

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Alvaro Ríos

Por: *Alvaro Ríos 

Masificación implica llegar a millones de usuarios –principalmente domésticos– y a precios competitivos versus los combustibles alternativos. Las concesiones actuales y futuras no gozan y, probablemente, no gozarán de los mismos incentivos de Lima y Callao para lograr un gas natural competitivo y conseguir la anhelada masificación.

La pregunta del millón es: ¿Qué hacer para acelerar este proceso? Queda claro que bajo el modelo actual, sin el mismo tipo de incentivos para todas las concesiones, y sin el decisivo apoyo económico directo del Estado, con una hoja de ruta clara, la ansiada masificación no llegará.

Un primer tema que se debe debatir es si la masificación del gas natural es una prioridad para los peruanos. Si este fuera el caso, existen dos alternativas.

Una primera, que el Estado haga uso de recursos económicos y entregue los mismos bajo ‘costo hundido’ a las distintas distribuidoras para el desarrollo de infraestructura y bajo un sistema regulado por Osinergmin, para lograr gas competitivo.

La segunda alternativa es gestar un sistema único de precios, tarifas y condiciones en las concesiones, con un sentido de equidad social para las distintas zonas y concesiones en el Perú. A esta alternativa podrían sumarse aportes más reducidos del Estado para el desarrollo de infraestructura. Y también regulado por Osinergmin.

Para ambas alternativas es necesario infraestructura de transporte: Gasoducto Sur Peruano y otros en el futuro. Ojo: no es posible masificar con gas virtual licuado. Desarrollar infraestructura de gas natural puede traer amplios beneficios en términos de mano de obra, reducción de importaciones de derivados de petróleo y uso de un energético limpio y abundante en el Perú (hay gas para 35 años al ritmo de producción actual).

Objetivo final: el circuito virtuoso con desarrollo de infraestructura, masificación e industrialización, continuidad y ampliación de exportaciones y nueva exploración.

MAS DATOS

El Perú tiene 9 millones de domicilios. Desde el 2004 hasta el 2018 (15 años), las concesiones otorgadas lograron conectar en Lima y Callao (Cálidda) 745.642 domicilios, en Ica (Contugas) 54.213, en el norte (Quavii) 26.826, y en el sur (Naturgy) 11.532, para un total de 838.213 usuarios conectados, es decir, un 9,42% del total de domicilios.

*Socio Gas Energy Latin America

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Para experto en hidrocarburos César Gutiérrez habría acusación potencial a Ísmodes por contrato con Gasnorp

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Una década de actuaciones controvertidas en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es el origen de que hoy Piura sea la única región de la costa peruana sin concesión de distribución de gas natural (GN) por ductos. Han pasado por la cartera de la dependencia de la Avenida Las Artes, nueve ministros y el impase continúa.

El problema reside en que, existiendo un proceso judicial desde el año 2011 planteado por la empresa Gastalsa, a quien en el año 2009 se le caducó la concesión de distribución del distrito de Pariñas de la provincia de Talara, el Minem aceptó en el 2016 un proceso de otorgamiento de concesión por solicitud de parte para la región Piura, superponiéndose a la que estaba en litigio en el distrito de Pariñas donde se ubica el principal cliente de la región: la Refinería de Talara, de propiedad de Petroperú.

Lo que ha estado en tela de juicio desde el 2016 ha sido la decisión de aceptar un proceso de concesión habiendo causa judicial pendiente de por medio. Abogados constitucionalistas manifiestan que los titulares del Minem han incurrido en infracción del artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política, que señala respecto de la independencia del ejercicio de la función Jurisdiccional que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.

Este tema ha sido la razón por la cual los cinco ministros anteriores al actual, no decidieran el otorgamiento de la concesión a la peticionaria, la empresa de capitales colombianos Gasnorp, cuya propietaria es la conocida Promigás, socia de Cálidda y propietaria de Quavii, ambas distribuidoras de GN.

Sorprendió que el 14 de agosto pasado, estando pendiente el pronunciamiento del Juzgado Civil de Talara sobre el litigio entre Gastalsa y el Minem, se publique la Resolución Suprema 007-2019-EM con la firma del ministro Francisco Ísmodes y del mandatario, Martín Vizcarra, otorgando la concesión a la empresa Gasnorp y autorizando al director general de Hidrocarburos a la firma del contrato, lo que no se ha cristalizado a la fecha.

El Congreso tiene la palabra sobre la acusación constitucional al ministro Ísmodes y el correlato judicial a los funcionarios que han avalado la decisión.

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