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El Sur del Perú y el gasoducto

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Por: Renato Lazo Bezold
Instituto Peruano de Promoción del Gas Natural y la Eficiencia Energética

El próximo 24 de enero, deberá definirse la suerte del Gasoducto Sur Peruano; ese día vencerá el plazo contractual para el cierre financiero del proyecto que fuera concesionado por el estado peruano al consorcio conformado por Odebrecht (Brasil), Enagas (España) y GyM (Perú).

La bancabilidad

Tras el gigantesco escándalo internacional que involucra a las más importantes constructoras brasileras y que tiene como uno de sus principales protagonistas a Marcelo Odebrecht y a un sinfín de ejecutivos de dicha compañía y políticos que, en toda Latinoamérica, habrían participado en actos de corrupción con la intención de beneficiar sus inversiones en diversos países de Latinoamérica; la bancabilidad del proyecto Gasoducto Sur Peruano parece poco menos que probable.

Lo que urge, por tanto, es que nuestras autoridades, los políticos, los técnicos, los periodistas y cada uno de nosotros (la población peruana) podamos distinguir la importante diferencia que existe entre la concesión que fuera otorgada a Odebrecht y sus socios para la construcción y posterior operación del proyecto denominado Gasoducto Sur Peruano, y la necesidad que tiene el país y en especial el sur de nuestra patria de no seguir postergando esta importante obra.

Conocer a los corruptos

En efecto, es absolutamente necesario que nuestro estado aplique contra aquellas personas (naturales o jurídicas) que resulten probadamente responsables de estos actos de corrupción todas las sanciones que la ley prevea; asimismo, es necesario que nuestra sociedad conozca oportunamente aquellos entretelones en los que, malos políticos, hipotecaron o vendieron el futuro de nuestro país a cambio de unas “propinas” (término que curiosamente utiliza el portugués para referirse a la coima).

Investigaciones serias

También es necesario que no se mancillen nombres, pues desconocemos hasta qué punto los socios de Odebrecht son o no inocentes. Pero, las investigaciones realizadas por las autoridades norteamericanas en este tema son tan serias y completas que obligaron (en su momento) al gobierno brasilero a levantar los cercos y demás protecciones que los más altos ejecutivos y políticos involucrados habían levantado y tejido en los poderes ejecutivo y legislativo brasilero para evitar la acción de la justicia; y el caso es tan sólido que incluso un caso “archivado” como el denominado “Castillo de Arena” será reabierto para sancionar a los culpables. A nosotros, los peruanos, sólo nos queda esperar que nuestras autoridades actúen transparentemente y que, en pocos meses, sepamos qué políticos y cuántos de ellos fueron parte de esta red internacional de la corrupción, para exigir que sean encarcelados y debidamente sancionados.

Es importante el «gasoducto»

Sin embargo, lo que no podemos olvidar y debemos evitar confundir es esta nauseabunda situación con la necesidad de que nuestro país cuente a la brevedad posible con un ducto que, transcurra la sierra y conecte las distintas ciudades del sur.

Se proyecta revivir proyecto desechado

En días pasados y de manera constante hemos podido ver, leer y escuchar a diversos economistas, políticos (incluido algún exministro), periodistas y “técnicos” dándonos el mensaje que el gasoducto al sur es una obra innecesaria, poco estudiada o inviable que debe ser archivada por el gobierno de turno y olvidada por la población; se plantea incluso revivir un proyecto que fue desechado en 2008 por su poca conveniencia para el país, por el que se pretendía extender un ducto por la costa y posteriormente llevar a las ciudades del sur
(Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna) el gas a través de camiones (¿?); y, los impulsores de esta posición, presionan al gobierno para que se ponga –una vez más- en duda la vigencia de la norma de afianzamiento de la seguridad energética (que garantiza el retorno de la inversión en el ducto, en tanto se genera la demanda de gas suficiente) a través de la tarifa eléctrica.

Obra muy necesaria

En otras palabras, se está aprovechando la circunstancia en que nos ha puesto la podredumbre empresarial de Odebrecht y su fatal encuentro con la falta de honestidad y angurria del político peruano; para justificar la postergación de un proyecto que resulta absolutamente necesario para el desarrollo de nuestras regiones y la descentralización del país.
En efecto, eliminar la norma de afianzamiento de seguridad energética, hará inviable este proyecto, pues encontrar algún inversionista que esté dispuesto a construir tamaña obra (y especialmente encontrar algún banquero que esté dispuesto a financiarla en estas circunstancias), será prácticamente imposible.

Creer que en su reemplazo el gobierno podrá dar algún tipo de subvención es irracional, pues los peruanos hemos aprendido que “no hay merienda gratis”, que las subvenciones sólo trasladan los costos de hoy a futuras generaciones y por tanto, el proyecto se hará inviable.

Con los generadores eléctricos

Por el contrario, pensar que los industriales y generadores eléctricos paguen hoy un sobre precio (para construir el ducto) para ahorrar en el futuro con el gas que llevemos al sur (cuando el precio internacional del petróleo suba), es perfectamente posible, además de justo. No podemos olvidar que la demanda eléctrica en el país, crece año a año (la producción de electricidad acumulada a noviembre del 2016 creció 7.4% con respecto a su similar del 2015, y en los últimos años con una variación porcentual de 6.2%). Este sostenido crecimiento de la demanda eléctrica asegurará la operación continua de la infraestructura de generación térmica que se plantea desarrollar en el sur.

¿Gasoducto o gas a camiones?

Pero pensar que desde un ducto en la costa se podrá transportar en camiones a las ciudades del sur (cuyas más grandes poblaciones están cercanas a la sierra) el gas natural, es sinónimo de postergar la posibilidad de hacer más competitivas a dichas ciudades y de permitir a la incipiente industria (que gracias al esfuerzo de emprendedores) allí se ha generado; es amputar a estos sus posibilidades de crecer y condenarlos a una pronta extinción; o es que alguien se ha tomado el trabajo de calcular la cantidad de camiones de GNC o incluso de GNL que se necesitarían para llevar el gas natural a una mina como, por ejemplo, Cerro Verde(?); o es que quizás (antes de expresar tan libremente su “letrada” opinión se han tomado al menos la molestia de considerar la realidad de las carreteras actuales y evaluar si podrían hacer viable esta tarea y/o, si han acaso calculado, el valor de las inversiones que supondría (además del tiempo que se necesitaría) ampliar las carreteras que van desde la costa a los asentamientos industriales y humanos de ciudades como Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua o Puno(?).

La inconveniencia no coincide con nuestras necesidades

No nos cabe duda que el supuesto y hoy difundido “análisis” de la inconveniencia del gasoducto al sur del país ha omitido revisar estos aspectos, y aunque las opiniones vertidas por estos “especialistas” suenan bien, no se condicen con las necesidades de desarrollo del país, ni siquiera en términos económicos; pero especialmente, no se condicen con nuestras necesidades sociales, o es que se han preguntado si acaso no resulta socialmente impostergable que podamos llevar gas a las escuelas de las alturas de Puno y Arequipa(?); allí donde año a año desde la capital organizamos “grandes cruzadas” para enviar ropas de abrigo para los niños y madres de esos pueblos que se ven afectados por las “heladas”, pero que olvidamos y postergamos cuando tenemos (desde Lima) la posibilidad de brindarles el acceso a las bondades de este combustible.

Suficientes reservas

Además, se pretende justificar el descarte de este importante proyecto en que no contamos con las reservas de gas natural suficientes…, nada más falso y equivocado que ello, sólo Camisea (al último trimestre de 2016) contabilizaba 10.3 TPC y luego que CNPC declarara comerciales las suyas, tendríamos algo más de 15 TPC probadas, pero con un potencial de al menos 50 TPC (lo que a groso modo equivale a más de 25 años de uso intensivo del gas natural en todo el país e inclusive exportándo); es decir, si algo tiene el país es gas natural. Entonces, está plenamente justificada la demanda de las provincias del sur del país para contar, a la brevedad, con este importante recurso el cual, como país, debemos pensar en explotar de manera que permita industrializar y desarrollarlas y, a la vez, brindándonos seguridad energética al generarse este nuevo núcleo generador de electricidad y para ello es necesario que el ducto cruce por la sierra de nuestro territorio, de otra manera ello se haría absolutamente inviable.

No perdamos la oportunidad de descentralizar

Está claro que, si seguimos confundiendo la concesión otorgada a Odebrecht con el ducto de gas natural al sur, estaremos postergado indefinidamente el desarrollo del país y con ello la posibilidad de descentralizarlo. Lo cual no sólo afectará a las ciudades que conforman dicha macro región, sino también a Lima, pues esta ciudad está tugurizada y no da para más seguirla recargando y convirtiéndola en el “hueco negro” que absorbe indefinida e ilimitadamente los recursos de las demás regiones de nuestro país, beneficiando a sólo unos cuantos.

 

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Gobernador Regional de Áncash es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales

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La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) eligió a sus nuevas autoridades para el año 2025 mediante una votación que contó con la participación de 19 gobernadores regionales. En este proceso, el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, fue elegido como el nuevo presidente.

Durante su discurso se dirigió a la presidenta Dina Boluarte, a nombre de todas las autoridades regionales. “Es necesario que el gabinete ministerial se refresque, específicamente en las carteras de Desarrollo e Inclusión Social y de Economía y Finanzas puesto que en dicha cartera se han realizado recortes de presupuestos que eran muy importantes para las regiones, como es del caso de Piura,” expresó Koki Noriega, presidente de la ANGR y gobernador regional de Áncash.

El presidente juramentó con su consejo directivo conformado por Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, quien desempeñará el cargo de vicepresidente. Por su parte, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas fue nombrado secretario de la Asamblea; mientras que la gobernadora de Moquegua Gilia Gutierrez Ayala, el gobernador de Pasco Juan Luis Chombo Heredia, el gobernador regional de Tumbes Segismundo Cruces Ordinola y el gobernador regional de Apurímac Percy Godoy Medina, desempeñarán el cargo de directores.

La nueva directiva agradeció a las autoridades que asumieron la gestión del año pasado. “Dejo el cargo habiendo trabajado por las 25 regiones del país y hago un llamado a la unidad de la Asamblea para que esta represente a todas las regiones y continúe en el camino de trabajar por la descentralización,” señaló el ex presidente de la ANGR y gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

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Más de 2000 trabadores no pueden laborar tras derrame de hidrocarburos

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Más de dos mil pescadores no pueden laborar desde hace más de diez días, tras el derrame de petróleo de la Refinería de Talara (operada por Petroperú) en el distrito de Lobitos en la región de Piura.

Dato

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana abrió una investigación preliminar contra la empresa Petroperú por la presunta comisión del delito de contaminación del ambiente, tras el derrame de crudo de la playa Las Capullanas, en el distrito de Lobitos.

En tanto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y la Capitanía de Puerto de la Talara de la Marina de Guerra, viene fiscalizando las tareas de limpieza y recuperación de las playas afectadas por el derrame de petróleo en la provincia de Talara, en la región Piura.

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Gobierno declara nombre del año 2025 como “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

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Se hizo oficial el nombre del año 2025. A través de una publicación en el diario El Peruano, el Gobierno del Perú anunció que el próximo año será denominado «Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana», con lo que se descartaron las propuestas previas. Esta denominación fue formalizada mediante el Decreto Supremo N° 149-2024-PCM.

El decreto establece que esta nomenclatura deberá ser utilizada en todos los documentos oficiales emitidos a partir del 1 de enero de 2025. Con esta medida, el Ejecutivo busca marcar un enfoque en la reactivación económica del país, consolidando así una de las prioridades del gobierno para el próximo año.

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