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El Sur del Perú y el gasoducto
Por: Renato Lazo Bezold
Instituto Peruano de Promoción del Gas Natural y la Eficiencia Energética
El próximo 24 de enero, deberá definirse la suerte del Gasoducto Sur Peruano; ese día vencerá el plazo contractual para el cierre financiero del proyecto que fuera concesionado por el estado peruano al consorcio conformado por Odebrecht (Brasil), Enagas (España) y GyM (Perú).
La bancabilidad
Tras el gigantesco escándalo internacional que involucra a las más importantes constructoras brasileras y que tiene como uno de sus principales protagonistas a Marcelo Odebrecht y a un sinfín de ejecutivos de dicha compañía y políticos que, en toda Latinoamérica, habrían participado en actos de corrupción con la intención de beneficiar sus inversiones en diversos países de Latinoamérica; la bancabilidad del proyecto Gasoducto Sur Peruano parece poco menos que probable.
Lo que urge, por tanto, es que nuestras autoridades, los políticos, los técnicos, los periodistas y cada uno de nosotros (la población peruana) podamos distinguir la importante diferencia que existe entre la concesión que fuera otorgada a Odebrecht y sus socios para la construcción y posterior operación del proyecto denominado Gasoducto Sur Peruano, y la necesidad que tiene el país y en especial el sur de nuestra patria de no seguir postergando esta importante obra.
Conocer a los corruptos
En efecto, es absolutamente necesario que nuestro estado aplique contra aquellas personas (naturales o jurídicas) que resulten probadamente responsables de estos actos de corrupción todas las sanciones que la ley prevea; asimismo, es necesario que nuestra sociedad conozca oportunamente aquellos entretelones en los que, malos políticos, hipotecaron o vendieron el futuro de nuestro país a cambio de unas “propinas” (término que curiosamente utiliza el portugués para referirse a la coima).
Investigaciones serias
También es necesario que no se mancillen nombres, pues desconocemos hasta qué punto los socios de Odebrecht son o no inocentes. Pero, las investigaciones realizadas por las autoridades norteamericanas en este tema son tan serias y completas que obligaron (en su momento) al gobierno brasilero a levantar los cercos y demás protecciones que los más altos ejecutivos y políticos involucrados habían levantado y tejido en los poderes ejecutivo y legislativo brasilero para evitar la acción de la justicia; y el caso es tan sólido que incluso un caso “archivado” como el denominado “Castillo de Arena” será reabierto para sancionar a los culpables. A nosotros, los peruanos, sólo nos queda esperar que nuestras autoridades actúen transparentemente y que, en pocos meses, sepamos qué políticos y cuántos de ellos fueron parte de esta red internacional de la corrupción, para exigir que sean encarcelados y debidamente sancionados.
Es importante el «gasoducto»
Sin embargo, lo que no podemos olvidar y debemos evitar confundir es esta nauseabunda situación con la necesidad de que nuestro país cuente a la brevedad posible con un ducto que, transcurra la sierra y conecte las distintas ciudades del sur.
Se proyecta revivir proyecto desechado
En días pasados y de manera constante hemos podido ver, leer y escuchar a diversos economistas, políticos (incluido algún exministro), periodistas y “técnicos” dándonos el mensaje que el gasoducto al sur es una obra innecesaria, poco estudiada o inviable que debe ser archivada por el gobierno de turno y olvidada por la población; se plantea incluso revivir un proyecto que fue desechado en 2008 por su poca conveniencia para el país, por el que se pretendía extender un ducto por la costa y posteriormente llevar a las ciudades del sur
(Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna) el gas a través de camiones (¿?); y, los impulsores de esta posición, presionan al gobierno para que se ponga –una vez más- en duda la vigencia de la norma de afianzamiento de la seguridad energética (que garantiza el retorno de la inversión en el ducto, en tanto se genera la demanda de gas suficiente) a través de la tarifa eléctrica.
Obra muy necesaria
En otras palabras, se está aprovechando la circunstancia en que nos ha puesto la podredumbre empresarial de Odebrecht y su fatal encuentro con la falta de honestidad y angurria del político peruano; para justificar la postergación de un proyecto que resulta absolutamente necesario para el desarrollo de nuestras regiones y la descentralización del país.
En efecto, eliminar la norma de afianzamiento de seguridad energética, hará inviable este proyecto, pues encontrar algún inversionista que esté dispuesto a construir tamaña obra (y especialmente encontrar algún banquero que esté dispuesto a financiarla en estas circunstancias), será prácticamente imposible.
Creer que en su reemplazo el gobierno podrá dar algún tipo de subvención es irracional, pues los peruanos hemos aprendido que “no hay merienda gratis”, que las subvenciones sólo trasladan los costos de hoy a futuras generaciones y por tanto, el proyecto se hará inviable.
Con los generadores eléctricos
Por el contrario, pensar que los industriales y generadores eléctricos paguen hoy un sobre precio (para construir el ducto) para ahorrar en el futuro con el gas que llevemos al sur (cuando el precio internacional del petróleo suba), es perfectamente posible, además de justo. No podemos olvidar que la demanda eléctrica en el país, crece año a año (la producción de electricidad acumulada a noviembre del 2016 creció 7.4% con respecto a su similar del 2015, y en los últimos años con una variación porcentual de 6.2%). Este sostenido crecimiento de la demanda eléctrica asegurará la operación continua de la infraestructura de generación térmica que se plantea desarrollar en el sur.
¿Gasoducto o gas a camiones?
Pero pensar que desde un ducto en la costa se podrá transportar en camiones a las ciudades del sur (cuyas más grandes poblaciones están cercanas a la sierra) el gas natural, es sinónimo de postergar la posibilidad de hacer más competitivas a dichas ciudades y de permitir a la incipiente industria (que gracias al esfuerzo de emprendedores) allí se ha generado; es amputar a estos sus posibilidades de crecer y condenarlos a una pronta extinción; o es que alguien se ha tomado el trabajo de calcular la cantidad de camiones de GNC o incluso de GNL que se necesitarían para llevar el gas natural a una mina como, por ejemplo, Cerro Verde(?); o es que quizás (antes de expresar tan libremente su “letrada” opinión se han tomado al menos la molestia de considerar la realidad de las carreteras actuales y evaluar si podrían hacer viable esta tarea y/o, si han acaso calculado, el valor de las inversiones que supondría (además del tiempo que se necesitaría) ampliar las carreteras que van desde la costa a los asentamientos industriales y humanos de ciudades como Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua o Puno(?).
La inconveniencia no coincide con nuestras necesidades
No nos cabe duda que el supuesto y hoy difundido “análisis” de la inconveniencia del gasoducto al sur del país ha omitido revisar estos aspectos, y aunque las opiniones vertidas por estos “especialistas” suenan bien, no se condicen con las necesidades de desarrollo del país, ni siquiera en términos económicos; pero especialmente, no se condicen con nuestras necesidades sociales, o es que se han preguntado si acaso no resulta socialmente impostergable que podamos llevar gas a las escuelas de las alturas de Puno y Arequipa(?); allí donde año a año desde la capital organizamos “grandes cruzadas” para enviar ropas de abrigo para los niños y madres de esos pueblos que se ven afectados por las “heladas”, pero que olvidamos y postergamos cuando tenemos (desde Lima) la posibilidad de brindarles el acceso a las bondades de este combustible.
Suficientes reservas
Además, se pretende justificar el descarte de este importante proyecto en que no contamos con las reservas de gas natural suficientes…, nada más falso y equivocado que ello, sólo Camisea (al último trimestre de 2016) contabilizaba 10.3 TPC y luego que CNPC declarara comerciales las suyas, tendríamos algo más de 15 TPC probadas, pero con un potencial de al menos 50 TPC (lo que a groso modo equivale a más de 25 años de uso intensivo del gas natural en todo el país e inclusive exportándo); es decir, si algo tiene el país es gas natural. Entonces, está plenamente justificada la demanda de las provincias del sur del país para contar, a la brevedad, con este importante recurso el cual, como país, debemos pensar en explotar de manera que permita industrializar y desarrollarlas y, a la vez, brindándonos seguridad energética al generarse este nuevo núcleo generador de electricidad y para ello es necesario que el ducto cruce por la sierra de nuestro territorio, de otra manera ello se haría absolutamente inviable.
No perdamos la oportunidad de descentralizar
Está claro que, si seguimos confundiendo la concesión otorgada a Odebrecht con el ducto de gas natural al sur, estaremos postergado indefinidamente el desarrollo del país y con ello la posibilidad de descentralizarlo. Lo cual no sólo afectará a las ciudades que conforman dicha macro región, sino también a Lima, pues esta ciudad está tugurizada y no da para más seguirla recargando y convirtiéndola en el “hueco negro” que absorbe indefinida e ilimitadamente los recursos de las demás regiones de nuestro país, beneficiando a sólo unos cuantos.
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ONPE realizará elecciones presidenciales en 13 locales de Lima Metropolitana

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrollará este lunes 13 de abril los comicios para elegir presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino en 13 locales de Lima Metropolitana, cuyos electores (55,261) no pudieron emitir su voto este domingo 12 de abril.
El acto electoral se llevará a cabo por un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
A fin de garantizar el derecho constitucional al sufragio de los citados electores, distribuidos en 187 mesas de sufragio, el organismo electoral habilitará las respectivas mesas de sufragio entre las 7:00 y las 18:00 horas.
Para esta jornada electoral, el organismo utilizará sus propios vehículos para el traslado del material electoral que permitirá a los referidos ciudadanos ejercer su derecho al sufragio.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, en una conferencia de prensa realizada el domingo 12 de abril, informó que en Lima Metropolitana no pudieron funcionar las citas mesas de sufragio, ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (3).
El proceso eleccionario permitirá que los electores de las citadas jurisdicciones puedan ejercer plenamente su derecho al sufragio amparado por la Constitución Política del Perú.
Los locales en el distrito de San Juan de Miraflores son: IE Parroquial Virgen de la Asunción, IE 6041 Alfonso Ugarte y la IE 6151 San Luis Gonzaga. A su vez, en Lurín son: IE 7078 Virgen de Chapi, IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla, IE 7104 Ramiro Priale Priale, IE 6023 Julio C. Tello Rojas, IE 7239 Santísimo Salvador, IE 7267 Señor de los Milagros y la IE 6026 Virgen de Fátima.
Mientras tanto, en el distrito de Pachacamac, las elecciones se realzarán en la IE 7261 Santa Rosa de Collanac, IEP El Universo de César Vallejo y la IE Parroquial Virgen del Rosario.

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¿Es obligatorio dar descanso a los miembros de mesa y qué pasa si la empresa no lo otorga?

Cada proceso electoral moviliza a miles de trabajadores que asumen el rol de miembros de mesa y permanecen más de 12 horas cumpliendo una función cívica obligatoria. Sin embargo, el día siguiente a la votación suele abrir una discusión en algunas empresas: ¿el descanso es realmente obligatorio o puede coordinarse según la carga operativa?
De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859) y las disposiciones emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos que ejercen como miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso remunerado posterior a la jornada electoral, siempre que presenten la constancia correspondiente. No se trata de una liberalidad del empleador ni de un beneficio sujeto a políticas internas: es una obligación legal.
Negar este derecho no solo expone a la empresa a eventuales sanciones administrativas, sino que puede generar contingencias laborales y afectar su reputación interna, en un contexto donde el cumplimiento normativo es cada vez más observado por los propios colaboradores.
“Este descanso no está sujeto a negociación. Es un derecho reconocido por ley y las organizaciones deben asumirlo como parte de su responsabilidad institucional. Cuando una empresa decide relativizar por razones operativas, el mensaje que transmite es que el cumplimiento legal puede adaptarse a la conveniencia del momento”, sostiene Daniel Abusabal, country manager de Talana en Perú.
Si bien en la práctica algunas compañías coordinan con el trabajador la fecha exacta en la que se hará efectivo el descanso, especialmente en sectores críticos o de operación continua, ello no implica su eliminación. La norma garantiza el beneficio; la gestión interna puede ordenar su aplicación, pero no suprimirlo.
Más allá del cumplimiento formal, el verdadero desafío para las organizaciones está en cómo incorporan estas obligaciones dentro de su planificación operativa. Los procesos electorales son eventos previsibles; por lo tanto, la gestión adecuada del descanso de miembros de mesa forma parte de una correcta administración de riesgos laborales y continuidad del negocio. No anticiparlo no es un problema legal, es un problema de gestión.
“Las compañías que integran estas variables en su planificación demuestran madurez organizacional. No se trata solo de otorgar un día libre, sino de entender que el cumplimiento normativo y la operación eficiente no son opuestos, sino parte de una misma estrategia de gestión”, finaliza Abusabal.

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Elecciones: más de 61 000 policías se desplegarán a nivel nacional para garantizar la seguridad

El ministro del Interior, José Zapata Morante, anunció el despliegue de más de 61 000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en todo el país para asegurar el normal desarrollo de las elecciones generales de este domingo 12 de abril.
El titular del sector precisó que el contingente policial cumplirá funciones específicas de resguardo en los locales de votación, sedes de los organismos electorales y almacenes de material electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia, el orden y la fluidez del proceso democrático.
Asimismo, informó que el plan operativo contempla la protección de candidatos y el acompañamiento permanente en el traslado del material electoral, asegurando su integridad antes, durante y después de los comicios.
“Se brindará seguridad a los locales de votación, a los candidatos y al transporte del material electoral, garantizando en todo momento la tranquilidad de la ciudadanía”, detalló el ministro del Interior.
Zapata Morante remarcó que este despliegue no afectará las labores de seguridad ciudadana. Por el contrario, la PNP mantendrá su presencia activa en las calles para prevenir hechos delictivos, especialmente ante la alta afluencia de personas prevista durante la jornada electoral.
Estas acciones se ejecutarán de manera articulada con las Fuerzas Armadas, en el marco de un esfuerzo conjunto para asegurar el desarrollo pacífico y ordenado de las elecciones.

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