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El Sur del Perú y el gasoducto

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Por: Renato Lazo Bezold
Instituto Peruano de Promoción del Gas Natural y la Eficiencia Energética

El próximo 24 de enero, deberá definirse la suerte del Gasoducto Sur Peruano; ese día vencerá el plazo contractual para el cierre financiero del proyecto que fuera concesionado por el estado peruano al consorcio conformado por Odebrecht (Brasil), Enagas (España) y GyM (Perú).

La bancabilidad

Tras el gigantesco escándalo internacional que involucra a las más importantes constructoras brasileras y que tiene como uno de sus principales protagonistas a Marcelo Odebrecht y a un sinfín de ejecutivos de dicha compañía y políticos que, en toda Latinoamérica, habrían participado en actos de corrupción con la intención de beneficiar sus inversiones en diversos países de Latinoamérica; la bancabilidad del proyecto Gasoducto Sur Peruano parece poco menos que probable.

Lo que urge, por tanto, es que nuestras autoridades, los políticos, los técnicos, los periodistas y cada uno de nosotros (la población peruana) podamos distinguir la importante diferencia que existe entre la concesión que fuera otorgada a Odebrecht y sus socios para la construcción y posterior operación del proyecto denominado Gasoducto Sur Peruano, y la necesidad que tiene el país y en especial el sur de nuestra patria de no seguir postergando esta importante obra.

Conocer a los corruptos

En efecto, es absolutamente necesario que nuestro estado aplique contra aquellas personas (naturales o jurídicas) que resulten probadamente responsables de estos actos de corrupción todas las sanciones que la ley prevea; asimismo, es necesario que nuestra sociedad conozca oportunamente aquellos entretelones en los que, malos políticos, hipotecaron o vendieron el futuro de nuestro país a cambio de unas “propinas” (término que curiosamente utiliza el portugués para referirse a la coima).

Investigaciones serias

También es necesario que no se mancillen nombres, pues desconocemos hasta qué punto los socios de Odebrecht son o no inocentes. Pero, las investigaciones realizadas por las autoridades norteamericanas en este tema son tan serias y completas que obligaron (en su momento) al gobierno brasilero a levantar los cercos y demás protecciones que los más altos ejecutivos y políticos involucrados habían levantado y tejido en los poderes ejecutivo y legislativo brasilero para evitar la acción de la justicia; y el caso es tan sólido que incluso un caso “archivado” como el denominado “Castillo de Arena” será reabierto para sancionar a los culpables. A nosotros, los peruanos, sólo nos queda esperar que nuestras autoridades actúen transparentemente y que, en pocos meses, sepamos qué políticos y cuántos de ellos fueron parte de esta red internacional de la corrupción, para exigir que sean encarcelados y debidamente sancionados.

Es importante el «gasoducto»

Sin embargo, lo que no podemos olvidar y debemos evitar confundir es esta nauseabunda situación con la necesidad de que nuestro país cuente a la brevedad posible con un ducto que, transcurra la sierra y conecte las distintas ciudades del sur.

Se proyecta revivir proyecto desechado

En días pasados y de manera constante hemos podido ver, leer y escuchar a diversos economistas, políticos (incluido algún exministro), periodistas y “técnicos” dándonos el mensaje que el gasoducto al sur es una obra innecesaria, poco estudiada o inviable que debe ser archivada por el gobierno de turno y olvidada por la población; se plantea incluso revivir un proyecto que fue desechado en 2008 por su poca conveniencia para el país, por el que se pretendía extender un ducto por la costa y posteriormente llevar a las ciudades del sur
(Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna) el gas a través de camiones (¿?); y, los impulsores de esta posición, presionan al gobierno para que se ponga –una vez más- en duda la vigencia de la norma de afianzamiento de la seguridad energética (que garantiza el retorno de la inversión en el ducto, en tanto se genera la demanda de gas suficiente) a través de la tarifa eléctrica.

Obra muy necesaria

En otras palabras, se está aprovechando la circunstancia en que nos ha puesto la podredumbre empresarial de Odebrecht y su fatal encuentro con la falta de honestidad y angurria del político peruano; para justificar la postergación de un proyecto que resulta absolutamente necesario para el desarrollo de nuestras regiones y la descentralización del país.
En efecto, eliminar la norma de afianzamiento de seguridad energética, hará inviable este proyecto, pues encontrar algún inversionista que esté dispuesto a construir tamaña obra (y especialmente encontrar algún banquero que esté dispuesto a financiarla en estas circunstancias), será prácticamente imposible.

Creer que en su reemplazo el gobierno podrá dar algún tipo de subvención es irracional, pues los peruanos hemos aprendido que “no hay merienda gratis”, que las subvenciones sólo trasladan los costos de hoy a futuras generaciones y por tanto, el proyecto se hará inviable.

Con los generadores eléctricos

Por el contrario, pensar que los industriales y generadores eléctricos paguen hoy un sobre precio (para construir el ducto) para ahorrar en el futuro con el gas que llevemos al sur (cuando el precio internacional del petróleo suba), es perfectamente posible, además de justo. No podemos olvidar que la demanda eléctrica en el país, crece año a año (la producción de electricidad acumulada a noviembre del 2016 creció 7.4% con respecto a su similar del 2015, y en los últimos años con una variación porcentual de 6.2%). Este sostenido crecimiento de la demanda eléctrica asegurará la operación continua de la infraestructura de generación térmica que se plantea desarrollar en el sur.

¿Gasoducto o gas a camiones?

Pero pensar que desde un ducto en la costa se podrá transportar en camiones a las ciudades del sur (cuyas más grandes poblaciones están cercanas a la sierra) el gas natural, es sinónimo de postergar la posibilidad de hacer más competitivas a dichas ciudades y de permitir a la incipiente industria (que gracias al esfuerzo de emprendedores) allí se ha generado; es amputar a estos sus posibilidades de crecer y condenarlos a una pronta extinción; o es que alguien se ha tomado el trabajo de calcular la cantidad de camiones de GNC o incluso de GNL que se necesitarían para llevar el gas natural a una mina como, por ejemplo, Cerro Verde(?); o es que quizás (antes de expresar tan libremente su “letrada” opinión se han tomado al menos la molestia de considerar la realidad de las carreteras actuales y evaluar si podrían hacer viable esta tarea y/o, si han acaso calculado, el valor de las inversiones que supondría (además del tiempo que se necesitaría) ampliar las carreteras que van desde la costa a los asentamientos industriales y humanos de ciudades como Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua o Puno(?).

La inconveniencia no coincide con nuestras necesidades

No nos cabe duda que el supuesto y hoy difundido “análisis” de la inconveniencia del gasoducto al sur del país ha omitido revisar estos aspectos, y aunque las opiniones vertidas por estos “especialistas” suenan bien, no se condicen con las necesidades de desarrollo del país, ni siquiera en términos económicos; pero especialmente, no se condicen con nuestras necesidades sociales, o es que se han preguntado si acaso no resulta socialmente impostergable que podamos llevar gas a las escuelas de las alturas de Puno y Arequipa(?); allí donde año a año desde la capital organizamos “grandes cruzadas” para enviar ropas de abrigo para los niños y madres de esos pueblos que se ven afectados por las “heladas”, pero que olvidamos y postergamos cuando tenemos (desde Lima) la posibilidad de brindarles el acceso a las bondades de este combustible.

Suficientes reservas

Además, se pretende justificar el descarte de este importante proyecto en que no contamos con las reservas de gas natural suficientes…, nada más falso y equivocado que ello, sólo Camisea (al último trimestre de 2016) contabilizaba 10.3 TPC y luego que CNPC declarara comerciales las suyas, tendríamos algo más de 15 TPC probadas, pero con un potencial de al menos 50 TPC (lo que a groso modo equivale a más de 25 años de uso intensivo del gas natural en todo el país e inclusive exportándo); es decir, si algo tiene el país es gas natural. Entonces, está plenamente justificada la demanda de las provincias del sur del país para contar, a la brevedad, con este importante recurso el cual, como país, debemos pensar en explotar de manera que permita industrializar y desarrollarlas y, a la vez, brindándonos seguridad energética al generarse este nuevo núcleo generador de electricidad y para ello es necesario que el ducto cruce por la sierra de nuestro territorio, de otra manera ello se haría absolutamente inviable.

No perdamos la oportunidad de descentralizar

Está claro que, si seguimos confundiendo la concesión otorgada a Odebrecht con el ducto de gas natural al sur, estaremos postergado indefinidamente el desarrollo del país y con ello la posibilidad de descentralizarlo. Lo cual no sólo afectará a las ciudades que conforman dicha macro región, sino también a Lima, pues esta ciudad está tugurizada y no da para más seguirla recargando y convirtiéndola en el “hueco negro” que absorbe indefinida e ilimitadamente los recursos de las demás regiones de nuestro país, beneficiando a sólo unos cuantos.

 

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Quavii fortalecerá la atención médica primaria de la caleta Blanca en Sechura

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En un esfuerzo continuo por contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades locales, Quavii, empresa de Promigas que es responsable de la distribución de gas natural en el norte peruano, anunció el inicio de un significativo proyecto en la caleta Playa Blanca, situado en Sechura, que comprende la construcción de un tópico de salud, con el objetivo de fortalecer la atención médica primaria en beneficio de los 310 habitantes de la zona y sus visitantes.

El lanzamiento de la iniciativa, valorizada en más de S/ 218.000, se efectuó en un acto simbólico, que precede al comienzo de las obras y que contó con la presencia de Jesús Correa, presidente de la Comunidad Local de Administración de Salud de Sechura (CLAS), autoridades locales, miembros de la comunidad y representante de del equipo de Quavii, marcando un hito importante en la colaboración entre la empresa y la población local.

“A través de estos proyectos, buscamos generar un impacto positivo en la calidad de vida de la caleta de Playa Blanca, como parte de nuestra huella social. Desde Promigas Perú reafirmamos nuestra visión de ser un aliado estratégico en el desarrollo social y económico de las regiones donde operamos”, señaló Miguel Maal, gerente general de Promigas Perú.

Promigas Perú y su apuesta por el progreso:

Este proyecto es parte de una estrategia más amplia de Quavii, que hasta la fecha ha destinado cerca de S/ 10 millones en proyectos sociales en la región de Piura, que beneficiarán a más de 80,000 personas. El enfoque en la inversión social voluntaria subraya el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible, como parte de su huella social.

Cabe señalar que el anunciado tópico de salud se enmarca en el convenio entre el CLAS Sechura y Quavii. Una vez culminado el proyecto, este será entregado al CLAS para su administración en beneficio de la salud de la población.

Este proyecto se suma a otras iniciativas llevadas a cabo en Sechura, como la construcción de una plataforma deportiva en el asentamiento humano Victor Raúl Haya y un local comunal en Miramar, reflejando el compromiso continuo de Quavii con el bienestar y progreso de las comunidades locales, al mismo tiempo que brinda el servicio de gas natural ya beneficia a 20,000 familias en toda la región Piura.

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Odebrecht: procesado por Gasoducto defiende peajes de Rutas de Lima

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Como si fuera un profesional independiente, el investigado por el Gasoducto del Sur que manejaba Odebrecht, Luis Castilla, defendió a Rutas de Lima, empresa donde la misma empresa brasileña tiene acciones.

“Nunca he visto un nivel de hostigamiento, también, como se le está haciendo a una empresa concesionaria que firmó un contrato a largo plazo. Tiene sus cláusulas y no se están respetando”, sostuvo el exministro de Economía de Ollanta Humala en Canal N.

“Tiene intereses” por Odebrecht, señala exfiscal Gálvez

Ante esta supuesta opinión técnica, el exfiscal supremo Tomás Gálvez precisó que, antes de declarar sobre casos donde figura Odebrecht, Castilla debería informar a la prensa que la Fiscalía lo investiga por una obra de esta empresa corrupta.

“No puede ocultar en los medios de comunicación que tiene intereses. Fue parte de un gobierno corrupto, por lo cual está investigado, y tiene que decirlo antes de pretender dar recetas de inversión”, manifestó a EXPRESO.

El extitular del MEF afronta una investigación preparatoria por supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en perjuicio del Estado. Cuando trabajaba para Humala Tasso, dio luz verde al contrato del Gasoducto del Sur, obra que pasó de costar 1,500 millones de dólares, a siete mil millones.

Tarifas

“Lo que dice Castilla sería entendible si fuera un contrato normal, pero este contrato nació de la corrupción de Villarán”, dijo Gálvez. El congresista Segundo Montalvo presentó un proyecto para corregir el incremento de las tarifas de peajes a nivel nacional.

Fuente: Expreso

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Repsol culpa a naviera italiana por derrame en mar de Ventanilla y exige US$197 millones de reparo

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Repsol, a través de la Refinería La Pampilla, demandó a Fratelli D’Amico Armatori, propietaria del buque Mare Doricum, por presuntamente haber causado el derrame de crudo en el mar de Ventanilla en enero de 2022.

Según EFE, la firma de capitales españoles exige una indemnización de US$197,5 millones a la naviera italiana; argumenta que inejecutó obligaciones y su responsabilidad contractual.

A criterio de Repsol, «todas las pruebas periciales» evidencian que el movimiento «descontrolado e indebido del buque y su desplazamiento de la posición prevista para una descarga segura» generaron que la instalación submarina de La Pampilla se rompiera, y así, ocasionó el desastre ecológico en los balnearios chalacos —organismos contaron más de 10.000 barriles vertidos al mar—.

La multinacional alega que La Pampilla «ha soportado en solitario todos los gastos» vinculados a remediar el litoral y compensar a los ciudadanos afectados, así como «importantes daños propios», cuando «la legislación peruana y marítima internacional» fija la responsabilidad del proceso de amarre, seguridad y operación «al capitán y su empleador Fratelli D’Amico».

La naviera italiana ya presentó una solicitud de conciliación extrajudicial en la que pide a la refinería aproximadamente 45 millones de euros por supuestos daños tras el derrame.

Los datos

Repsol y su filial peruana fueron demandados por la organización Stichting Environment and Fundamental Rights en Países Bajos y se les exige reparos por US$1.270 millones para más de 35.000 afectados por el desastre ecológico.

Según el Instituto del Mar Peruano (Imarpe) a dos años del ecocidio cometido por Repsol —rotulado así por bloques como Oceana y OEFA— aún no se recuperan las condiciones adecuadas en la costa para reanudar la pesca artesanal.

Fuente: La República

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