Gas natural en el Perú: entre las cifras, las exportaciones y el desafío de la masificación

La Cámara de Comercio del Cusco solicitó una hoja de ruta pública que establezca responsables y plazos concretos para llevar el gas natural a más regiones. El debate sobre las exportaciones y las adendas contractuales vuelve a poner en agenda la necesidad de ampliar el mercado interno y desarrollar infraestructura.

Una parte importante del gas natural producido en el Perú no llega a los consumidores y termina siendo reinyectada en los yacimientos por la falta de demanda e infraestructura de transporte. A junio de 2025, se devolvieron al subsuelo 276 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), de una producción total de 1,366 MMPCD, equivalente a aproximadamente el 20% del volumen extraído.

Esta situación contrasta con el debate público que sostiene que el país ha priorizado las exportaciones por encima del abastecimiento nacional. Las recientes discusiones sobre las adendas de concesión reforzaron esa posición, especialmente durante la sesión de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados realizada en Cusco el 13 de octubre.

Ante este escenario, la Cámara de Comercio del Cusco planteó que las críticas al sector deben sustentarse en información verificable y acompañarse de propuestas concretas para acelerar la llegada del gas natural a las regiones.

Exportación y abastecimiento interno: qué dicen las normas

Uno de los principales cuestionamientos sostiene que proteger el mercado peruano implica restringir las exportaciones de gas. Sin embargo, el marco legal establece la prioridad del abastecimiento nacional sin prohibir necesariamente la comercialización internacional.

La Ley N.° 27133 estableció disposiciones para garantizar el abastecimiento del mercado interno con las reservas probadas de gas natural. Posteriormente, la Ley N.° 28552, promulgada en 2005, reforzó las exigencias de abastecimiento e incorporó condiciones relacionadas con el precio del recurso en boca de pozo.

El Lote 88 de Camisea se desarrolló bajo ese marco y tuvo compromisos de exportación desde 2006, posteriormente sustituidos mediante gas procedente de otros lotes. Desde abril de 2012, toda su producción se destina al mercado nacional. El yacimiento cuenta con más de 10 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas, según las cifras citadas en el análisis.

La situación contractual de los lotes 56, 57 y 58 es diferente, debido a que fueron otorgados bajo condiciones distintas y sin reservas probadas al momento de su licitación. Por ello, cualquier modificación de sus obligaciones debe evaluarse conforme a las normas aplicables y a los contratos suscritos.

La demanda nacional frente a las exportaciones

Las cifras de consumo también forman parte de la discusión. Durante el segundo trimestre de 2024, la demanda interna abastecida con gas de Camisea promedió 680 MMPCD, mientras que la planta de licuefacción de Pampa Melchorita procesó alrededor de 600 MMPCD, de acuerdo con los datos atribuidos a Osinergmin.

Más del 80% del consumo nacional se concentra en Lima y Callao. La generación eléctrica representa aproximadamente el 55% de la demanda, seguida por la industria, con un 32%, mientras que los hogares y establecimientos comerciales representan cerca del 4.5%.

El análisis sostiene que, ante situaciones de restricción, se ha priorizado el suministro interno. Asimismo, plantea que las exportaciones han contribuido a generar ingresos para financiar el desarrollo y la ampliación de la infraestructura de transporte de gas.

Otro argumento en discusión es que el Perú habría ahorrado US$2,000 millones si hubiera utilizado internamente el gas exportado para reemplazar combustibles derivados del petróleo importado.

Sin embargo, esa estimación debe considerar los costos necesarios para hacer posible la sustitución, como la construcción de gasoductos, la infraestructura de regasificación cuando corresponda y la adaptación de industrias y vehículos para utilizar gas natural. Por ello, comparar directamente el precio final del diésel con el valor del gas en boca de pozo no permite determinar por sí solo el ahorro real.

La controversia por la adenda de Cálidda

La expansión de las redes de distribución también ha generado cuestionamientos. La novena adenda del contrato de Cálidda, que contempla extender la concesión hasta 2043, recibió observaciones de Osinergmin relacionadas con las condiciones contractuales, la reversión de activos al Estado y los compromisos de masificación.

Entre los puntos señalados por el regulador figura que los bienes comprendidos en el contrato bajo la modalidad BOOT deben revertir al Estado en 2033. También advirtió sobre posibles efectos de la adenda en sus competencias y consideró limitado el alcance de los compromisos de expansión.

Otro aspecto controvertido es el eventual reconocimiento del valor contable de los activos al término de la concesión. Según el análisis presentado, Osinergmin estimó que este reconocimiento podría representar un beneficio adicional de aproximadamente US$1,800 millones.

Frente a esta observación, la viceministra de Hidrocarburos indicó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) consultó al Consejo Normativo de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, que reconoció la posibilidad de establecer un valor contable neto al finalizar la concesión, debido a la naturaleza híbrida del contrato.

El debate también debe considerar la inversión prevista de US$500 millones para ampliar la cobertura hacia 15 ciudades y alcanzar a unos 300,000 potenciales usuarios, según las cifras expuestas en el análisis.

¿Una nueva licitación sería la solución?

Quienes plantean convocar una nueva licitación para ampliar la distribución del gas natural deben considerar los antecedentes de los procesos anteriores. Entre 2014 y 2021, Proinversión impulsó un concurso que terminó sin adjudicación por falta de postores.

Además, un estudio del Minem citado en el análisis estimó que un nuevo proceso podría demorar entre cinco y seis años. La viceministra explicó que las concesiones evaluadas anteriormente correspondían a sistemas aislados, sin grandes consumidores ni mecanismos de subsidio cruzado, condiciones que dificultaban su sostenibilidad económica.

La propuesta de integrar la demanda de Lima con la de otras regiones busca mejorar la viabilidad de la expansión. Como referencia, la concesión limeña comenzó con aproximadamente 65,000 conexiones y actualmente abastece a 2.6 millones de hogares, según los datos consignados en el documento.

No obstante, las observaciones sobre la adenda de Cálidda requieren respuestas técnicas transparentes. La discusión debe determinar qué mecanismo permite ampliar la cobertura, proteger los intereses del Estado y garantizar condiciones adecuadas para los usuarios.

Cusco espera una fecha concreta para la llegada del gas

Durante la audiencia en Cusco también se expusieron las diferencias de precio entre el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural. Se mencionaron balones de GLP de entre S/120 y S/130 en Cusco, e incluso superiores a S/200 en Megantoni, frente a un gasto mensual de entre S/24 y S/26 por gas natural para un hogar limeño.

Estas diferencias reflejan el impacto que puede tener el acceso a una fuente de energía más económica. Sin embargo, la expansión del gas natural requiere infraestructura, inversiones, planificación y mecanismos que permitan atender a las poblaciones que todavía no cuentan con el servicio.

En ese contexto, la Cámara de Comercio del Cusco solicitó una hoja de ruta pública que establezca responsables, fechas y objetivos verificables para la llegada del gas a la región. El pedido está dirigido al Minem, Osinergmin y al concesionario involucrado.

La demanda regional pone el foco en una cuestión concreta: cuándo podrán los hogares y las empresas del Cusco acceder efectivamente al gas natural y bajo qué condiciones se desarrollará la infraestructura necesaria.

Más infraestructura para aprovechar el gas disponible

El desafío del sector no se limita a determinar cuánto gas debe destinarse al mercado interno o a las exportaciones. También implica crear las condiciones para aprovechar los recursos disponibles, ampliar la demanda y promover nuevas inversiones en exploración que permitan reponer las reservas.

La reinyeción de aproximadamente una quinta parte del gas producido evidencia la importancia de desarrollar nuevos consumidores y redes de distribución. Al mismo tiempo, las adendas y los contratos deben someterse a una evaluación técnica transparente, con reglas claras y respeto a las obligaciones asumidas.

En ese sentido, la exportación de los volúmenes excedentes no necesariamente tiene que entrar en conflicto con el abastecimiento nacional. Con infraestructura suficiente, una regulación previsible y una política de masificación sostenida, ambos mercados pueden contribuir al aprovechamiento de los recursos gasíferos del Perú.