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Gas Natural

Gas natural llegaría a más de 305.000 hogares nuevos en el 2023

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha elevado su previsión de masificación de gas natural domiciliario a 305.678 hogares para el periodo 2023. Para tal efecto, el Ejecutivo evalúa un nuevo crédito suplementario de hasta S/350 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que llegaría a sumarse a los S/491 millones ya inyectados a través del Plan Con Punche Perú.

Con ello, además, la autoridad estima que se podría llegar a casi 2.000 kilómetros de ductos de gas natural a nivel nacional, muy superiores a los poco más de 1.000 anunciados hace apenas unas semanas.

¿Cuál es el escenario previo? Según la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem, el 2022 concluyó con un total de 1 millón 814.685 hogares conectados al servicio de gas natural residencial, desde que se inició el largo proceso de masificación en nuestro país.

Estos usuarios están repartidos en Lima, Callao, Ica, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna y Piura. Los aportes de los subsidios por parte del Estado han sido fundamentales para esta consigna: del total antes mencionado, 1 millón 118.079 son beneficiarios del Programa BonoGas del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Precisamente, el director general de Hidrocarburos, Carlo De Los Santos, menciona que la puesta en marcha del Plan Con Punche Perú ha permitido diversificar las fuentes de ingresos para el FISE, un programa ahora también destinado a contribuir con el tendido de ductos en todo el territorio, pero que había quedado desbalanceado tras la crisis mundial de combustibles del 2022.

Anteriormente, el FISE solo podía recibir recursos por parte de las empresas identificadas como grandes consumidores de electricidad o gas natural, además de importadores y productores de combustibles líquidos de hidrocarburos. Bajo este nuevo esquema, se ha fortalecido con aportes directos del fisco.

“Con Punche Perú da salvedades para que podamos brindarle recursos al FISE sin la necesidad de ninguna ley adicional. Estamos evaluando S/350 millones adicionales, mediante una política de créditos suplementarios, para más conexiones. Es aún una propuesta, pero de todas maneras llegaremos a más de 300.000 usuarios en 2023. Vamos a masificar lo que nadie ha hecho en los últimos años”, dijo De Los Santos a La República.

Recursos para masificar

Para el 2023, el Minem trabaja en el impulso de la masificación de gas mediante tres distintos presupuestos: del FISE, del plan Con Punche Perú y por proyecto de ley. Este último involucra la potencial inyección de S/350 millones adicionales.

En el caso del FISE, se cuenta con un presupuesto total de S/722,6 millones para gas natural residencial, a través del Programa BonoGas, y conversión de vehículos a GNV a través del Programa Ahorro GNV. En esta proyección se prevé llevar el recurso vital para la industrialización y reactivación económica a 4.870 mypes que, sumadas a las que quedaron pendientes de liquidación en el 2022, alcanzan las 8.376 microempresas que podrán gozar de un combustible más limpio y barato en los próximos diez meses.

Con el FISE, la concesión de Cálidda, en Lima y Callao, recibirá 154.000 conexiones domiciliarias; la de Contugás, en Ica, 10.000; la de Quavii, en Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash, 25.000; la que tiene Petroperú por encargatura en Arequipa, Moquegua y Tacna, 9.500; y la de Gasnorp, en Piura, 6.560. Se espera que el BonoGas, asimismo, favorezca la construcción de más de 317 kilómetros de tuberías.

Una válvula de tres rutas

Panorama similar con los recursos del plan Con Punche Perú, que otorgará a la masificación un presupuesto de S/491 millones para el 2023, asignados mediante DU-002-2023. A detalle, se espera llevar 20.544 suministros residenciales en Lima y Callao; 35.758 en Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash; 3.300 en Arequipa, Moquegua y Tacna; y 9.590 en Piura. Un gasto global de S/161 millones 617.800 con este pliego.

Donde los aportes de este programa del MEF se destacan es en el tendido de ductos, pues espera contribuir con más de 1.098 kilómetros por S/329 millones 497.200. Solo en la capital se espera avanzar sobre los distritos de Lurigancho, Ancón, Carabayllo, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, Pachacámac, Comas, Puente Piedra, La Victoria, San Vicente de Cañete, Imperial, Callao y Ventanilla.

Una decisión acertada para Gustavo Navarro, director en el Perú de Gas Energy, quien sostiene que llevar este recurso a las familias es crucial luego de tres grandes momentos de crisis para la economía y la seguridad energética del país: la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, y la convulsión social contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

En este sentido, Navarro explica que, en el mundo, la construcción de infraestructura para energías se realiza a cargo del Estado, para luego ser administrada mediante operaciones mixtas con empresas privadas, en la mayoría de loss casos. Así es en Colombia, Argentina y Bolivia y, por supuesto, Europa.

“Colombia se masificó bajo este modelo, y se podría decir que, gracias a esta experiencia ganada, hoy todas las concesionarias de gas en el Perú son colombianas”, subrayó.

MEF tiene la última palabra

Finalmente, están los S/350 millones que llegarían, próximamente, por crédito suplementario al Minem, un trámite que deberá pasar por el filtro del ministro Alex Contreras. Con estos recursos, se espera poner en marcha nuevos dispositivos de expansión del gas, en el marco del Proyecto de Ley para Nuevos Suministros de GN y GLP.

¿A cuántas familias beneficiaría? Se espera que sean 25.200 nuevos suministros residenciales en 2023, de los cuales 10.000, casi la mitad, estarían focalizados en Arequipa, Moquegua y Tacna, regiones largamente afectadas por el recorte de vías para el acceso a derivados del petróleo, como el balón de cocina de GLP. Además, serán 505 kilómetros de ductos, de los cuales 250 estarán en esta concesión del sur. No solo ello, pues también se prevé invertir S/7 millones 581.250 para conectar con gas natural 10 hospitales en todo el territorio, de los cuales 5 están en la capital.

De concretarse, la masificación culminaría el 2023 con 2 millones 120.363 hogares peruanos conectados, pero todo está en manos del MEF, que hoy afronta embates desde diferentes frentes que ponen en riesgo la recaudación del país, y con ello, la puesta en marcha de proyectos como este. 

Masificación: lento proceso en el Perú

Masificación: lento proceso en el Perú

Tanto los recursos de Con Punche Perú como los del FISE se concentran a nivel de conexiones domiciliarias en la concesión de Quavii. En cambio, el nuevo crédito que estudia el Ejecutivo se focalizará en el sur.

Recientemente, el ministro Óscar Vera Gargurevich, titular del Minem, aseguró que su cartera trabaja en la continuación del proyecto del Gasoducto del Sur. Para tal efecto, indicó que existen muchas empresas privadas interesadas en participar en el proceso.

El GLP, que no es lo mismo que el gas natural, sigue siendo una alternativa para muchos hogares. Por ello, Minem entrega vales de compra mensuales de S/25 en favor de 946.000 familias. En Cusco, Piura, Tumbes y Ucayali, este vale llega a S/43 y S/63.

Conexiones podrían ser el doble

La masificación de gas natural viene desarrollándose con dificultad. En el Perú, a enero del 2023, existen cerca de 1 millón 800.000 hogares con este energético. No obstante, de continuar las cosas en el nivel previsto en los planes de inversión aprobados por el regulador, solo se estarían conectando mensualmente a nivel nacional alrededor de 16.000 viviendas, cuando se podría llegar a conectar hasta 30.000. El principal obstáculo que está afrontando la masificación es la competitividad general de tarifas con otros sustitutos, sobre todo en las concesiones fuera de Lima. Los permisos para el desarrollo de redes y las interferencias con otros servicios siguen generando demoras para el tendido de redes.

Otro problema son los recursos limitados del FISE y la falta de infraestructura que tiene el país. Debemos buscar la expansión de gasoductos de transporte regionales para conseguir una mayor seguridad energética. El Estado debe priorizar una agenda de trabajo y enfocar los problemas de cada concesión teniendo en cuenta la realidad de cada una.

Con la masificación podríamos dejar de depender de otros combustibles importados, que pueden ser más caros y contaminantes. Tenemos la oportunidad de contar con un recurso abundante, limpio y económico, una suerte que no tienen muchos países y depende del trabajo conjunto del Gobierno con las empresas privadas el hacerlo llegar a más peruanos.  Dar un vuelco intensivo hacia el gas natural ayudaría a mejorar la calidad de vida.

Cifras

202.000 conexiones espera superar Cálidda en 2023, informó la empresa.

S/20 subió el balón de GLP en los últimos dos años, según Osinergmin.

Reacciones

Gustavo Navarro, especialista en energías

“La masificación es un tema pendiente, sobre todo en el sur, donde ha habido demasiadas promesas y pocas realidades. Las redes deben llegar no solo a casas, sino a grifos y comercios en esa región”.

Carlo De Los Santos, director de la DGH

“Estamos evaluando S/350 millones adicionales para más conexiones. Es una propuesta, pero de todas maneras llegaremos a más de 300.000 usuarios. Vamos a masificar lo que no ha hecho nadie”. 

Fuente: La República

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Gasoducto al Sur: “Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal…»

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“Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal: el principal reto es técnico y financiero, pues resulta difícil garantizar que los equipos cumplan con los estándares de seguridad requeridos y que exista financiamiento para una inversión de esta magnitud”, opina María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil.

En una ceremonia en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar aseguró que durante su gobierno tomaría las medidas necesarias para destrabar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Como peruana y conocedora de la falta de infraestructura en el sector energético del país, sería la primera en celebrar que finalmente se puedan instalar sistemas que nos permitan llevar el gas natural al sur del país. Sin embargo, creo que vale la pena recordar la historia del proyecto del GSP.

El GSP fue concebido como una infraestructura estratégica orientada a transportar gas natural desde Camisea hacia el sur del país con el objetivo de masificarlo. En el 2013 se inició la licitación y en junio de 2014 fue adjudicado, resultando ganador el Consorcio conformado por Odebrecht y Enagás. El monto del proyecto ascendió aproximadamente a US$ 7.300 millones, cubriendo la construcción y operación por un periodo de 34 años. Las obras se iniciaron en 2015, con avances en ingeniería, adquisición de materiales y construcción de los primeros tramos. En enero de 2017, el proyecto fue cancelado por el gobierno de aquel entonces, debido principalmente a la incapacidad del Consorcio para obtener el financiamiento tras los escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht. Como consecuencia de la cancelación, todos los activos del proyecto –que consistían en materiales, tuberías, maquinaria pesada, terrenos y documentos técnicos de ingeniería– pasaron a custodia del Estado. En paralelo, las empresas del Consorcio iniciaron arbitrajes internacionales contra el Estado. Al momento de la cancelación, el proyecto tenía cerca de 20% de avance, una inversión estimada de US$ 250 millones y obras parciales, pero ninguna sección operativa del gasoducto estaba concluida.

Hasta hoy, el Estado ha destinado cerca de US$ 400 millones al mantenimiento de los bienes bajo su custodia y continúa defendiendo sus intereses en los arbitrajes en curso, uno de los cuales ya habría sido resuelto con un laudo superior a US$ 300 millones a favor de una de las demandantes.

Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal: el principal reto es técnico y financiero, pues resulta difícil garantizar que los equipos cumplan con los estándares de seguridad requeridos y que exista financiamiento para una inversión de esta magnitud.

Tal vez, en lugar de tratar de destrabar un proyecto tan complejo, este Gobierno de transición podría enfocar sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto de las siete regiones, el cual contaría con financiamiento privado, se encuentra en la última etapa de evaluación para su implementación y sería un primer paso para llevar el gas al sur, el mismo que más adelante podría complementarse con sistemas de transporte como el GSP cuando éste finalmente pueda ser destrabado.

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Osinergmin aprueba tarifa más económica de gas natural para comedores populares, ollas comunes, vasos de leche y Cuerpo General de Bomberos en Lima, Callao e Ica

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• Nueva tarifa también beneficiará a las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Miles de organizaciones sociales de Lima, Callao e Ica que utilizan gas natural, como comedores populares, comités de vaso de leche y ollas comunes, podrán reducir sus gastos mensuales luego de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobara su recategorización a una tarifa más económica.

La medida también beneficiará a las entidades de atención de emergencias y a las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ubicadas en estas regiones.

Con esta decisión, organizaciones sociales como comedores populares, comités de vaso de leche, ollas comunes, clubes de madres, centros materno-infantiles y cocinas familiares, así como las compañías de bomberos de Lima, Callao e Ica, pasarán a la categoría tarifaria IP, correspondiente a Instituciones Públicas.

Esta recategorización les permitirá acceder a mejores condiciones tarifarias para el uso del gas natural, lo que representará un ahorro estimado superior al 50% en comparación con otros combustibles sustitutos, principalmente el balón de GLP.

La medida fue adoptada tras un análisis técnico realizado por Osinergmin, con el objetivo de facilitar el acceso al gas natural a entidades que brindan apoyo alimentario y bienestar a poblaciones vulnerables, así como al vital rol que desempeña el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en pro de la seguridad pública.

Osinergmin tiene la función de fijar las tarifas de gas natural para los usuarios regulados, garantizando que este servicio se brinde de manera continua, segura y a precios justos para la población. Asimismo, su labor reguladora contribuye a promover la expansión del gas natural y la mejora permanente de la calidad del servicio.

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Más de 2,000 comedores populares accederán a una tarifa más económica de gas natural

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● La medida permitirá reducir en 32% el costo del servicio y destinar más recursos a la alimentación de poblaciones vulnerables.

Lima, 6 de mayo de 2026.- Cálidda informó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó la recategorización de 2,250 comedores populares a la categoría tarifaria IP (Instituciones Públicas), lo que les permitirá acceder a una tarifa más económica de gas natural.

La medida, que entra en vigencia este año, representa un ahorro aproximado del 32% en la facturación mensual de estos espacios, recursos que podrán destinarse a mejorar la calidad y cantidad de los alimentos que brindan a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

En el Perú existen más de 13,000 comedores populares, de los cuales más de 3,500 operan en Lima y Callao. Estos cumplen un rol clave en la seguridad alimentaria, atendiendo principalmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Esta recategorización reconoce el esfuerzo y la labor invaluable que realizan los comedores populares todos los días. Sabemos que cada ahorro cuenta para que puedan seguir sosteniendo este trabajo tan importante, y por eso reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyándolos para que continúen cumpliendo su misión”, señaló Martín Mejía del Carpio, director general de la empresa distribuidora de gas natural en Lima y Callao.

Desde hace más de diez años, la compañía impulsa el programa Comedores Cálidda, a través del cual ha conectado gratuitamente a 923 comedores populares al cierre de 2025, además de incorporar 1,280 adicionales no registrados previamente en el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). En conjunto, estos espacios benefician a más de 200,000 personas.

Asimismo, desarrolla acciones complementarias como el mejoramiento de infraestructura, capacitación y orientación en nutrición y salud, contribuyendo al fortalecimiento de estos centros comunitarios. Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la equidad social, promoviendo el acceso a energía que contribuya a mejorar la calidad de vida de más peruanos.

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