Gremio advierte que Camisea aún presenta riesgos de nuevas interrupciones del suministro de gas

La Asociación de Consumidores de Gas del Perú pidió al Estado exigir al concesionario mejoras en la infraestructura para asegurar la continuidad del servicio ante futuras emergencias.

A cinco meses de la emergencia ocasionada por una deflagración en el ducto de Camisea, la Asociación de Consumidores de Gas del Perú (Acogas) advirtió que el sistema de transporte de gas natural todavía presenta vulnerabilidades que podrían derivar en una nueva interrupción del suministro.

Durante una entrevista en Economía Para Todos de RPP, el presidente de Acogas, Roberto Santiváñez, señaló que el incidente ocurrido en marzo puso en evidencia que la infraestructura no cuenta, según su apreciación, con el nivel de disponibilidad y capacidad de respuesta establecido en el contrato de concesión.

El representante del gremio sostuvo que, pese al tiempo transcurrido desde la emergencia, el Estado todavía no habría adoptado medidas suficientes para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario.

Santiváñez consideró que la seguridad energética debe convertirse en una prioridad, debido al papel estratégico que cumple el sistema de Camisea para el abastecimiento de gas destinado a la generación eléctrica, la industria, el transporte y los hogares.

Emergencia afectó el suministro de energía

El dirigente recordó que la interrupción registrada en marzo tuvo consecuencias sobre el abastecimiento de GNV para miles de usuarios del transporte, además de reducir la disponibilidad de GLP y generar presiones sobre los precios.

Asimismo, señaló que el impacto pudo haber sido mayor si la emergencia se hubiera producido durante una temporada de menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. En ese escenario, una interrupción prolongada del suministro de gas podría incluso incrementar el riesgo de restricciones en el servicio eléctrico.

Por ello, Santiváñez insistió en que el sistema debe contar con mecanismos adecuados para responder ante contingencias y evitar que una falla puntual termine afectando a distintos sectores de la economía.

Solicitan al Estado garantizar el cumplimiento del contrato

Acogas sostuvo que la respuesta del Estado no debería limitarse a establecer eventuales sanciones por la emergencia, sino que debe centrarse en garantizar que el sistema de transporte tenga la capacidad necesaria para enfrentar futuras fallas.

Santiváñez explicó que el contrato de concesión contempla una disponibilidad del sistema de 99 %, lo que supone que una interrupción no programada debería ser superada en aproximadamente tres días y medio.

Sin embargo, recordó que después de la emergencia de marzo la recuperación del servicio tomó alrededor de 13 días y medio, un plazo considerablemente superior al previsto.

El representante de los consumidores sostuvo que corresponde al Estado exigir resultados al concesionario y asegurar que existan suficientes mecanismos de respaldo, redundancia y capacidad de respuesta.

Finalmente, afirmó que los recursos provenientes de las tarifas deberían permitir contar con una infraestructura preparada para enfrentar contingencias y reducir el riesgo de que una nueva interrupción del sistema genere impactos sobre el abastecimiento energético y la economía nacional.