Internacionales
Grupos ambientalistas de Ecuador exigieron la salida de las empresas chinas del yacimiento petrolero del Yasuní

Los activistas piden que el gigante asiático detenga la extracción de crudo en una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo.
Un grupo de organizaciones ambientalistas exigieron la salida de las empresas chinas subcontratadas en el yacimiento petrolero Bloque 43-ITT, que será objeto de una consulta nacional para cesar la extracción de crudo como una medida para preservar el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
En un informe titulado “China en el Yasuní-ITT”, la organización Latinoamérica Sustentable (LAS), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), recomendaron al Gobierno chino que exija a sus empresas detener sus actividades en el Bloque 43-ITT y no abrir nuevos campos de la Amazonía ecuatoriana.
Si bien la operación del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) está a cargo de la petrolera estatal Petroecuador, desde 2016 se han firmado cuatro contratos de servicios con las empresas chinas Sinopec y Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC) para la perforación y explotación de los campos Tambococha e Ishpingo, indicó el documento.
Así, los autores del informe recordaron que si el “Sí” gana en el plebiscito que se votará el próximo 20 de agosto, en coincidencia con las elecciones generales extraordinarias, “todas las actividades petroleras, actuales y futuras, operadas por Sinopec y CCDC deberán suspenderse indefinidamente, sin importar su estado o avance contractual u operativo”.
Su propuesta es que se “retiren inmediatamente del bloque ITT del Yasuní como un acto de responsabilidad climática global y respeto hacia los pueblos en aislamiento voluntario”.
Sofía Jarrín, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, indicó que estas recomendaciones son “un llamado al Gobierno, empresas y financistas chinas a cumplir con sus compromisos internacionales como el Acuerdo de París”.
La consulta nacional sobre el Bloque 43-ITT está promovida por el colectivo ambientalista Yasunidos, que logró que se celebre el plebiscito tras una batalla legal de diez años con instituciones del Estado para su realización, luego de reunir unas 757.000 firmas.
El plebiscito sólo se realizará sobre el Bloque 43-ITT y no sobre los otros bloques que desde los años 80 ya se operan en la selva amazónica del Yasuní, como el Bloque 31, y los Bloques 16 y 67.
El Bloque 43-ITT, en operación desde 2016, es uno de los más importantes de Ecuador al producir alrededor de 55.000 barriles de petróleo al día, lo que supone en torno al 11% de la producción nacional, que ronda los 480.000 barriles diarios.
Esto, según Petroecuador, le reporta al Estado anualmente unos beneficios de 1.200 millones de dólares actualmente, por lo que, de acuerdo a sus estimaciones, Ecuador dejaría de recibir alrededor de 13.800 millones de dólares en los próximos 20 años en concepto del valor de los recursos que se quedarían sin explotar.
Para los ambientalistas estas cifras son en realidad menores y consideran clave detener la operación para proteger la alta biodiversidad del Yasuní frente a posibles derrames petroleros, si bien hasta ahora no se ha registrado ninguno que haya impactado en el entorno natural en el área del ITT.
Otro de los argumentos de los promotores de la consulta es evitar afectaciones a los tagaeri y taromenane, dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya zona intangible limita con el Bloque 43-ITT, con los pozos de Ishpingo a unos cientos de metros de esta área reservada para ellos.
“Tenemos la esperanza de que China no solo le dirá ‘Sí’ al Yasuní, sino a los pueblos waorani y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los tagaeri y taromenane, quienes son parte fundamental de la identidad ecuatoriana”, dijo la presidenta del Cedenma, Natalia Greene.
Fuente: Infobae
GLP
GASNOVA rechaza prohibición de ventas callejeras en Bogotá y defiende a los usuarios más vulnerables del GLP

La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA manifestó su desacuerdo tras la expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta nueva normatividad prohíbe las ventas ambulantes de alimentos que utilizan el Gas Licuado del Petróleo (GLP) en cilindros, afectando de manera directa a miles de familias vulnerables que encontraron en esta actividad su única fuente de ingresos. Según el gremio, esta medida vulnera el derecho constitucional a los servicios públicos y el derecho fundamental al trabajo de más de 10.000 venteros, poniendo en riesgo el sustento económico de miles de familias pobres que dependen de la denominada «economía popular» en la capital.
El presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez Villegas, enfatizó que el cilindro de GLP es usado de manera segura y eficiente desde hace más de 80 años, por ello hoy 12 millones de usuarios en el país entre ellos los trabajadores informales del sector de alimentos acceden a este servicio público. “Gracias a su portabilidad y sus propiedades como energético limpio, el uso de cilindros cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y acogidos por la anterior administración distrital en la Resolución 1207 de 2020 expedida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, permiten el uso seguro de GLP en cilindros sin representar riesgos para la comunidad”, aseguró.
El dirigente gremial hizo un llamado urgente a la Administración Distrital para que, en lugar de recurrir a la prohibición con difíciles probabilidades de implementarse en las actuales circunstancias económicas y sociales de la capital, se trabaje activamente en desarrollar un programa integral con los vendedores ambulantes que utilizan el servicio púbico de GLP con el fin de que sean capacitados y organizados en una solución concertada. Esta propuesta busca construir sin estigmatizar el acceso al servicio público de GLP, ni a sus usuarios venta ambulante.
GASNOVA recordó que el Ministerio de Minas y Energía (MME) emitió un concepto oficial el pasado 26 de diciembre de 2025, en el cual señaló que “En este marco constitucional y legal los vendedores ambulantes o informales corresponden a usuarios finales del servicio público de GLP en cilindros, al igual que lo hace cualquier otro usuario, ya sea que se encuentre ubicado en zonas urbanas o rurales.”
Martínez explicó que este respaldo jurídico es fundamental, pues el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estipula que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de este asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, GASNOVA aclara que las empresas prestadoras de este servicio público están obligadas por ley a suministrar el GLP, y que la reglamentación técnica dictada por el Ministerio ya contempla las normas necesarias para garantizar el uso seguro del cilindro en ventas ambulantes.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno y el Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá existen 10.331 puestos de comida en el espacio público que emplean GLP. Para estos ciudadanos, el cilindro representa el «motor» de su economía familiar. Martínez destaca que el acceso al GLP ha sido un avance social significativo, promovido incluso por los programas de sustitución de combustibles contaminantes desarrollados por la UPME y el MME, permitiendo que poblaciones vulnerables abandonen el uso de leña y carbón, combustibles altamente contaminantes que con la prohibición de la alcaldía van a volver a ser utilizados por los vendedores ambulantes de comidas generando un aumento en enfermedades respiratoria y visuales, aumentando los costos que deberá asumir el SISBEN y afectando gravemente las vidas de estas personas vulnerables.
GASNOVA también argumenta que Bogotá está actuando en contravía de las tendencias globales. En las grandes metrópolis, las ventas callejeras son promovidas por las autoridades para ofrecer sabores auténticos a precios accesibles. Debido a su alta capacidad calorífica y portabilidad, el GLP es el combustible estándar en todo el mundo para cocinas móviles. Ejemplo de ellos son los famosos carritos de perros calientes en Nueva York que utilizan cilindros de GLP diariamente en Manhattan entre edificios públicos y privados, los carritos de crepes en Paris y para no ir tan lejos, casos latinoamericanos como los de Ciudad de México y Lima, con sus puestos de comidas típicas que hacen parte de su turismo gastronómico. Incluso en Colombia, Medellín cuenta con un modelo exitoso de plazoletas de food trucks que están replicando modelos de Miami y otras ciudades.
Finalmente, Martínez reiteró la disposición de GASNOVA para trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá. El objetivo es construir una experiencia gastronómica urbana ordenada y segura, que le dé un valor agregado a la capital colombiana, similar a la de otras ciudades del mundo.
El dirigente gremial concluye que la prohibición no es el camino; por el contrario, el servicio público de GLP debe ser visto como una herramienta que genera empleo, fomenta el turismo gastronómico y ofrece opciones de alimentación asequibles a millones de bogotanos. Prohibir su uso es inviable, discrimina y deja sin opciones a miles de personas que han encontrado en esta actividad su única fuente de ingresos.

GLP
Bogotá será epicentro del 8° Congreso Internacional del GLP, para analizar los retos de crecimiento del sector

- El evento, organizado por la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA, se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto de 2026 en el Club El Nogal de la capital colombiana.
- Expertos nacionales e internacionales analizarán el papel del GLP como eje fundamental en la transición energética y la productividad de los sectores de la economía.
La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA anuncia la realización del 8° Congreso Internacional del GLP, el evento más relevante para la industria del Gas Licuado del Petróleo (GLP) en el país. Bajo el eje temático “Energía en crecimiento”, el encuentro reunirá a los principales actores del sector público y privado para debatir las estrategias que posicionarán a este energético como una solución clave para atender las necesidades de abastecimiento energético a nivel nacional e internacional.
El Congreso, que tendrá lugar en el Club El Nogal de Bogotá los días 19 y 20 de agosto de 2026, profundizará en el análisis de cómo el GLP está impulsando sectores estratégicos de la economía, desde el residencial hasta el industrial, comercial y de transporte. El evento cuenta con el apoyo internacional de World Liquid Gas Association (WLGA), Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP) y de OPIS, una compañía de Dow Jones.

La programación académica de esta octava edición contará con conferencias de talla mundial y paneles integrados por expertos que abordarán temas críticos, como las tendencias globales del GLP y su impacto directo en el mercado colombiano, análisis de las políticas públicas y marcos regulatorios, la geopolítica mundial y sus impactos en el mercado del GLP, entre otros.
“Este congreso llega en un momento crucial para analizar el futuro energético del país. El GLP, además de ser un combustible de uso residencial, es un aliado estratégico para los sectores industrial y comercial, un pilar de la canasta energética, que garantiza un suministro constante y limpio”, señaló Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA.
En cuanto a la muestra comercial del 8° Congreso GASNOVA, esta se consolida como la principal vitrina del sector del GLP en Colombia. Además, en ediciones anteriores, cerca del 75% de los asistentes lograron establecer vínculos comerciales significativos durante el evento.
Inscripciones abiertas
GASNOVA ha habilitado el proceso de registro para empresarios, académicos, funcionarios públicos y público interesado en asistir. El evento cuenta con tarifas diferenciales para empresas afiliadas y público en general, consolidándose como una inversión estratégica para quienes buscan entender el rumbo del GLP, y el Oil & Gas en la región. Visite el sitio web: https://www.gasnova.co/8o-congreso-internacional-del-glp-gasnova/

Internacionales
Colombia: GASNOVA alerta por el no pago de subsidios al GLP

La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA manifestó su preocupación ante el retraso en el giro de los recursos destinados al pago de subsidios del consumo de GLP en redes de distribución, cilindros y compensación de transporte, del servicio público esencial de Gas Licuado del Petróleo (GLP), situación que afecta a los usuarios más vulnerables del país.
Con respecto a los subsidios al consumo en redes de distribución urbana, estos no se pagan a las distribuidoras desde el mes de marzo del año pasado, afectando directamente a 360.000 personas de escasos recursos, pertenecientes a los estratos 1 y 2, minorías étnicas y sector rural, que dependen de este energético para cocinar. “A pesar de que el Ministerio de Minas y Energía (MME) ya verificó los montos de los subsidios por redes pendientes de 2025, las resoluciones de pago aún no han sido expedidas porque el Ministerio de Hacienda no ha dado el visto bueno”, aclaró Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA.
A corte de febrero de 2026, la deuda acumulada asciende a $36 mil millones de pesos por concepto de subsidios en redes de distribución, y $7,1 mil millones de pesos por la compensación de transporte hacia el departamento de Nariño.
En cuanto a la deuda por subsidios al consumo de GLP en cilindros, en el presente mes el MME expidió las resoluciones de octubre y noviembre de 2025, pero el sector permanece a la espera del desembolso de los recursos por parte del Minhacienda. El MME ya finalizó también las validaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026 para este rubro y el llamado del sector es a que estos pagos se hagan con la mayor celeridad.
El presidente de GASNOVA señaló: “Es imperativo que el Gobierno Nacional agilice los trámites administrativos y priorice el giro de estos recursos que ya están verificados y disponibles. Estos pagos garantizan el acceso al GLP para más de 1 millón de ciudadanos que lo usan para cocinar”, puntualizó Martínez V.
La demora en los pagos genera un riesgo en la continuidad de este servicio público que es esencial para las familias más vulnerables del país.

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