Hasta 1,800 trabajadores serían despedidos en Petroperú, según Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro

El decreto de urgencia publicado por el gobierno de José Jerí, encauza a la empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú) a su inminente privatización, aunque el Gobierno lo niegue. «Este decreto usa textualmente el Decreto Legislativo 674, que fue la base legal de toda la privatización durante el gobierno de Fujimori. Tratan de evitar la palabra privatización usando unidades de valor y figuras disimuladas, pero está diseñado para llevar adelante ese proceso», asegura a este diario Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro.

El primer efecto inmediato será la drástica reducción de personal, que alcanzará a más de la mitad de su planilla en los próximos 30 días. El universo laboral de Petroperú asciende a unos 2.600 trabajadores, y la reorganización interna prevista en el decreto derivará el despido de entre 1.500 a 1.800 empleados, según pudo conocer La República, bajo el argumento de recorte de costos.

La medida dejaría a la empresa con alrededor de 600 trabajadores para sostener todas sus operaciones en todo el país. Para concretar ello, el decreto autorizó un aporte de capital de hasta S/240 millones a fin de financiar los compromisos laborales derivados de los ceses masivos. «Esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas», afirma el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez.

El costo anual de la planilla de Petroperú representa menos del 5% del ingreso total de la empresa, según los estados financieros de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), presentados por Petroperú y revisados por este diario de los periodos 2023, 2024 y 2025 (disponible a setiembre de 2025), por lo que no es a todas luces el factor central de su desfinanciamiento. «El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de optimización», advierte.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo. En el caso Petroperú, se derivaría en costos inmediatos elevados, como indemnizaciones, liquidaciones, provisiones contables, asesorías legales y eventuales procesos judiciales que pueden extenderse durante años.

A contraparte, la deuda acumulada de la petrolera estatal bordea los US$7.000 millones, una cifra que no se ve afectada por recortes laborales ni por la eventual venta de activos inmobiliarios.

Incluso la venta del edificio central de Petroperú, tasado entre US$200 millones y US$500 millones, apenas tendría un impacto marginal frente al tamaño de la deuda. «No hace ni cosquillas a la deuda», afirman fuentes del sector.

Señalan que antes de ejecutar recortes laborales corresponde investigar las gestiones y decisiones de anteriores responsables, incluyendo a «Hugo Velásquez Salazar, Carlos Paredes Lanatta, Óscar Vera, entre otros exfuncionarios y directivos, y priorizar medidas que corrijan privilegios, ineficiencias estructurales y fallas de gestión, sin destruir capacidades internas que Petroperú necesita para sostener sus operaciones y encarar una eventual recuperación.

Fuente: La República