Durante su participación en el PERUMIN, el presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES – SINAC), César Butrón, admitió que la propuesta de priorizar el suministro de gas natural para la generación eléctrica en “situaciones de emergencia” anunciado desde el MINEM, tiene fines principalmente comerciales. No se trata, como sostiene el Ministerio de Energía y Minas, de proteger a la población de un eventual aumento en los precios de la electricidad ante los efectos del fenómeno de El Niño.

Precisamente, al ser consultado por la prensa si una eventual sequía incrementaría los precios de la electricidad, Butrón respondió contundentemente que no, remarcando que en el plazo inmediato no habrá ningún aumento al usuario doméstico. Explicó que los precios de energía para el consumidor final están establecidos en contratos de largo plazo y son supervisados por Osinergmin, de manera que una coyuntura como la de El Niño no elevaría los precios de las tarifas de luz. En este sentido, el incremento del costo de generación lo asumirán las empresas generadoras, mas no los distribuidores, ni los consumidores finales (escuchar audio).

El presidente del COES sostuvo además que la intención del MINEM de impulsar esta propuesta sería por la “sostenibilidad del sistema, pues existen generadoras que están perdiendo millones de dólares semanales”. “No vaya a ser que estas empresas quiebren”, sostuvo el presidente del COES.

Butrón evitó referirse al por qué el MINEM busca corregir distorsiones del mercado, pese a que ésta no es una función que compete a esta cartera, considerando además que la mayoría de las empresas de generación eléctrica tienen contratos para un suministro continuo de gas natural y sólo dos cuentan con contrato interrumpido (por horas). Son estas empresas las que se beneficiarían con la norma.

TE PUEDE INTERESAR

Riesgo para la población

Cabe recordar que, como lo ha señalado la empresa Quavii (ver), la propuesta del MINEM de priorizar el gas natural para la generación eléctrica (que se estaría publicando la próxima semana como Decreto Supremo) pondría en riesgo el abastecimiento de este recurso para un millón de peruanos de las regiones Lambayeque, La Libertad, Áncash y Cajamarca, entre usuarios residenciales, comercios y usuarios vehiculares. La misma situación se presenta en la concesión Sur, que involucra a las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna.

Cabe precisar que estas regiones reciben el gas natural a través de camiones, que cargan el recurso en la planta de licuefacción de Cañete (Lima). Las empresas de generación eléctrica, en tanto, se abastecen del gas que llega mediante el ducto de Transportadora de Gas del Perú.

Es importante señalar que la propuesta normativa (pre publicada a través de la Resolución Ministerial N°273-2023-MINEM/DM) no incluye un informe técnico como parte de su justificación. Como han señalado diversos especialistas, la propuesta tampoco considera modelos regulatorios y contractuales del mercado de gas natural a nivel internacional, lo que afectaría las necesidades de este mercado. 

Asimismo, la iniciativa del MINEM no ha tomado en cuenta la afectación al sector de hidrocarburos, en ausencia de un viceministro sectorial. El mismo debería mantener la imparcialidad ante normas impulsadas por la cartera de electricidad.

El Ministerio de Energía Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE), capacitará a los funcionarios y autoridades de las municipalidades provinciales y distritales de Cajamarca, La Libertad y Piura, en las ciudades de Jaén, Otuzco y Chulucanas, respectivamente, sobre la aplicación del Plan Ambiental Detallado (PAD), con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica.

El PAD es un instrumento de gestión ambiental complementario de carácter excepcional que considera los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales generados o identificados en el área de influencia de la actividad eléctrica en curso, y destinado a facilitar la adecuación de dicha actividad a las obligaciones y normativa ambiental vigentes.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N° 014-2023-EM que, entre otras disposiciones, establece un nuevo plazo para que los titulares que buscan acogerse al PAD comuniquen a la DGAAE dicha decisión, dentro de un plazo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la norma, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2023.

En el caso de las municipalidades y gobiernos regionales que requieran comunicar su acogimiento, el plazo para comunicarlo se extiende por el período de un año: hasta el 20 de agosto de 2024.

El MINEM informó que esta medida se adoptó porque, durante la elaboración de la norma, la DGAAE identificó 1,203 instalaciones eléctricas que no cuentan con instrumento de gestión ambiental y, dentro de este universo, 906 corresponden a municipalidades y gobiernos regionales, generalmente conformadas por redes eléctricas implementadas en condiciones precarias que no aseguran la calidad del servicio eléctrico.

A través de la presentación de este instrumento de gestión ambiental, se podrá sanear las redes rurales con la finalidad de transferir la infraestructura eléctrica a los concesionarios de distribución. Cabe destacar que, el PAD busca promover la regularización ambiental de infraestructuras y componentes eléctricos implementados en todo el país, con la finalidad de incentivar el desarrollo sostenible en la operación de actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y mejorar la calidad del servicio, en beneficio de la población.

El Ministerio de Energía Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE), capacitará a los funcionarios y autoridades de las municipalidades provinciales y distritales de Cajamarca, La Libertad y Piura, en las ciudades de Jaén, Otuzco y Chulucanas, respectivamente, sobre la aplicación del Plan Ambiental Detallado (PAD), con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica.

El PAD es un instrumento de gestión ambiental complementario de carácter excepcional que considera los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales generados o identificados en el área de influencia de la actividad eléctrica en curso, y destinado a facilitar la adecuación de dicha actividad a las obligaciones y normativa ambiental vigentes.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N° 014-2023-EM que, entre otras disposiciones, establece un nuevo plazo para que los titulares que buscan acogerse al PAD comuniquen a la DGAAE dicha decisión, dentro de un plazo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la norma, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2023.

En el caso de las municipalidades y gobiernos regionales que requieran comunicar su acogimiento, el plazo para comunicarlo se extiende por el período de un año: hasta el 20 de agosto de 2024.

El MINEM informó que esta medida se adoptó porque, durante la elaboración de la norma, la DGAAE identificó 1,203 instalaciones eléctricas que no cuentan con instrumento de gestión ambiental y, dentro de este universo, 906 corresponden a municipalidades y gobiernos regionales, generalmente conformadas por redes eléctricas implementadas en condiciones precarias que no aseguran la calidad del servicio eléctrico.

A través de la presentación de este instrumento de gestión ambiental, se podrá sanear las redes rurales con la finalidad de transferir la infraestructura eléctrica a los concesionarios de distribución.

Cabe destacar que, el PAD busca promover la regularización ambiental de infraestructuras y componentes eléctricos implementados en todo el país, con la finalidad de incentivar el desarrollo sostenible en la operación de actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y mejorar la calidad del servicio, en beneficio de la población.