Si hubiera que elegir una iniciativa por la cual el gobierno de Pedro Castillo pasará a la historia, en medio de tantas medidas decepcionantes, esa sería la ley de impulso a la masificación del gas natural (P.L.679/2021), norma elogiada de forma casi unánime por los agentes del sector hidrocarburos.

Al menos, en su versión original.

Y es que, desde que el proyecto fue remitido al Congreso de la República, en noviembre de 2021, ha sufrido varias modificaciones que han desvirtuado su espíritu primigenio, cual es, dar a las regiones la misma oportunidad que tienen en Lima e Ica de «contar con un combustible barato para el transporte y los hogares», apunta Pedro Gamio, ex viceministro de Energía.

«Hablamos de pagar poco más de S/20 mensuales [por el servicio de gas natural] en vez de S/60 o S/70 por un balón de GLP. Esa es la gran diferencia», refiere el exfuncionario.

El problema es que esta diferencia es más acusada en Lima e Ica, regiones con grandes redes de ductos, que en las otras concesiones de gas natural , donde aplica el sistema de ‘gasoductos virtuales‘, el cual no es otra cosa que el transporte del gas natural licuefactado en camiones cisterna, logística que encarece las tarifas para los hogares e industrias.

Como consecuencia, existen «precios finales del gas natural muy diferentes a lo largo del territorio nacional», que crean desigualdad y un potencial desincentivo del consumo, indica el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De acuerdo a cifras del ministerio, el precio promedio del gas natural para un hogar limeño se ubica en US$11,2 por millón de BTU, mientras que la tarifa para el norte y el sur del país asciende a US$19,1 por millón de BTU.

Esto es, una diferencia de 70%. Y otro tanto ocurre con las tarifas industriales, que son dos veces más altas en el norte y casi tres veces mayores en el sur.

Idas y vueltas

Para eliminar estas distorsiones y promover la masificación del gas natural en las regiones el gobierno de Pedro Castillo remitió al congreso de la República el P. L. 679/ 2021, que busca dos objetivos principales refiere Renato lazo, director de energía ConTacto.

“Uno consiste en emplear los recursos del FISE, el SISE Y el canon para construir y extender las redes de gas natural. Y otro es que las regiones tengan la misma tarifa (tarifa nivelada) porque todas pagan más de lo que paga Lima, anota el especialista.

De esta manera, Lima dejará de ser la única gran beneficiada con el uso de dicho energético el más abundante y barato con que cuenta el Perú (ver infografía).

Hasta ahora, sin embargo, poco se ha pensado en este esfuerzo. Y la razón, explica Lazo, es que la Comisión de Energía y Minas del congreso viene demorando la aprobación del proyecto de ley con correcciones, muchas veces, innecesarias, Como aquella que proponía excluir de los alcances de la norma a los concesionarios privados, medida que dejaba de lado a todas las regiones con servicio de gas natural.

“Y otro absurdo fue el que limitó el beneficio a los usuarios más pobres, cuando se sabe que el mayor consumo [de gas natural] genera las economías de escala para financiar las conexiones de las familias humildes, ya que se trata de un subsidio cruzado”añade Pedro Gamio.

La más perjudicial, a entender de estos es la propuesta de la congresista Dina González (Avanza País), la cual limita la aplicación de la tarifa nivelada a los usuarios que consumen hasta 100,000 m³ de gas natural por mes.

Es decir a “los hogares alguno que otro comercio y a los usuarios de gas natural vehicular”, señala Walter Sciutto, gerente general de Contugas concesionario del gas natural para la región Ica.

Francis Paredes Castro, congresista de Perú libre, ha sido clara en señalar que el objetivo de esta propuesta es “evitar que las grandes empresas se beneficien de subsidio que se va a dar para masificar el uso del gas natural”.

En la práctica, sin embargo, esta novedad acarrearía adversas consecuencias para la competitividad de las regiones.

Lima versus regiones

Cabe recordar que el objetivo de la tarifa nivelada o estampilla es unificar las tarifas de todas las concesiones presentes y futuras para que sean igual de competitivas.

Para ello, la concesión que maneja el mayor volumen de gas natural, en este caso, la de Lima (Cálidda) subsidiará a las demás concesiones en un monto que no debe superar los US$40 millones anuales durante el primer cuatrienio, según estimaciones del Minem.

A entender de Erick García, el director general de hidrocarburos del Minem, esto es “poco para lograr la masificación del gas a nivel nacional”, sobre todo, si se compara con los US$300 millones o US$400 millones anuales que demanda el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

De acuerdo al Minem, esto se traducirá en incrementos anuales entre 0,6% y 2,04% para los usuarios del servicio del gas natural en Lima y Callao. Y en incrementos más pequeños y la tarifa nivelada se acota a los usuarios con menos de 10,000 m³ de consumo mensual.

Tal, podría decirse, es el lado positivo de la propuesta congresal. La cara negativa es que esta modificación “atenta contra el desarrollo regional y el impulso de la masificación del gas natural”, advierte Quavii, empresa concesionario por el norte del país.

¿Por qué la propuesta es negativa? En esencia apunta Víctor Murillo, ex viceministro de hidrocarburos, porque discrimina a las industrias del interior del país en relación a sus similares de Lima pues ponen inferioridad de condiciones aquellos que consumen más de 100,000 m³ por mes.

La consecuencia de esto señala, es que esas industrias no podrían acceder a la tarifa nivelada y, por tanto, no podrán replicar el precio más barato que se paga en la capital, por lo que “terminarán llegando a Lima o cerrando”.

Un segundo efecto negativo, agrega, es que la ausencia de grandes consumidores (o demandantes) imposibilitará que se generen las economías de escala que, a la larga, “pagan el consumo de los hogares haciendo que se amplíe la base”. Como ocurre en Lima.

Lo peor de todo, remarca lazo, es que no hay un estudio técnico que sustente que es mejor poner un techo de 100,000 m³ que uno es de 17,000 m³ o uno 900,000 m³.

“Esto va a generar mayor malestar social, sobre todo, en el sur del país, ahora que se está sacando a relucir el tema de la secesión”, refiere el especialista.

Juan Manuel Rojas, CEO de Quavii, ha señalado que la implementación de la tarifa nivelada, según el texto original posibilitará incrementar el número de conexiones domiciliarias en Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca de 230 mil a 470 mil al 2030.

Techo para el gas

Por estas consideraciones el Minem ha propuesto a la Comisión de energía y minas fijar el techo para la tarifa nivelada en 900 mil m³ mensuales.

Esto es, el límite que separa a los consumidores regulados (menos de 900 mil m³) de los consumidores libres (más de 900,000 m³), caso de los generadores termoeléctricos fundiciones y siderurgias.

Víctor Murillo, ex viceministro de hidrocarburos, considera, sin embargo, que esta sigue siendo una barrera discriminatoria que perjudica el desarrollo industrial descentralizado.

“Lo lógico es que se incorporen en la tarifa nivelada a todos los usuarios, libres y regulados, sin límites de consumo, porque eso es lo que se necesita para que la demanda de gas natural crezca. De lo contrario el Estado seguirá poniendo recursos”, concuerda Walter Sciutto.

Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), presidente de la Comisión de Energía y Minas, ha sido enfático en señalar que priorizará el dictamen congresal del P. L. 679, “incluyendo los aportes de la congresista Diana Gonzales”.

No obstante, dio conocer que la Comisión evaluará las recomendaciones del Minem. La versión final de dictamen será de batida el próximo miércoles 4 de enero con los aportes del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, y de representantes de los cines y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La masificación en el centro oriente del país

El uso del gas natural aporta grandes beneficios que, de haber sido aplicados con anticipación en las regiones más necesitadas del país, hubieran “atenuado a la conflictividad social que estamos viendo”, apunta Alvaro Ríos, socio fundador de Gas Energy.

Entre esos beneficios se encuentra en la creación de mano de obra, derivada de la construcción de redes de gas la disminución de los costos de energía para hogares y comercios y, “lo más importante, el establecimiento de nuevas industrias”, señala Ríos.

Entre esos beneficios se encuentra en la creación de mano de obra, derivada de la construcción de redes de gas la disminución de los costos de energía para hogares y comercios y, “lo más importante, el establecimiento de nuevas industrias”, señala Ríos.

De allí la importancia del proyecto de ley de impulso del gas natural que se debatiría este miércoles en el Congreso.

Como señalamos en este informe, el Legislativo afectado varias innovaciones al texto original, algunas que mejoran la norma y otras que la desvirtúan. Es el caso del techo de 100 mil m³ por el Caribe nivelada, y también de la propuesta que prioriza el otorgamiento de nuevas concesiones de gas natural “mediante concurso de las empresas públicas y privadas”.

Esto es lo contrario a lo señalado por el P. L. 679, el cual destaca la figura de encargaturas a las empresas públicas paréntesis (eléctricas y de hidrocarburos) para llevar el gas natural a las zonas donde se ha comprobado que las licitaciones internacionales no funcionan.

Es el caso de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac, puño y Ucayali, regiones donde la ausencia de demanda ancla (grandes industrias) frustró todos los concursos desarrollados por pro inversión, apunta Víctor Murillo, ex viceministro de hidrocarburos.

“El dictamen del congreso va a volver a hacer lo mismo que intento hacer ProInversión lo cual significa que pasarán otros 56 años en el intento de buscar inversionistas privados“, advierte el exfuncionario.

Por esta razón, Murillo recomienda incluir una disposición complementaria donde se señale que el Minen puede proceder con los encargos especiales en las regiones donde ya se hizo el trabajo de promover la inversión sin éxito. Un ejemplo es Ucayali, donde la eléctrica estatal Electro Ucayali ha mostrado su disposición de desarrollar la masificación.

Fuente: El Comercio