Masificar el gas natural sería clave para reducir el riesgo de desabastecimiento en regiones

El exviceministro de Energía Pedro Gamio planteó acelerar la masificación del gas natural como una alternativa para disminuir la dependencia de combustibles importados y prevenir problemas de abastecimiento en regiones como Ucayali, donde el incremento de los precios de los combustibles ha generado protestas.

Gamio sostuvo que los subsidios a los combustibles son medidas de carácter temporal, pues dependen de la disponibilidad de recursos públicos y no constituyen una solución sostenible a largo plazo. Explicó que el Estado asume parte de la diferencia entre el precio internacional y el precio de venta, mecanismo cuya continuidad está condicionada por la situación de las finanzas públicas.

Ante el contexto internacional y las presiones sobre los precios de la energía, el exviceministro consideró necesario que el Gobierno adopte medidas estructurales, entre ellas ampliar el acceso al gas natural en las regiones que todavía no cuentan con este recurso, más allá de Lima e Ica.

En ese sentido, propuso un plan nacional destinado a llevar el gas natural a siete regiones que, según indicó, han sido históricamente postergadas. Afirmó que, con una adecuada planificación, en un periodo de cinco años podría duplicarse el número de usuarios y reducirse la demanda de combustibles importados, aprovechando al mismo tiempo la producción nacional de gas.

Gamio remarcó que para concretar esta propuesta se necesita decisión política, planificación estratégica y capacidad técnica. Consideró que el próximo gobierno tendrá una oportunidad para impulsar una política energética de largo plazo y avanzar en la descentralización del acceso al gas natural.

Asimismo, cuestionó que se aprueben nuevas normas que incrementan el gasto público sin precisar las fuentes de financiamiento. Por ello, recomendó establecer cronogramas realistas para su aplicación, vinculados a la evolución de los ingresos del Estado.

Finalmente, el exviceministro expresó su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que permitan fortalecer la seguridad energética y reducir la vulnerabilidad de las regiones frente a las variaciones de los precios de los combustibles.