GLP
Nikitza Chávez, gerente legal de Solgas, destaca la necesidad de un marco normativo claro para las inversiones en infraestructura para el sector GLP
En el marco del panel “Enfoque normativo, seguridad y comercialización del GLP”, Nikitza Chávez, gerente legal de Solgas, reafirmó la importancia de establecer un paquete de incentivos que permita ampliar la infraestructura para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el Perú. Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar seguridad jurídica para fomentar la inversión privada en el sector.
Una demanda en constante crecimiento
Según Chávez, la demanda de GLP crecerá a una tasa del 4% en los próximos cinco años, alcanzando ya el 12% de la matriz energética del país. Actualmente, 28 millones de peruanos se benefician de esta energía limpia y de fácil acceso, lo que refuerza su importancia en el desarrollo del sector energético nacional.
Sin embargo, el abastecimiento del GLP ha enfrentado diversos problemas en los últimos años, como el oleaje anómalo, conflictos sociales y cierres de carreteras. A estos factores se sumó recientemente el bloqueo del canal de Panamá y el cierre de puertos, generando una crisis de suministro que evidenció la necesidad de mejorar la infraestructura del sector.
Un llamado a la acción normativa
Ante esta situación, Chávez advirtió sobre la existencia de «banderas rojas» que deben impulsar una acción normativa urgente. Es fundamental que el Estado implemente incentivos regulatorios y un paquete de medidas para destrabar inversiones, permitiendo que el sector privado desarrolle mayor infraestructura en hidrocarburos.
«Cualquier proyecto de infraestructura toma al menos cuatro años para entrar en funcionamiento, considerando los permisos regulatorios, ambientales y locales, lo que representa un desafío adicional para el desarrollo del sector», enfatizó.
Un enfoque más allá de soluciones temporales
Por otro lado, destacó la mención de Ricardo Villavicencio Ferro, representante del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), sobre la aplicación de un procedimiento más ágil para la exoneración de existencias. Si bien consideró positiva esta medida, advirtió que se trata de «una medicina a corto plazo».
Asimismo, cuestionó la propuesta de la Agencia de Inventarios de Combustibles (ACI), argumentando que su regulación actual no brinda seguridad jurídica para las inversiones privadas. «No queda claro cómo funcionará la ACI, y dejar detalles cruciales para su reglamentación genera incertidumbre», afirmó. Además, consideró que esta iniciativa requiere un estudio más profundo para evitar riesgos en su aplicación.
La urgencia de un mensaje claro por parte del Estado
Finalmente, Chávez instó a que se establezcan mesas técnicas para debatir un paquete de incentivos con un mensaje claro del Estado. Esto permitiría a las empresas contar con un marco de confianza que impulse nuevas inversiones en infraestructura.
«Es fundamental que se garantice seguridad jurídica para que el sector privado pueda contribuir al desarrollo del mercado del GLP en el Perú, asegurando un abastecimiento estable y confiable para millones de peruanos», concluyó.
En ese sentido, la urgencia de una política clara y estable es clave para el crecimiento del sector y la seguridad energética del país.
