La propuesta busca llevar gas natural a 15 localidades de siete regiones, pero el regulador advierte diferencias entre las viviendas potencialmente beneficiadas y las conexiones efectivamente comprometidas.

La ampliación de la distribución de gas natural hacia 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país enfrenta observaciones de Osinergmin. El proyecto impulsado por Cálidda contempla la construcción de más de 3.700 kilómetros de redes y una inversión cercana a los US$600 millones para extender el acceso al gas natural proveniente de Camisea.

La iniciativa comprende zonas de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, donde una parte importante de los hogares continúa utilizando balones de gas para sus actividades domésticas.

El proyecto contempla plantas de regasificación, infraestructura de distribución y conexiones domiciliarias. Según Cálidda, las obras serían ejecutadas sin recursos públicos y permitirían reducir el gasto energético de las familias y empresas de las zonas beneficiadas.

La propuesta forma parte de un proceso de ampliación de la concesión que se inició en 2013. Además de extender la distribución hacia nuevas regiones, la adenda plantea ampliar por 10 años la concesión que Cálidda mantiene en Lima y Callao. De aprobarse, el contrato pasaría de vencer en 2033 a extenderse hasta 2043.

Regulador advierte diferencia entre redes y conexiones efectivas

Uno de los principales puntos observados por Osinergmin es la diferencia entre el número de viviendas que podrían encontrarse dentro del área de influencia de las redes y aquellas que realmente tendrían una conexión domiciliaria.

El proyecto estima un universo de aproximadamente 300.000 hogares potencialmente atendibles y establece como compromiso mínimo unas 200.411 conexiones en las 15 localidades.

Para el regulador, esta diferencia plantea interrogantes respecto al nivel de masificación que realmente alcanzaría el proyecto. La instalación de una red frente a una vivienda no significa necesariamente que el inmueble disponga de gas natural, pues se requiere una conexión domiciliaria que permita utilizar el servicio.

El informe técnico de Osinergmin señala que en determinadas localidades la cobertura comprometida sería reducida. En Huancavelica, Huamanga, Curimanay y Quillabamba, por ejemplo, las conexiones previstas representarían menos del 30% de las viviendas consideradas en las áreas analizadas.

De esta manera, una parte de los hogares podría tener infraestructura de gas natural cercana, pero no necesariamente acceso efectivo al servicio durante los primeros años de operación.

La expansión busca reducir el uso de balones de gas

La propuesta también está vinculada con el objetivo de disminuir la dependencia de los balones de gas en las regiones comprendidas. En varias de estas zonas, el abastecimiento de combustibles depende del transporte terrestre, lo que puede incrementar los costos de distribución, especialmente en localidades alejadas.

Los usuarios esperan que la llegada del gas natural contribuya a reducir sus gastos energéticos y facilite el acceso a un combustible distribuido mediante redes. También se plantea como una alternativa frente a las dificultades asociadas al traslado, almacenamiento y manipulación de balones.

Cálidda ha indicado que la primera etapa de la expansión podría beneficiar a alrededor de 1,2 millones de personas. Asimismo, estima que el costo del servicio para los usuarios sería cercano a S/20, frente a un gasto aproximado de S/60 por un balón de gas.

La empresa también sostiene que ha respondido a las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación y considera que la aprobación de la adenda permitiría avanzar con las obras.

Extensión de la concesión en Lima genera debate sobre las tarifas

Otro de los aspectos centrales analizados por Osinergmin es la ampliación de la concesión de Cálidda en Lima y Callao hasta 2043.

El organismo regulador ha expresado reparos sobre la posibilidad de extender durante otros 10 años el régimen de remuneración asociado a la infraestructura existente. Según su análisis, parte importante de las inversiones realizadas en el sistema de distribución ya habría sido recuperada mediante las tarifas pagadas por los usuarios.

En ese contexto, Osinergmin advierte sobre un eventual escenario de doble remuneración si se prolonga el esquema tarifario después de 2033. El planteamiento considera que, al finalizar la concesión original, los activos reconocidos mediante las tarifas deberían revertir al Estado bajo las condiciones correspondientes, evitando que los usuarios asuman nuevamente costos por infraestructura ya remunerada.

El regulador también ha planteado interrogantes sobre la recuperación de las inversiones adicionales que demande la expansión regional, considerando la diferencia entre el número de hogares potencialmente beneficiarios y las conexiones que Cálidda se compromete a realizar.

Especialistas plantean separar la expansión regional de la concesión de Lima

Durante el debate sobre la propuesta, especialistas han comparado las inversiones previstas para las siete regiones con el valor de los activos vinculados al sistema de distribución de Lima.

Una parte de las nuevas obras regionales contempla inversiones cercanas a los US$300 millones, mientras que la infraestructura de distribución asociada a Lima tendría un valor estimado de alrededor de US$2.500 millones.

El exviceministro de Energía Pedro Gamio planteó que la expansión del gas natural hacia las siete regiones podría desarrollarse mediante procesos de licitación impulsados por el Estado, sin necesidad de vincularla con la ampliación de la concesión de Lima y Callao.

Desde otra perspectiva, los defensores de la adenda sostienen que el eventual efecto sobre las tarifas de los usuarios limeños sería limitado y que el mecanismo podría utilizarse como una forma de financiar la expansión del servicio hacia otras regiones.

El punto de discusión está en determinar cómo se distribuirán los costos de las nuevas inversiones y qué condiciones deberán cumplirse para garantizar que los beneficios de la expansión regional se traduzcan en conexiones efectivas.

MINEM deberá evaluar las observaciones antes de decidir

La decisión sobre la modificación contractual corresponde al Ministerio de Energía y Minas, que deberá analizar las observaciones técnicas y económicas formuladas durante el proceso.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, había señalado que la firma de la adenda podría producirse en octubre, aunque ello dependerá de la culminación de las evaluaciones y opiniones pendientes dentro del Ejecutivo.

Entre los aspectos que deberán definirse figuran el número de conexiones que Cálidda deberá ejecutar en cada localidad, los cronogramas de construcción y los mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de las metas.

También será necesario establecer qué medidas se aplicarán ante eventuales incumplimientos y cómo se garantizará que las redes construidas sean acompañadas por un número suficiente de usuarios conectados.

La evaluación del Ejecutivo determinará las condiciones bajo las cuales se desarrollará la expansión del gas natural en las siete regiones y, al mismo tiempo, establecerá el marco contractual y tarifario que regirá para los usuarios de Lima y Callao durante el periodo comprendido entre 2033 y 2043.