CIADI suspende laudo arbitral que favorecía a ENAGÁS por el caso Gasoducto Sur Peruano

La Comisión Especial que representa al Estado peruano en Controversias Internacionales de Inversión informó que el pasado 2 de junio de 2025, la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) notificó el registro oficial de la solicitud de anulación del laudo arbitral emitido el 20 de diciembre de 2024 en el caso CIADI ARB/18/26, relacionado con el consorcio Gasoducto Sur Peruano S.A. (GSP).

El Gobierno del Perú, junto con su equipo legal del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, cuestiona la decisión del tribunal arbitral por excluir “extensa prueba” que demostraría una conducta criminal durante la adjudicación del megaproyecto de infraestructura. Según el pronunciamiento oficial, dicha exclusión socava el derecho del Estado a defenderse frente a reclamaciones que involucran actos de corrupción.

En paralelo, las empresas demandantes solicitaron una rectificación del laudo, alegando un error en la metodología de cálculo de los daños. El 23 de mayo de 2025, el CIADI comunicó que el tribunal —por mayoría y con un voto disidente— aceptó dicha rectificación, lo que resultó en un incremento de la indemnización a su favor.

Frente a ello, el Estado peruano presentó el pasado 30 de mayo la solicitud de anulación del laudo y pidió, además, la suspensión de su ejecución. La aceptación del registro de esta solicitud por parte del CIADI marca el inicio de un nuevo capítulo en esta controversia internacional.

Según la Comisión Especial, esta acción busca salvaguardar la integridad del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados, así como los principios del derecho internacional público y las políticas públicas de lucha contra la corrupción.

“El inicio del procedimiento de anulación representa la continuación de una búsqueda incansable del Estado peruano por una adecuada administración de justicia”, subraya el comunicado oficial.

La Comisión y el equipo legal continuarán adoptando todas las medidas necesarias para defender los intereses del Perú en este procedimiento.