La intervención de un representante de ProInversión en determinadas reuniones del Directorio de Petroperú ha generado preocupación dentro de la empresa estatal, principalmente por el acceso a información financiera, comercial y estratégica de carácter sensible.

La situación ocurre mientras ProInversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), participa en procesos relacionados con la reestructuración financiera de Petroperú, la administración de mecanismos de financiamiento y la evaluación de activos estratégicos.

Uno de los puntos que aún genera interrogantes es el destino y detalle de los recursos obtenidos mediante el crédito puente internacional. Aunque inicialmente se anunció un financiamiento de hasta US$500 millones, Petroperú recibió US$475 millones. Según ProInversión, la diferencia de US$25 millones corresponde a los costos financieros de la operación.

¿Qué resultados ha conseguido Petroperú con las medidas extraordinarias?

Hasta el momento, dos hechos destacan dentro de las acciones adoptadas para enfrentar la situación financiera de la petrolera estatal.

El primero fue el retiro de UNNA Energía del procedimiento concursal que había iniciado contra Petroperú ante Indecopi. El segundo corresponde al desembolso de los primeros recursos del esquema de financiamiento internacional, que contempla una operación de hasta US$2.000 millones con respaldo del Estado.

El retiro del proceso concursal evitó que la empresa estatal enfrentara una junta de acreedores con capacidad para intervenir en decisiones relacionadas con su control. A su vez, el crédito permitió reducir la presión inmediata sobre la liquidez de Petroperú.

Sin embargo, todavía no se ha presentado públicamente un balance integral que detalle cuánto se ha obtenido mediante la monetización de activos, qué inversiones privadas se han concretado, cuáles han sido los ahorros operativos y qué recursos netos permanecen disponibles después de los costos asociados al financiamiento.

En el caso de UNNA Energía, el retiro del procedimiento también estuvo relacionado con las obligaciones contempladas en el contrato de Recepción, Almacenamiento y Despacho (RAD). Las medidas destinadas a ordenar los pagos y ampliar la capacidad de almacenamiento contribuyeron a resolver el conflicto que había llegado a Indecopi.

La participación de ProInversión en las reuniones del Directorio

Las medidas aplicadas para enfrentar la crisis de Petroperú se sustentan, entre otros instrumentos, en los decretos de urgencia 010-2025 y 003-2026, emitidos con el objetivo de atender los problemas de liquidez, garantizar el abastecimiento de combustibles y evitar un deterioro mayor de la empresa.

Estas disposiciones también otorgaron a ProInversión un papel en la estructuración financiera, los fideicomisos y la evaluación de determinados activos de Petroperú.

En ese contexto, Jorge Luis Ramos Felices participa en determinadas sesiones del Directorio como representante de ProInversión. Ramos Felices anteriormente integró el Directorio y el Comité de Auditoría y Control de Petroperú.

Su participación no significa que forme parte actualmente del Directorio ni que tenga facultades para reemplazar a la Gerencia General. No obstante, su presencia en reuniones donde pueden analizarse asuntos como flujo de caja, adquisición de crudo, contratos, financiamiento y activos estratégicos ha generado cuestionamientos sobre el alcance de su intervención.

ProInversión explicó a Infobae Perú que la participación de su representante se produce a solicitud del Directorio de Petroperú cuando se abordan asuntos vinculados con la reestructuración de la empresa y que dicha intervención se encuentra comprendida dentro del marco establecido por el DU 010-2025.

Petroperú, por su parte, precisó que Ramos Felices participa como consultor designado por ProInversión y que su incorporación se originó en una solicitud formal realizada por la anterior Presidencia del Directorio, y no por el actual presidente de la empresa, Oliver Stark.

Persisten, sin embargo, interrogantes sobre el alcance concreto de su participación: qué información puede revisar, a qué documentos tiene acceso y bajo qué reglas de confidencialidad interviene en las sesiones.

¿Qué ocurrió con los US$25 millones del crédito?

Uno de los puntos que ha generado mayor interés es la diferencia entre los US$500 millones anunciados inicialmente y los US$475 millones finalmente desembolsados a Petroperú.

ProInversión confirmó que los US$25 millones corresponden a los costos financieros asociados con la operación. No obstante, no se ha hecho público un desglose detallado que permita conocer cuánto corresponde a comisiones, garantías, honorarios, gastos legales u otros conceptos.

Tampoco se ha precisado públicamente cuál fue el monto neto efectivamente disponible para Petroperú después de aplicar estos descuentos.

La operación financiera adquiere mayor relevancia debido a que, paralelamente, ProInversión participa en la evaluación de activos estratégicos de la estatal, entre ellos los Terminales del Sur, el Oleoducto Norperuano y el Lote 64.

Evaluación de activos y participación privada

El Lote 64 ya se encuentra dentro de la estrategia de búsqueda de un operador privado. Petroperú ha planteado incorporar un socio y transferir parte de su participación contractual, con el propósito de distribuir los riesgos y las necesidades de inversión.

Los Terminales del Sur presentan un escenario diferente. Durante 2026, Petroperú contrató un servicio de operación por tres años, por lo que cualquier eventual esquema de asociación o concesión tendría que considerar las condiciones de ese contrato y determinar el beneficio económico para la empresa.

En cuanto al Oleoducto Norperuano, su importancia radica en que permite transportar crudo desde la Amazonía hacia la costa norte. Cualquier modificación en su esquema de operación requeriría considerar las inversiones pendientes, los gastos de mantenimiento, los ingresos previstos y el nivel de participación que conservaría Petroperú.

Hasta ahora no se ha publicado una evaluación comparativa que permita conocer cuánto valor generaría cada activo bajo administración directa de Petroperú frente a un eventual esquema de asociación privada, ni cuáles serían los riesgos y beneficios económicos de una transferencia de derechos.

El proceso también está bajo revisión del Tribunal Constitucional

La reorganización financiera y patrimonial de Petroperú continúa mientras el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia 010-2025.

La Defensoría del Pueblo cuestionó determinadas disposiciones de la norma al considerar que podrían afectar el artículo 60 de la Constitución, el principio de jerarquía normativa y el régimen especial de Petroperú.

A este proceso se sumó una demanda presentada por la Municipalidad Provincial de Talara, que fue acumulada al expediente por decisión del Tribunal Constitucional el 25 de mayo.

Hasta el momento, el máximo órgano constitucional no ha emitido una sentencia de fondo sobre las facultades extraordinarias que sustentan parte de la intervención de ProInversión.

Mientras el proceso continúa, los mecanismos establecidos mediante los decretos de urgencia siguen aplicándose. Esto incluye las medidas relacionadas con el financiamiento, los fideicomisos y la evaluación de activos estratégicos de Petroperú.

El desarrollo del proceso constitucional será relevante para determinar el alcance y continuidad de algunas de estas medidas, especialmente aquellas que involucren compromisos sobre activos, flujos futuros o acuerdos con inversionistas privados.