La empresa señaló que la investigación comenzó en 2022 y que el informe final, presentado en mayo de 2025, no encontró evidencia concluyente de sobornos ni de direccionamiento de procesos de contratación.

Petroperú se pronunció sobre las informaciones difundidas por el programa Punto Final de Latina Televisión respecto a los servicios contratados al estudio internacional de abogados Paul Hastings LLC y explicó el origen, alcance y conclusiones de la investigación realizada.

Según la empresa estatal, el proceso se inició en 2022, luego de que Raymond Kohutt, vinculado a la compañía Gunvor S.A., reconociera ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos a funcionarios de Petroecuador. Ante este escenario, Petroperú decidió contratar de manera preventiva a Paul Hastings LLC para investigar posibles riesgos de corrupción relacionados con sus operaciones comerciales con Gunvor y Vitol entre 2015 y 2021.

El informe final del estudio jurídico, emitido en mayo de 2025, concluyó que no se encontró evidencia clara de la existencia de un esquema de intercambio de beneficios o quid pro quo, ni de infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos.

Asimismo, de acuerdo con Petroperú, la investigación no identificó indicios de conductas criminales, acuerdos destinados a direccionar licitaciones o acciones de favorecimiento hacia Gunvor o Vitol por parte de trabajadores de la empresa.

Petroperú también indicó que los documentos elaborados por Paul Hastings LLC están protegidos por el denominado Privilegio Legal, correspondiente al secreto profesional entre abogado y cliente bajo la legislación estadounidense. En ese sentido, sostuvo que la divulgación pública del informe durante la anterior administración afectó dicha protección.

Auditoría de la Contraloría

La empresa estatal añadió que las conclusiones del estudio jurídico guardan relación con el Informe de Auditoría N.° 003-2023-2-0084-AC, elaborado en 2023 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría General de la República respecto de las contrataciones realizadas con Gunvor durante el periodo 2013-2021.

Según Petroperú, dicho informe tampoco estableció responsabilidad administrativa, civil o penal contra trabajadores de la compañía.

A partir de las recomendaciones formuladas tanto por el OCI como por Paul Hastings, Petroperú aseguró haber puesto en marcha medidas de remediación destinadas a reforzar sus mecanismos de prevención y control frente a riesgos de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno.

Finalmente, la empresa reafirmó que continuará fortaleciendo sus sistemas internos de integridad, transparencia y prevención, además de implementar mejoras en sus procesos para reducir riesgos y evitar conductas que contravengan sus principios institucionales y la normativa vigente.

Petroperú también remarcó que mantendrá un manejo responsable de la información que se encuentre protegida por el Privilegio Legal y que cumplirá las disposiciones aplicables a este tipo de documentación.

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