Poder Judicial debe evaluar y mitigar consecuencias de fallo judicial que anula contrato de hidrocarburos en el lote 116 y viola el marco jurídico.

iPRESS|La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) considera que el fallo que anula el contrato del lote 116, configura un grave precedente que viola el marco jurídico peruano al aplicar con retroactividad la Ley 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Reconocido en el Convenio 169 de las Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigencia recién a fines del año 2011.

Esta sentencia pasa por alto el mandato del artículo 103° de la Constitución Política, que establece claramente que las leyes son aplicables desde su entrada en vigencia y no tienen fuerza ni efectos retroactivos, salvo en algunos casos en materia penal.

La SPH exhorta al Poder Judicial a poner atención a este fallo, medir su impacto y adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir sus consecuencias, que ponen en riesgo la vigencia de los contratos de hidrocarburos y mineros firmados por el Estado antes del 2011.

Nuestro gremio es respetuoso del cumplimiento de la consulta previa y la cree necesaria, pero considera indispensable que ésta se ciña al marco jurídico peruano, tal como ha ocurrido con su correcta aplicación por Perúpetro para las licitaciones de lotes de hidrocarburos a partir del 2011.

Además insistimos en nuestra solicitud al gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski para que cumpla con su compromiso de atender la grave crisis que afecta al sector hidrocarburos, la cual ha puesto en riesgo la seguridad energética del Perú al hacerlo cada vez más dependiente de la importación de combustible.

La pérdida de divisas no es una política adecuada, hagamos que esos recursos se queden en nuestro país y generen riqueza y empleo para los peruanos.

Requerimos más de 250 mil BDP al día, pero apenas producimos 40 mil, la cifra más baja de los últimos siete años.

A pesar de que el Perú tiene importantes recursos hidrocarburíferos, no hay nuevos proyectos de exploración y explotación para petróleo y gas, y los que están en marcha se encuentran en riesgo, debido principalmente a una regulación que nos impide ser competitivos, una burocracia indolente y una tramitología paralizante que nos pone en desventaja frente a otros países.

La industria de hidrocarburos paga canon y regalías que son ingresos vitales para las regiones productoras como Piura, que ahora requiere recursos para reconstruir su economía. Está en sus manos señor Presidente que estos recursos aumenten y además, a través de un plan de desarrollo beneficien a estas regiones.

Es tiempo de que el gobierno pase de las palabras a la acción e implemente en el plazo inmediato las medidas necesarias para salvar al sector.