“Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal: el principal reto es técnico y financiero, pues resulta difícil garantizar que los equipos cumplan con los estándares de seguridad requeridos y que exista financiamiento para una inversión de esta magnitud”, opina María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil.

En una ceremonia en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar aseguró que durante su gobierno tomaría las medidas necesarias para destrabar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Como peruana y conocedora de la falta de infraestructura en el sector energético del país, sería la primera en celebrar que finalmente se puedan instalar sistemas que nos permitan llevar el gas natural al sur del país. Sin embargo, creo que vale la pena recordar la historia del proyecto del GSP.

El GSP fue concebido como una infraestructura estratégica orientada a transportar gas natural desde Camisea hacia el sur del país con el objetivo de masificarlo. En el 2013 se inició la licitación y en junio de 2014 fue adjudicado, resultando ganador el Consorcio conformado por Odebrecht y Enagás. El monto del proyecto ascendió aproximadamente a US$ 7.300 millones, cubriendo la construcción y operación por un periodo de 34 años. Las obras se iniciaron en 2015, con avances en ingeniería, adquisición de materiales y construcción de los primeros tramos. En enero de 2017, el proyecto fue cancelado por el gobierno de aquel entonces, debido principalmente a la incapacidad del Consorcio para obtener el financiamiento tras los escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht. Como consecuencia de la cancelación, todos los activos del proyecto –que consistían en materiales, tuberías, maquinaria pesada, terrenos y documentos técnicos de ingeniería– pasaron a custodia del Estado. En paralelo, las empresas del Consorcio iniciaron arbitrajes internacionales contra el Estado. Al momento de la cancelación, el proyecto tenía cerca de 20% de avance, una inversión estimada de US$ 250 millones y obras parciales, pero ninguna sección operativa del gasoducto estaba concluida.

Hasta hoy, el Estado ha destinado cerca de US$ 400 millones al mantenimiento de los bienes bajo su custodia y continúa defendiendo sus intereses en los arbitrajes en curso, uno de los cuales ya habría sido resuelto con un laudo superior a US$ 300 millones a favor de una de las demandantes.

Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal: el principal reto es técnico y financiero, pues resulta difícil garantizar que los equipos cumplan con los estándares de seguridad requeridos y que exista financiamiento para una inversión de esta magnitud.

Tal vez, en lugar de tratar de destrabar un proyecto tan complejo, este Gobierno de transición podría enfocar sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto de las siete regiones, el cual contaría con financiamiento privado, se encuentra en la última etapa de evaluación para su implementación y sería un primer paso para llevar el gas al sur, el mismo que más adelante podría complementarse con sistemas de transporte como el GSP cuando éste finalmente pueda ser destrabado.

• Nueva tarifa también beneficiará a las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Miles de organizaciones sociales de Lima, Callao e Ica que utilizan gas natural, como comedores populares, comités de vaso de leche y ollas comunes, podrán reducir sus gastos mensuales luego de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobara su recategorización a una tarifa más económica.

La medida también beneficiará a las entidades de atención de emergencias y a las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ubicadas en estas regiones.

Con esta decisión, organizaciones sociales como comedores populares, comités de vaso de leche, ollas comunes, clubes de madres, centros materno-infantiles y cocinas familiares, así como las compañías de bomberos de Lima, Callao e Ica, pasarán a la categoría tarifaria IP, correspondiente a Instituciones Públicas.

Esta recategorización les permitirá acceder a mejores condiciones tarifarias para el uso del gas natural, lo que representará un ahorro estimado superior al 50% en comparación con otros combustibles sustitutos, principalmente el balón de GLP.

La medida fue adoptada tras un análisis técnico realizado por Osinergmin, con el objetivo de facilitar el acceso al gas natural a entidades que brindan apoyo alimentario y bienestar a poblaciones vulnerables, así como al vital rol que desempeña el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en pro de la seguridad pública.

Osinergmin tiene la función de fijar las tarifas de gas natural para los usuarios regulados, garantizando que este servicio se brinde de manera continua, segura y a precios justos para la población. Asimismo, su labor reguladora contribuye a promover la expansión del gas natural y la mejora permanente de la calidad del servicio.

● La medida permitirá reducir en 32% el costo del servicio y destinar más recursos a la alimentación de poblaciones vulnerables.

Lima, 6 de mayo de 2026.- Cálidda informó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó la recategorización de 2,250 comedores populares a la categoría tarifaria IP (Instituciones Públicas), lo que les permitirá acceder a una tarifa más económica de gas natural.

La medida, que entra en vigencia este año, representa un ahorro aproximado del 32% en la facturación mensual de estos espacios, recursos que podrán destinarse a mejorar la calidad y cantidad de los alimentos que brindan a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

En el Perú existen más de 13,000 comedores populares, de los cuales más de 3,500 operan en Lima y Callao. Estos cumplen un rol clave en la seguridad alimentaria, atendiendo principalmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Esta recategorización reconoce el esfuerzo y la labor invaluable que realizan los comedores populares todos los días. Sabemos que cada ahorro cuenta para que puedan seguir sosteniendo este trabajo tan importante, y por eso reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyándolos para que continúen cumpliendo su misión”, señaló Martín Mejía del Carpio, director general de la empresa distribuidora de gas natural en Lima y Callao.

Desde hace más de diez años, la compañía impulsa el programa Comedores Cálidda, a través del cual ha conectado gratuitamente a 923 comedores populares al cierre de 2025, además de incorporar 1,280 adicionales no registrados previamente en el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). En conjunto, estos espacios benefician a más de 200,000 personas.

Asimismo, desarrolla acciones complementarias como el mejoramiento de infraestructura, capacitación y orientación en nutrición y salud, contribuyendo al fortalecimiento de estos centros comunitarios. Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la equidad social, promoviendo el acceso a energía que contribuya a mejorar la calidad de vida de más peruanos.