Promigas inicia proceso formal contra el Estado por resolución tarifaria que desconoce sus inversiones

Promigas Perú anunció que iniciará la etapa de trato directo con el Estado —primer paso para un posible arbitraje internacional— tras la publicación de una resolución tarifaria de Osinergmin que, según la empresa, desconoce inversiones, costos operativos y criterios técnicos fundamentales para el servicio de distribución de gas natural.

La controversia se originó luego de que Osinergmin emitiera una resolución tarifaria que, de acuerdo con Miguel Maal, gerente de Promigas Perú, no reconoce inversiones ejecutadas ni costos reales del sistema, pese a que estos fueron presentados formalmente al regulador como parte del plan de inversión y del plan operativo.

Según Maal, la tarifa aprobada es “sustancialmente más baja” porque se ha calculado sobre la base de una demanda inexistente y criterios que —asegura— no siguen principios técnicos.

“Hemos perdido total predictibilidad. Son temas técnicos que pueden verificarse en campo, pero se han obviado y se han calculado tarifas de manera arbitraria”, señaló.

La empresa considera que dicha resolución afecta señales regulatorias esenciales para una actividad de largo plazo como la distribución de gas natural.

Sin respuesta de Osinergmin ni del MEF

Promigas ya culminó la etapa administrativa ante Osinergmin sin obtener una solución. La discusión pasó al SICRECI, comisión del Ministerio de Economía encargada de controversias con inversionistas.

Aunque han ocurrido reuniones iniciales, Maal afirma que no hay ninguna respuesta concreta para resolver el problema y evitar un conflicto mayor.

“El Estado es uno solo y debe comportarse como tal. No puede haber decisiones técnicas sin coherencia ni unidad de criterio”, indicó.

Para la empresa, la falta de avances está generando un riesgo inmediato: la paralización de inversiones por US$ 400 millones y el freno de más de 300.000 futuras conexiones domiciliarias en la región.

El camino que sigue Promigas

Promigas asegura que propuso alternativas técnicas y regulatorias al Estado, pero al no recibir respuesta se ve obligada a iniciar la etapa de trato directo, mecanismo previsto en los tratados de inversión.

Esta fase, que dura al menos seis meses, busca:

• Evaluar soluciones negociadas.
• Revisar la metodología tarifaria.
• Restablecer criterios técnicos verificables.
• Asegurar el reconocimiento de inversiones eficientes.

Si no se alcanza un acuerdo, Promigas quedaría habilitada para iniciar un arbitraje internacional.

“No queremos detener inversiones ni el desarrollo regional, pero la situación se nos escapa de las manos”, remarcó Maal.

Fuente: El Comercio