Proponen duplicar del 5% al 10% la participación de utilidades de los trabajadores del sector eléctrico

El Pleno del Congreso está próximo a votar en segunda instancia un dictamen que propone duplicar del 5% al 10% la participación de utilidades de los trabajadores del sector eléctrico. Aunque la medida busca mejorar los ingresos de miles de colaboradores, distintos actores advierten que podría generar consecuencias económicas y sociales que van más allá del ámbito laboral, por lo que la iniciativa debería regresar a la Comisión de Energía y Minas para su evaluación.

Desde el frente económico, el Ministerio de Economía (MEF) ha señalado que el incremento no responde a mejoras de productividad ni está respaldado en evidencia técnica. A su juicio, elevar este beneficio encarecería los costos laborales no salariales, reduciendo la capacidad de las empresas para invertir en ampliación de redes, mantenimiento y modernización de infraestructura. Ello tendría un efecto directo en la sostenibilidad financiera de las compañías y, en consecuencia, en la calidad y cobertura del servicio eléctrico que llega a los hogares.

En lo laboral, especialistas han advertido que el dictamen podría tener un impacto contrario al esperado. Al aumentar los costos fijos, las empresas tenderían a contener la contratación de personal o a limitar incrementos salariales. Esto afectaría especialmente a nuevos trabajadores o a quienes aún no participan del reparto de utilidades, generando un efecto regresivo en la creación de empleo formal.

Costo para usuarios

En el plano social, el riesgo es que los costos de esta decisión terminen trasladándose indirectamente a los usuarios, ya sea por mayores tarifas o por una menor capacidad de expansión hacia zonas rurales y comunidades que aún esperan acceder al servicio eléctrico. Una menor inversión también pondría en riesgo la seguridad y confiabilidad del sistema en un contexto de creciente demanda de energía.

Además, gremios empresariales han advertido que la iniciativa afectaría la percepción de estabilidad regulatoria en el país. Esto podría reducir el atractivo del sector eléctrico para nuevos capitales, en un momento en que el Perú requiere inversiones sostenidas para cerrar brechas de infraestructura y avanzar en la transición energética.

Por tanto, el debate no se limita a una mejora inmediata en la distribución de utilidades, sino que plantea un dilema de largo plazo: cómo equilibrar los beneficios laborales con la necesidad de asegurar un sector eléctrico sólido, capaz de sostener la competitividad económica y garantizar un servicio de calidad a la población.

Posición

Arturo Vásquez

Exviceministro de Energía

Esta medida beneficiaría a menos de 7,000 trabajadores del sector eléctrico, muchos de los cuales ya reciben el tope legal de 18 sueldos por utilidades, sumados a los 15 sueldos que se pagan normalmente en el Perú. Es decir, estamos ante un grupo que, en algunos casos, percibe hasta 33 sueldos anuales, una cifra impensable para el trabajador promedio.

Jorge Toyama

Socio de Vinatea & Toyama

Las utilidades no deben repartirse únicamente por asistir al trabajo, sino en función del rendimiento y aporte de cada trabajador a la empresa. El proyecto plantea un mayor porcentaje de distribución porque las utilidades del sector han aumentado, pero este incremento ya beneficia a los trabajadores al recibir montos más altos.

César Puntriano

Socio de Estudio Muñiz

Quienes ganan más tienen más responsabilidades, por ello, reciben más utilidades. No le veo sentido subirle el porcentaje de reparto a las empresas eléctricas; en todo caso, deberían establecerse diferencias según el tamaño de las empresas. No se puede extender una misma medida a todas las compañías.