¿Qué pasaría si se repite el incidente del desabastecimiento de gas natural por un mes?

La reciente fuga en uno de los ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP) paralizó industrias y tensionó el abastecimiento de gas natural en el país. El incidente, que afectó la línea que transporta el recurso desde la planta Malvinas (Cusco) hacia Lurín y Cañete, puso sobre el tapete una pregunta inevitable: ¿qué pasaría si Camisea dejara de operar no por días, sino por meses?

La respuesta no solo involucra al gas, sino también a la electricidad, el transporte, la industria y los precios. El impacto económico sería de gran envergadura, considerando que Camisea abastece el 96% del mercado nacional de gas natural, el 70% del GLP y cerca del 40% de la generación eléctrica del país, según datos de Pluspetrol, operador del consorcio.

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, afirmó que, paradójicamente, Camisea transformó al Perú, pero también lo volvió dependiente de un solo sistema de transporte energético.

«Un problema con el único ducto dejaría al país en una situación muy difícil”, advirtió en una entrevista para la plataforma Hablemos de Energía. El exfuncionario explicó que, durante años, el país construyó competitividad y energía barata sobre una fuente que nunca fue reemplazada ni diversificada suficientemente.

Antes de Camisea, la matriz energética peruana dependía principalmente de las hidroeléctricas y el petróleo. El descubrimiento y posterior explotación del yacimiento cambió el panorama, convirtiendo al proyecto, desde su puesta en operación en 2004, en el principal motor energético del país.

La operación
La explotación de los yacimientos de gas natural está a cargo del Consorcio Camisea, cuyo operador es Pluspetrol. El hidrocarburo llega desde los lotes 88 y 56, ubicados en Cusco, hasta la planta Malvinas, donde se separa el gas seco de los líquidos de gas natural (LGN).

Luego, ambos productos son transportados por ductos paralelos que atraviesan la selva y los Andes hasta la costa, para abastecer a hogares, industrias, centrales eléctricas y plantas de fraccionamiento de GLP. El transporte por ductos está a cargo de TGP.

Según Pluspetrol, a la fecha, Camisea ha permitido generar ahorros por S/474,000 millones en sectores como transporte, generación eléctrica, industrias, comercios y el sector residencial. Adicionalmente, la operación ha acumulado inversiones por S/17,000 millones, además de generar S/67,000 millones en regalías y S/33,000 millones transferidos al Cusco por concepto de canon gasífero.

Sin embargo, el éxito del proyecto creó una dependencia estructural que ya no se limita al ducto, sino que alcanza a las propias reservas. “Da la impresión de que como país nos quedamos en 2004, cuando se abrió la llave, y asumimos que el gas nos resolvería la vida para siempre”, señaló Germán Álvarez, vicepresidente de Operaciones y Servicios Integrados de Pluspetrol.

De acuerdo con la empresa, el lote 88 —destinado íntegramente al mercado local— tiene alrededor de 16 años de vida remanente de producción bajo las condiciones actuales. Esta cifra no significa que el recurso desaparezca automáticamente en 2040, pero sí obliga a planificar el escenario posterior. “Estamos llegando al punto de inflexión. Hay que ocuparse, no solo preocuparse”, advirtió Álvarez.

Herrera Descalzi coincide en que el problema central no es solo cuánto gas queda, sino que el país no construyó una política energética de largo plazo. A su juicio, el Perú dejó de planificar hace más de una década y convirtió el gas en un botín político antes que en un activo estratégico.

La masificación refleja parte de esa deuda. Aunque el gas llegó a Lima y a algunas regiones, muchas ciudades siguen esperando redes domiciliarias. Incluso Cusco, la región productora, no cuenta con un ducto de distribución convencional; las soluciones actuales operan mediante “gasoductos virtuales”, es decir, camiones que transportan gas natural licuado (GNL).

Bajo el marco normativo actual, la masificación del gas depende principalmente del Estado y de las empresas concesionarias de distribución. Pluspetrol afirmó haber financiado parte del corredor sur de GNL y programas de promoción vehicular, pero reconoció que falta infraestructura y una estrategia nacional clara.

Sin embargo, lejos de abordarse el problema desde la seguridad energética, la institucionalidad o la ausencia de políticas públicas, cada cinco años el debate se reduce. Los candidatos a la presidencia, sobre todo de izquierda, suelen limitar la resolución de esta crisis estructural a una propuesta de nacionalización de la operación —como lo ha señalado el candidato a la presidencia Roberto Sánchez— sin ni siquiera brindar un diagnóstico del problema.