Ministro Jorge Montero anuncia que se realizarán evaluaciones de campo sobre 3 componentes principales: plataformas, ductos y terminales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, anunció la próxima publicación de un Decreto Supremo que permitirá implementar una Fiscalización Orientativa de toda la infraestructura de hidrocarburos en el litoral peruano.

Explicó que está Fiscalización Orientativa abarcará a las empresas privadas y públicas que operan de Tumbes a Tacna, y estará a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) con evaluaciones de campo sobre 3 componentes principales: plataformas, ductos y terminales.

Así lo refirió durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, hasta donde acudió junto a la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, y otros miembros de su equipo técnico para informar sobre la situación actual de la empresa Petróleos del Perú (Petroperú).

En la sesión, Alejandro Narváez, presidente del directorio de Petroperú, presentó el informe sobre la contratación de una firma especializada para diseñar y gestionar la implementación del Proceso de Transformación Integral de Petroperú, que comprende medidas estratégicas, operativas y financieras para la sostenibilidad de la empresa.

Al respecto, el ministro Montero dijo que las proyecciones económico financieras de Petroperú para 2025 son respaldadas por su gestión, y que el MINEM implementará un diálogo y monitoreo permanente con la empresa para que esto se cumpla.

En esa línea, acotó que no habrá más requerimientos adicionales, ni salvatajes económicos del Ejecutivo a dicha empresa estatal y que este año Petroperú debe terminar con alrededor de US$ 185 millones en resultados positivos.

El titular del MINEM hizo saber a los congresistas que su sector se ha trazado alcanzar 18 metas para sus tres subsectores en el periodo 2025 – 2026. “Se trata de 6 metas para el sector hidrocarburos, 6 para electricidad y 6 para minería. Estos son los compromisos del sector para los próximos meses”, puntualizó Montero.

Participaron en esta sesión, además de ministros, altos funcionarios de las direcciones de línea del MINEM, asimismo Oscar Vera, gerente general de Petroperú y miembros del directorio de la citada empresa.

Informe elaborado por el IPE revela que los peruanos han pagado más de S/ 32 mil millones en subsidios y programas para mitigar el impacto de la dependencia de nuestro país a los combustibles importados.

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) reveló que el costo fiscal acumulado de los subsidios, exoneraciones y programas destinados a mitigar la dependencia de combustibles importados en las últimas dos décadas ha superado los S/ 32 mil millones, principalmente del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), que se estima ha costado más de S/ 18 mil millones.  

El monto total, señala el estudio “Mercado energético en el país: barreras y oportunidades”, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en colaboración con la consultora LQG, habría permitido inversiones significativas para fortalecer la infraestructura energética del Perú, como, por ejemplo, la construcción de cerca de 3,000 km de ductos de gas natural, equivalente a cinco veces la distancia del actual ducto que conecta Cusco con Pisco.

Asimismo, estos recursos habrían financiado el despliegue de más de 143 mil km de redes de distribución de gas natural, once veces la extensión de las redes actuales en Lima y Callao; o la conversión de 6.8 millones de vehículos a GNV, 51 veces más que las conversiones logradas por el programa Ahorro GNV; o la conexión de 3.9 veces el número de hogares pendientes de redes de gas natural, lo que equivale a 14 veces las conexiones alcanzadas entre 2016 y 2024.

Llamado a la acción

Al respecto, el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, remarcó que el estudio pone en evidencia la urgencia de invertir en el desarrollo de infraestructura energética local, particularmente en la masificación del gas natural, como una alternativa sostenible y económicamente eficiente. “Instamos a las autoridades a priorizar políticas públicas que fomenten la inversión en el sector hidrocarburos, lo que no solo fortalecería la seguridad energética, sino también reduciría la exposición del país a las fluctuaciones de los mercados internacionales de crudo”, apuntó.

El estudio menciona que, a pesar de la diversificación en la matriz de combustibles, la dependencia del Perú a las importaciones para satisfacer la demanda interna ha persistido. Así, en 2023, el 75% de la demanda de diésel se cubrió con importaciones (más de 2 veces la participación en 2003: 33%), mientras que en gasolinas la dependencia externa llegó a 52% (13 veces la participación en 2003: 4%).

Ahorro para todos

El informe también destaca que en un contexto de masificación del gas natural se generarían ahorros anuales de cerca de S/ 1,500 millones, cifra que podría financiar 136 km de ductos de transporte de gas natural o 6,557 km de redes de distribución. Dichos recursos también podrían usarse para la conversión a GNV de 315 mil unidades o para conectar con gas natural a 996 mil hogares.

El estudio plantea una serie de recomendaciones de política, como la necesidad de eliminar las barreras para la inversión y exploración de proyectos energéticos; la eliminación de la devolución de impuestos a los combustibles; sustituir progresivamente el FEPC por programas focalizados; y el aprovechamiento de fuentes de energía más eficientes.

Compromiso

La SPH reafirma su compromiso con el desarrollo de una industria energética moderna, competitiva y sostenible, alineada con los objetivos de crecimiento económico del Perú y las necesidades de los peruanos. Este tipo de inversión permitiría una transición ordenada hacia energías más limpias, maximizando el impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

Juan Narciso Chávez, presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, informó que, de las treinta playas inicialmente afectadas por el derrame de petróleo ocasionado por la Refinería La Pampilla SAA, las playas Pocitos y 18, ubicadas en el distrito de Ancón, presentan aún valores de hidrocarburos en sedimentos por encima del umbral permitido.

Tras señalar que el OEFA ha tomado más 15 mil muestras en las zonas comprometidas por la emergencia ambiental, el titular del organismo indicó que, desde el punto de vista de hidrocarburos, las actividades recreativas en estas dos playas no son convenientes por el momento. “Los resultados de estos monitoreos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes (Digesa, entre otros), así como de los gobiernos locales para que, en el marco de sus competencias, evalúen en cada caso el estado situacional de las playas a fin de determinar su uso correspondiente”, comentó.

Narciso Chávez precisó que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), es la entidad encargada de clasificar las playas considerando otros parámetros, como la presencia de coliformes fecales, contaminación microbiológica de la arena y la disponibilidad de servicios básicos como baños para los bañistas en la zona. Además, precisó que, aunque el OEFA determinó a finales del 2022 la obligación de la empresa de presentar sus planes de rehabilitación, corresponde al Ministerio de Energía y Minas aprobar los 18 documentos presentados por esta; y aseguró que dichos planes no han limitado las acciones y exigencias que el OEFA ha impuesto a la empresa para cumplir con los procesos de limpieza.

Dato:

A la fecha, se han concluido 13 procedimientos administrativos sancionadores (PAS), cinco de los cuales cuentan con multas firmes por un total de 12 616.333 UIT, equivalentes aproximadamente a S/ 64 805 996.65, las cuales ya han sido pagadas por la empresa. Siete PAS se encuentran concluidos con multas que ascienden a 70 millones de soles, actualmente en proceso de impugnación, y un procedimiento ha sido archivado.