El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) pidió detener el proceso de reorganización de la empresa estatal mediante bloques patrimoniales, al considerar que una eventual transferencia de activos o de su gestión a privados podría generar efectos difíciles de revertir mientras el Tribunal Constitucional evalúa la legalidad del Decreto de Urgencia 010-2025.

A través de un comunicado, el gremio manifestó su rechazo a la norma y a cualquier medida que, según su posición, pueda fragmentar el patrimonio de Petroperú o trasladar a operadores privados la administración de sus principales unidades de negocio.

El sindicato sostuvo que la empresa necesita capital, eficiencia y cambios en su gestión, pero planteó que estos procesos deben desarrollarse manteniendo un modelo integrado y bajo control estatal.

STAPP cuestiona participación privada en los bloques patrimoniales

El pronunciamiento sindical se refiere al esquema de reorganización de Petroperú mediante bloques patrimoniales, que contempla alternativas para incorporar capital y participación privada en determinados activos y negocios de la compañía.

Para el STAPP, mecanismos como la venta de activos, la transferencia de operaciones o la división del patrimonio podrían significar, en la práctica, un traslado del control de determinadas actividades a terceros, incluso si la propiedad formal permanece en manos del Estado.

La organización señaló que reconoce la necesidad de que Petroperú obtenga recursos para garantizar la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, sostuvo que la búsqueda de financiamiento debe realizarse utilizando los mecanismos contemplados en el marco legal de la empresa.

“Buscar capital es legítimo; entregar la empresa por partes, no”, afirmó el sindicato.

Asimismo, el gremio planteó que cualquier reforma debe preservar el papel estratégico de Petroperú en el abastecimiento energético nacional. Para ello, pidió fortalecer la gestión, la transparencia y el gobierno corporativo sin separar la estructura patrimonial y operativa de la compañía.

Reclamo por derechos laborales

Otro de los puntos incluidos en el pronunciamiento está relacionado con los trabajadores de Petroperú.

El STAPP solicitó que cualquier decisión que involucre al personal sea comunicada previamente y discutida con las organizaciones sindicales. En particular, rechazó que puedan efectuarse transferencias, desplazamientos o modificaciones de las condiciones laborales sin un proceso de diálogo.

El gremio también reclamó el respeto de los derechos adquiridos, los convenios colectivos vigentes, la estabilidad laboral y la libertad sindical durante cualquier proceso de reorganización.

Según el sindicato, estas garantías tienen respaldo en la Constitución Política del Perú y en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El STAPP informó además que presentó una demanda de amparo en defensa de los trabajadores, proceso que se encuentra pendiente de sentencia. La acción busca cuestionar los posibles efectos de la norma y de las medidas que se adopten en su aplicación sobre las relaciones laborales de la empresa.

Demandas contra el Decreto de Urgencia 010-2025

La discusión sobre la constitucionalidad del Decreto de Urgencia 010-2025 también forma parte de los argumentos expuestos por el sindicato.

El STAPP señaló que la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la norma ante el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con el comunicado, ambos procesos fueron acumulados y quedaron al voto el 25 de agosto de 2026. Ante esta situación, el sindicato solicitó al Tribunal Constitucional que emita una decisión y que, mientras se resuelve la controversia, se eviten medidas de ejecución que puedan generar consecuencias difíciles de revertir.

El gremio cuestionó que continúen avanzando decisiones de carácter estructural mientras permanece pendiente la definición sobre la validez de la norma y pidió evitar la consolidación de situaciones que posteriormente podrían resultar complejas de revertir.

El antecedente de los años noventa

Como parte de sus argumentos, el STAPP recordó el proceso de reestructuración de Petroperú desarrollado durante la década de 1990, periodo en el que determinados activos fueron transferidos y algunas instalaciones pasaron a ser administradas por operadores privados.

Para el sindicato, ese antecedente demuestra que conservar la propiedad de un activo no necesariamente significa mantener el control sobre su operación ni sobre los ingresos que genera.

El comunicado también menciona el caso de los Terminales del Sur, cuya administración directa fue recuperada por Petroperú en 2019 después de más de dos décadas de operación privada.

A partir de estos antecedentes, el STAPP anunció que continuará impulsando acciones legales, sindicales e institucionales contra el Decreto de Urgencia 010-2025 y contra las medidas que, según su posición, puedan generar una fragmentación de Petroperú.

La organización reiteró que respalda la búsqueda de inversión y mejoras en la gestión de la petrolera estatal, pero plantea que cualquier reforma debe preservar su integración, su carácter estratégico y los derechos laborales de sus trabajadores.