Ucayali: Contraloría advierte irregularidades en adquisición de combustible para servicios básicos en Tahuanía

La Contraloría General de la República identificó diversas irregularidades en la contratación de combustible destinado a garantizar el funcionamiento de los servicios de agua potable y energía eléctrica en el distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya, en la región Ucayali. Las observaciones, correspondientes a los años 2024 y 2025, habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/ 24 826,22.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 010-2026-2-2683-SCE, la comisión de control verificó que la Municipalidad Distrital de Tahuanía adjudicó cuatro procesos de contratación a proveedores que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases y las especificaciones técnicas. A pesar de estas deficiencias, la entidad continuó con la ejecución de los contratos, otorgó la conformidad de las entregas y realizó los pagos correspondientes.

El informe también señala que los funcionarios responsables no aplicaron las penalidades previstas por incumplimientos en los plazos de entrega del combustible. En uno de los casos, un proveedor registró un retraso de 41 días sin que se impusieran las sanciones contractuales, situación que contribuyó al perjuicio económico detectado.

Asimismo, la Contraloría advirtió que una de las empresas contratadas no reunía las condiciones exigidas para participar en el proceso de selección. Mientras las bases establecían que el proveedor debía operar como grifo o estación de servicio, la empresa adjudicada contaba únicamente con autorización para funcionar como grifo flotante, categoría que presenta requisitos técnicos y autorizaciones distintas, según la información de Osinergmin.

El organismo de control indicó que estas irregularidades comprometieron el uso adecuado de los recursos públicos destinados al abastecimiento de combustible para los sistemas de agua y electricidad del distrito, lo que podría afectar la continuidad y calidad de estos servicios esenciales para la población de Tahuanía.

Como resultado de la investigación, la Contraloría identificó presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en funcionarios y servidores públicos que intervinieron en la evaluación de las ofertas, la ejecución de los contratos, la aprobación de las entregas y la autorización de los pagos.

Finalmente, recomendó al órgano competente iniciar los procedimientos para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, dispuso que el Procurador Público de la Contraloría promueva las acciones civiles para recuperar el perjuicio económico ocasionado al Estado y exhortó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a impulsar las acciones penales que correspondan.