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Antecedentes de cómo paso de «mano en mano» el Gasoducto Sur y cómo Odebrecht se hizo del proyecto
El proyecto Gasoducto Sur ha vuelto a generar titulares en los últimas semanas debido a una revelación periodística: Odebrecht registra pagos por US$ 3 millones, vinculados a este inconcluso proyecto, en sus archivos de la División de Operaciones Estructuradas, la oficina encargada del pago de coimas de la firma.
La brasileña, que firmó a inicios de este año un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público por cuatro proyectos, en los que no figura el Gasoducto Sur, había negado hasta ahora haber pagado sobornos a funcionarios públicos por esta obra que se inició en el segundo gobierno de Alan García y continuó en el de Ollanta Humala.
Antencedentes
En marzo de 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, la empresa Latin Energy Global S.A.C. solicitó la concesión del proyecto Gasoducto Sur Andino (o Kuntur) y suscribió un contrato de inversión con el Estado por US$1.330’112.124.
Tres años después, esta compañía pasó a manos de la hoy cuestionada Odebrecht y cambió de nombre: Kuntur Transportadora de Gas.
En junio de 2014 durante el gobierno de Humala, Odebrecht formó el consorcio Gasoducto Sur Peruano con la española Enagás y ganó el concurso para construir la obra. Este fue el único postor y ofreció un costo total de servicios de US$ 7.328’654’011.
La suscripción del contrato de la concesión del Gasoducto Sur Peruano por 34 años se concretó el 23 de julio de ese año en Palacio de Gobierno.
El desembolsó US$3 millones
El 26 de junio último se revelaron pagos por US$ 3 millones que hizo de Odebrecht por el Gasoducto del Sur. La información del Departamento de Operaciones Estructuradas da cuenta de 17 transferencias de dinero a destinatarios identificados con seudónimos durante el gobierno de Humala (2014).
Los diez destinatarios del dinero recibieron montos entre US$ 20 mil y US$ 700 mil, identificados con codinombres o seudónimos.
Pero en el Equipo Especial Lava Jato ya existe una investigación por las presuntas irregularidades en ese proyecto. La pesquisa está a cargo de la fiscal Geovana Mori, quien ha incluido a unos 30 investigados, entre ellos Nadine Heredia por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.
Precisamente, Mori dirigió un allanamiento a 26 inmuebles, uno de ellos el de Heredia Alarcón, quien habría sido señalada por algunos testigos.
Otra investigación por el mismo caso inició el fiscal Reynaldo Abia, quien en agosto de 2017 presentó una acusación ante el Poder Judicial contra Edgard Ramírez Cadenillas, ex funcionario de Proinversión, y Claudia Hokama, ex representante de Odebrecht en el país.