CAL de Arequipa sostiene que decreto de urgencia que apoya a Petroperú es ilegal

El Colegio de Abogados de Arequipa presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, que otorgó apoyo financiero a Petroperú. El recurso cuestiona la legalidad y constitucionalidad de usar decretos para afrontar problemas estructurales de la empresa estatal y advierte un uso indebido de fondos públicos sin control legislativo.

Demanda constitucional

La demanda, ingresada el 7 de julio, acusa al Ejecutivo de haber emitido un decreto sin cumplir con los requisitos constitucionales de excepcionalidad y necesidad. Según el Colegio de Abogados, no existía una emergencia imprevisible que justificara el DU, pues no se registraba un riesgo inminente de desabastecimiento de combustibles.

“El problema de Petroperú es estructural, no excepcional”, señala el recurso legal, advirtiendo que convalidar estos decretos sería aceptar una urgencia autoinducida. La presentación está liderada por el abogado Walter Gutiérrez, quien afirma que se omitieron los filtros constitucionales, incluyendo el control del Congreso.

DU podría caer

Expertos constitucionalistas y economistas respaldan la demanda. Luciano López, abogado constitucionalista, señaló que el DU no cumple con los requisitos que ha establecido el propio TC, y lo calificó como “claramente inconstitucional”.

Desde el frente económico, el exministro David Tuesta recalcó que los problemas de Petroperú no constituyen urgencias imprevistas, y que la empresa necesita reformas estructurales, no subsidios. Luis Miguel Castilla añadió que, incluso con respaldo legislativo, el soporte financiero a Petroperú seguiría siendo cuestionable, pues refleja una lógica económica inviable.

Ampliación de préstamo y reestructuración

En paralelo, el Gobierno anunció una reestructuración financiera para Petroperú y la ampliación del préstamo del Banco de la Nación por US$ 1,000 millones hasta 2028. Sin embargo, expertos como Tuesta y Castilla insisten en que el problema es de gobernanza: proponen que el directorio deje de depender del Ejecutivo y que la empresa regrese al control técnico de Fonafe.

“La solución no es seguir transfiriendo recursos por decreto”, advirtió Tuesta. Castilla, por su parte, subrayó que la falta de control político sobre Petroperú impide decisiones técnicas eficaces. “Lo político manda hoy”, concluyó.

Impacto potencial y próximos pasos

El proceso ante el Tribunal Constitucional podría extenderse entre 6 y 12 meses. De prosperar, limitaría severamente el uso de decretos de urgencia como mecanismo de salvataje para empresas estatales, y sentaría un precedente sobre el uso del gasto público sin debate parlamentario.

Mientras tanto, la situación de Petroperú continúa siendo una presión fiscal para el Estado, sin una estrategia clara para garantizar su sostenibilidad.