Las empresas de transporte público de Lima están adoptando medidas de protección con recursos propios frente al incremento de los ataques de extorsionadores y sicarios. Entre estas acciones figura el blindaje de las cabinas de los conductores, debido al cambio en las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales.

Julio Bertoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano (ACTU), señaló que la situación de inseguridad ha obligado a los empresarios del sector a asumir gastos adicionales para proteger a sus trabajadores.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV, explicó que blindar completamente un bus puede costar entre 80.000 y 120.000 dólares, monto que consideró inviable para las empresas de transporte. Por ello, se ha optado principalmente por reforzar las cabinas de los conductores.

Según detalló, estas estructuras cuentan con una protección fabricada con una aleación externa de acero y vidrios de aproximadamente 21 milímetros de espesor. El objetivo es reducir el riesgo ante ataques registrados durante los recorridos, que representarían alrededor del 70 % de los casos y suelen ejecutarse desde motocicletas.

Otra modalidad identificada es la del “falso pasajero”, que estaría detrás de entre el 14 % y 15 % de los atentados contra las unidades de transporte.

Las amenazas ahora llegan acompañadas de ataques

Bertoneche advirtió que las organizaciones criminales han modificado su manera de operar. Explicó que anteriormente los extorsionadores enviaban mensajes y amenazas antes de exigir el pago de dinero, dejando un margen para una eventual negociación.

Ahora, en cambio, los ataques pueden producirse sin previo aviso, lo que ha incrementado la preocupación entre empresarios y trabajadores del sector.

El dirigente también reveló que algunas compañías llegan a enfrentar simultáneamente las exigencias económicas de tres o cuatro bandas extorsivas, situación que incrementa considerablemente la presión sobre sus operaciones.

Frente a este escenario, la ACTU viene trasladando las denuncias por amenazas y cobro de cupos a la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional (Divinext).

Bertoneche indicó que las acciones policiales recientes han permitido obtener resultados favorables. De las cerca de 25 empresas afiliadas al gremio, siete ya habrían conseguido dejar de pagar extorsiones luego de las intervenciones y capturas de integrantes de organizaciones criminales.

Inseguridad también genera déficit de conductores

El temor provocado por los ataques ha comenzado a afectar directamente la disponibilidad de trabajadores. Bertoneche sostuvo que existe una importante falta de conductores en el transporte formal, situación que deja numerosos vehículos fuera de circulación pese a que existe demanda de pasajeros.

“Me da mucha pena entrar a las empresas de transporte y ver 30, 40, 50 buses parados sin trabajar cuando existe una demanda”, manifestó.

La delincuencia tampoco se limitaría a los conductores. De acuerdo con el representante gremial, los directivos de las empresas también son blanco de amenazas y actos de intimidación. Entre las estrategias empleadas estaría el denominado “doxeo”, mediante el cual los delincuentes recopilan información personal disponible en internet para amedrentar a sus víctimas.

El dirigente recordó además diversos hechos registrados contra representantes del sector, entre ellos casos de extorsión, amenazas, el asesinato de un gerente general y un ataque con una granada ocurrido en Santa Anita.

Gremio denuncia situación relacionada con dos conductores

Finalmente, Bertoneche informó sobre una denuncia vinculada con las familias de dos conductores de la empresa Nueva América, quienes fueron víctimas de atentados ocurridos aproximadamente hace 45 días y tres semanas, respectivamente.

El representante de la ACTU señaló que estos casos forman parte de la compleja situación que afrontan actualmente los trabajadores y empresas del transporte público frente a la delincuencia organizada.