El Gobierno de Argentina anunció que presentará una denuncia contra cinco empresas vinculadas a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, al considerar que sus actividades vulneran la legislación nacional y los derechos soberanos del país sobre el archipiélago.

Las compañías involucradas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según informó el Ejecutivo, las tres primeras contarían presuntamente con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona, las cuales Argentina considera ilegítimas y contrarias a la Ley 26.659.

La acción judicial será impulsada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La denuncia también comprenderá a accionistas y a quienes hayan participado en la toma de decisiones o gestión de las operaciones, incluidos directores, gerentes, administradores, representantes y mandatarios.

Desde la Casa Rosada señalaron que la medida busca proteger los recursos naturales y reforzar el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares vinculados a estos territorios.

Como parte de esta estrategia, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que otorgue prioridad dentro del proyecto de Presupuesto 2027 al desarrollo de la Base Naval Integrada y a otras iniciativas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

El anuncio se produce días después de que Milei adelantara, durante una cadena nacional, un conjunto de medidas diplomáticas, administrativas y legislativas destinadas a impedir el avance de proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas. Entre ellos destaca Sea Lion, iniciativa operada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El mandatario advirtió que el proyecto podría comenzar con la explotación petrolera offshore durante los próximos meses y sostuvo que Argentina debe actuar con rapidez para evitar que el Reino Unido avance sobre las reservas de hidrocarburos ubicadas en el mar que el país considera parte de su territorio.

Además de la denuncia contra las empresas, el Gobierno anunció modificaciones a la Ley 26.659, un endurecimiento de las sanciones contra compañías y proveedores que operen sin autorización argentina y el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Ejecutivo afirmó que continuará investigando y promoviendo las acciones legales que considere necesarias para evitar que queden impunes hechos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos argentinos. Estas iniciativas forman parte de una política integral orientada a defender el territorio, preservar los recursos naturales y proteger los intereses estratégicos del país.