Gremio de ingenieros propone crear una Autoridad Nacional de Infraestructura autónoma

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) planteó la creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura con autonomía técnica y sin injerencia política, con el objetivo de garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución de proyectos estratégicos en el país.

La propuesta fue presentada por el decano nacional, Jaime Antonio Ruiz Béjar, durante una reunión con el presidente de la República, José María Balcázar, en Palacio de Gobierno.

Según explicó el gremio, la nueva entidad funcionaría bajo un esquema parecido al del Banco Central de Reserva del Perú, con independencia técnica y capacidades institucionales propias, lo que permitiría asegurar la ejecución sostenida de obras públicas de gran envergadura en sectores clave como transporte, saneamiento, energía y conectividad.

El CIP advirtió que uno de los principales problemas en la gestión de infraestructura en Perú es la insuficiente asistencia técnica especializada y la falta de equipos profesionales adecuados, lo que genera deficiencias en la formulación, supervisión y culminación de proyectos. En ese sentido, la iniciativa propone elevar el rigor técnico, promover buenas prácticas y evitar la paralización de obras que afectan directamente el desarrollo regional.

Durante el encuentro, el vicedecano nacional, Carlos Burgos Montenegro, enfatizó la necesidad de priorizar la recuperación de obras abandonadas y culminar proyectos estratégicos a fin de reducir brechas en servicios básicos. Asimismo, representantes regionales del CIP expusieron problemáticas específicas, como deficiencias viales, falta de acceso a agua potable, proyectos hospitalarios inconclusos y daños recurrentes por fenómenos climáticos como el Fenómeno El Niño Costero.

Por su parte, el mandatario José María Balcázar señaló que el cierre de brechas de infraestructura es una prioridad de su gestión y destacó el aporte técnico del CIP para mejorar la ejecución de proyectos en el país. Además, indicó que los expedientes de obras paralizadas podrán ser evaluados para su financiamiento mediante créditos suplementarios, con el fin de reactivar iniciativas que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de vida de la población.

El planteamiento del CIP se presenta en un contexto donde diversas regiones enfrentan limitaciones estructurales en infraestructura, lo cual revela la necesidad de un enfoque técnico y sostenido en la planificación y ejecución de obras públicas a nivel nacional.