Gas Natural
La ruptura del gasoducto en Perú se produjo tras años de advertencias de los reguladores, según documentos
La ruptura de un gasoducto que paralizó la red energética de Perú en marzo se produjo tras años de advertencias documentadas por parte de los reguladores al operador TGP sobre deslizamientos de tierra, erosión y fallos de construcción en el sistema que transporta cerca del 95% del gas del país, según registros gubernamentales revisados por Reuters.
Más de 75 informes del regulador ambiental OEFA y del regulador de energía y minas OSINERGMIN, que datan de 2005, muestran al menos 13 fallos documentados y reiteradas advertencias a TGP sobre dichos riesgos, así como la falta de implementación de programas de monitoreo adecuados, control de erosión y reparaciones oportunas en el sistema.
La ruptura de marzo desencadenó la peor crisis energética de la nación en dos décadas, ya que TGP se vio obligada a recortar los suministros de gas en casi un 90%. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 14 días, instando a las empresas a implementar el teletrabajo mientras las escuelas pasaban a la enseñanza a distancia.
En una respuesta a Reuters, TGP afirmó que la ruptura en la línea de 730 km (453 millas) ocurrió durante una inspección preventiva programada en una estación de válvulas en el distrito de Megantoni, en Cusco, y que la investigación sigue en curso.
«Según la información objetiva disponible hasta la fecha, sabemos que el evento se originó por una fuga en un componente del sistema asociado a una de las válvulas de la línea de líquidos», declaró la compañía.
«Antes de estos trabajos, no se habían registrado indicios de anomalías en los ductos ni en las instalaciones adyacentes».
Sin embargo, un informe anual de OSINERGMIN de 2020 documentó una fuga grave en esa misma estación de válvulas aquel año, lo que obligó a TGP a instalar un bypass temporal de dos tuberías y a reemplazar la válvula.
CINCO RUPTURAS EN TRES AÑOS
El gasoducto nace en el remoto yacimiento de gas de Camisea, en la selva amazónica peruana, y atraviesa la cordillera de los Andes antes de descender hacia la capital costera, Lima, donde reside aproximadamente un tercio de la población.
El terreno es inestable y propenso a deslizamientos y erosión, y la línea se ha visto afectada por rupturas desde que entró en servicio en 2004, con cinco incidentes en los primeros tres años de operación que motivaron una investigación parlamentaria en 2006.
Desde entonces se han producido otras rupturas, muchas en zonas con riesgos conocidos. Un incidente en 2016 ocurrió en el mismo tramo del gasoducto en el distrito de Megantoni donde se produjo la ruptura de marzo.
En aquel momento, los reguladores determinaron que TGP había calificado internamente la zona como de «alto riesgo», pero no instaló suficientes refuerzos ni sistemas de drenaje.
Otro incidente en 2012 ocurrió a solo 130 metros del evento de 2016, pero la empresa no realizó investigaciones geotécnicas ni implementó un sistema de monitoreo adecuado tras el suceso, según los documentos.
Desde 2015, TGP solicitó la declaración de fuerza mayor en cinco incidentes distintos, alegando eventos naturales o problemas de seguridad que la eximirían legalmente de responsabilidad por los suministros no entregados. El gobierno rechazó dichas reclamaciones al considerar que la empresa no había tomado las medidas adecuadas para mitigar los riesgos, según los informes.
Tras una ruptura en 2018 cerca del sistema de recolección del gasoducto, la OEFA determinó que TGP conocía los problemas recurrentes de deslizamientos en esa zona desde 2004, pero no implementó un monitoreo adecuado ni la estabilización de taludes.
PELIGROS DE ALTO RIESGO
Una sanción de la OEFA de noviembre de 2019 señala que 11 de los 13 fallos en la línea paralela de líquidos de gas natural de 540 km (335 millas) fueron causados por deslizamientos, desplazamiento de suelos o erosión, peligros que los reguladores clasificaron como de alto riesgo en múltiples tramos del ducto.
En varios casos, las propias inspecciones de TGP detectaron grietas en el suelo a pocos metros de donde posteriormente se produjeron las rupturas, según muestran los registros.
En los informes, la empresa indicó que selló grietas superficiales con «agropol», una película de polietileno, para evitar la infiltración de agua y la erosión en unas 300 ocasiones. La OEFA afirmó que esta práctica era sistemática, carecía de un análisis profundo y se utilizaba en lugar de medidas de prevención adecuadas.
Los reguladores observaron que el plástico que la empresa utiliza para cubrir las grietas fue hallado en el deslizamiento que causó la ruptura de 2018, mientras que el PMAC, un monitor ambiental comunitario local, había advertido fallos en el sistema de drenaje de la zona desde 2015.
TGP no respondió a las preguntas sobre las acciones tomadas para abordar los peligros geológicos ni sobre si continuaba utilizando plástico y agropol para reparar grietas. La compañía tampoco respondió a las preguntas sobre los informes de segmentos de tubería expuestos ni sobre la cualificación de los trabajadores que realizaban el mantenimiento cuando se produjo la ruptura.
OSINERGMIN y OEFA no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la investigación del suceso de marzo.
TGP, propiedad de un consorcio que incluye a EIG Global Energy, la española Enagás y la argelina Sonatrach, solicitó a OSINERGMIN una prórroga del plazo de 15 días tras la ruptura para presentar un informe alegando fuerza mayor, pero el regulador rechazó la petición a finales de marzo.
EIG, que adquirió el 49.9% de la empresa en diciembre, no respondió a una solicitud de comentarios. Enagás y Sonatrach no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El incidente ha reavivado la preocupación sobre la frágil seguridad energética del país antes de las elecciones generales de junio.
Fuente:
© Reuters – 2026
Tomado desde: marketscreener.com
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