Gas Natural
La ruptura del gasoducto en Perú se produjo tras años de advertencias de los reguladores, según documentos

La ruptura de un gasoducto que paralizó la red energética de Perú en marzo se produjo tras años de advertencias documentadas por parte de los reguladores al operador TGP sobre deslizamientos de tierra, erosión y fallos de construcción en el sistema que transporta cerca del 95% del gas del país, según registros gubernamentales revisados por Reuters.
Más de 75 informes del regulador ambiental OEFA y del regulador de energía y minas OSINERGMIN, que datan de 2005, muestran al menos 13 fallos documentados y reiteradas advertencias a TGP sobre dichos riesgos, así como la falta de implementación de programas de monitoreo adecuados, control de erosión y reparaciones oportunas en el sistema.
La ruptura de marzo desencadenó la peor crisis energética de la nación en dos décadas, ya que TGP se vio obligada a recortar los suministros de gas en casi un 90%. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 14 días, instando a las empresas a implementar el teletrabajo mientras las escuelas pasaban a la enseñanza a distancia.
En una respuesta a Reuters, TGP afirmó que la ruptura en la línea de 730 km (453 millas) ocurrió durante una inspección preventiva programada en una estación de válvulas en el distrito de Megantoni, en Cusco, y que la investigación sigue en curso.
«Según la información objetiva disponible hasta la fecha, sabemos que el evento se originó por una fuga en un componente del sistema asociado a una de las válvulas de la línea de líquidos», declaró la compañía.
«Antes de estos trabajos, no se habían registrado indicios de anomalías en los ductos ni en las instalaciones adyacentes».
Sin embargo, un informe anual de OSINERGMIN de 2020 documentó una fuga grave en esa misma estación de válvulas aquel año, lo que obligó a TGP a instalar un bypass temporal de dos tuberías y a reemplazar la válvula.

CINCO RUPTURAS EN TRES AÑOS
El gasoducto nace en el remoto yacimiento de gas de Camisea, en la selva amazónica peruana, y atraviesa la cordillera de los Andes antes de descender hacia la capital costera, Lima, donde reside aproximadamente un tercio de la población.
El terreno es inestable y propenso a deslizamientos y erosión, y la línea se ha visto afectada por rupturas desde que entró en servicio en 2004, con cinco incidentes en los primeros tres años de operación que motivaron una investigación parlamentaria en 2006.
Desde entonces se han producido otras rupturas, muchas en zonas con riesgos conocidos. Un incidente en 2016 ocurrió en el mismo tramo del gasoducto en el distrito de Megantoni donde se produjo la ruptura de marzo.
En aquel momento, los reguladores determinaron que TGP había calificado internamente la zona como de «alto riesgo», pero no instaló suficientes refuerzos ni sistemas de drenaje.
Otro incidente en 2012 ocurrió a solo 130 metros del evento de 2016, pero la empresa no realizó investigaciones geotécnicas ni implementó un sistema de monitoreo adecuado tras el suceso, según los documentos.
Desde 2015, TGP solicitó la declaración de fuerza mayor en cinco incidentes distintos, alegando eventos naturales o problemas de seguridad que la eximirían legalmente de responsabilidad por los suministros no entregados. El gobierno rechazó dichas reclamaciones al considerar que la empresa no había tomado las medidas adecuadas para mitigar los riesgos, según los informes.
Tras una ruptura en 2018 cerca del sistema de recolección del gasoducto, la OEFA determinó que TGP conocía los problemas recurrentes de deslizamientos en esa zona desde 2004, pero no implementó un monitoreo adecuado ni la estabilización de taludes.

PELIGROS DE ALTO RIESGO
Una sanción de la OEFA de noviembre de 2019 señala que 11 de los 13 fallos en la línea paralela de líquidos de gas natural de 540 km (335 millas) fueron causados por deslizamientos, desplazamiento de suelos o erosión, peligros que los reguladores clasificaron como de alto riesgo en múltiples tramos del ducto.
En varios casos, las propias inspecciones de TGP detectaron grietas en el suelo a pocos metros de donde posteriormente se produjeron las rupturas, según muestran los registros.
En los informes, la empresa indicó que selló grietas superficiales con «agropol», una película de polietileno, para evitar la infiltración de agua y la erosión en unas 300 ocasiones. La OEFA afirmó que esta práctica era sistemática, carecía de un análisis profundo y se utilizaba en lugar de medidas de prevención adecuadas.
Los reguladores observaron que el plástico que la empresa utiliza para cubrir las grietas fue hallado en el deslizamiento que causó la ruptura de 2018, mientras que el PMAC, un monitor ambiental comunitario local, había advertido fallos en el sistema de drenaje de la zona desde 2015.
TGP no respondió a las preguntas sobre las acciones tomadas para abordar los peligros geológicos ni sobre si continuaba utilizando plástico y agropol para reparar grietas. La compañía tampoco respondió a las preguntas sobre los informes de segmentos de tubería expuestos ni sobre la cualificación de los trabajadores que realizaban el mantenimiento cuando se produjo la ruptura.
OSINERGMIN y OEFA no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la investigación del suceso de marzo.
TGP, propiedad de un consorcio que incluye a EIG Global Energy, la española Enagás y la argelina Sonatrach, solicitó a OSINERGMIN una prórroga del plazo de 15 días tras la ruptura para presentar un informe alegando fuerza mayor, pero el regulador rechazó la petición a finales de marzo.
EIG, que adquirió el 49.9% de la empresa en diciembre, no respondió a una solicitud de comentarios. Enagás y Sonatrach no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El incidente ha reavivado la preocupación sobre la frágil seguridad energética del país antes de las elecciones generales de junio.
Fuente:

© Reuters – 2026
Tomado desde: marketscreener.com
Nota original

Gas Natural
“Urge diversificar cuencas productoras de gas para que el Perú no dependa excesivamente de Camisea”, sostiene IPIGPE

La reciente paralización del gasoducto de Camisea evidenció la debilidad estructural del sistema energético nacional debido a su alta dependencia de un único sistema de transporte de gas.
Por este motivo, los profesionales petroleros, petroquímicos y geólogos agrupados en el Instituto de Ingenieros de Gas, Petróleo y Energía (IPIGPE) consideran prioritario que el Estado adopte una estrategia de diversificación de fuentes y cuencas productoras. «Diario El Comercio.
Esto, “considerando que el territorio peruano posee importantes reservas probadas y recursos prospectivos de hidrocarburos distribuidos en varias regiones geológicas”, apunta IPIGPE.
Es el caso del litoral norteño, de las cuencas de Tumbes y Talara, del Altiplano del Titicaca y de las grandes cuencas amazónicas del Huallaga, Marañón, Ucayali y Madre de Dios.
Particularmente relevante, señala IPIGPE, es la exploración de la Cuenca Madre de Dios, cuyo potencial geológico “es reconocido por diversos estudios regionales y comparativos de sistemas petroleros amazónicos”.

No solo eso, el instituto sostiene que esta cuenca posee una extensión y volumen sedimentario mayor, inclusive, al del sistema gasífero de Camisea, con “indicios significativos de acumulaciones de gas natural y líquidos de gas natural (LGN)”, materia prima de donde se extrae el GLP.
Se trata, sin embargo, de una cuenca cuyo desarrollo ha sido limitado, pese a representar “una alternativa estratégica para desconcentrar la dependencia energética de Camisea y ampliar la base de recursos del país”, indica IPIGPE.
De allí la urgencia de explorar esta vasta zona de la Amazonía, donde ya se han encontrado recursos de gas en el área conocida como el Cándamo.
Complementando esta propuesta, los ingenieros de gas y petróleo plantean la implementación de sistemas de regasificación basados en el procesamiento del gas natural líquido (GNL), como el producido en Pampa Melchorita (Peru LNG) o en importaciones.
En esa línea, también proponen el desarrollo de instalaciones de almacenamiento estratégico de líquidos de gas natural (LGN) y combustibles, distribuidos regionalmente, para que actúen como respaldo ante interrupciones del sistema.
Finalmente, IPIGPE propone promover proyectos petroquímicos basados en gas natural que permitan impulsar la producción de fertilizantes y derivados industriales, consolidando cadenas productivas nacionales.
A ese fin, advierte, se necesita fortalecer el sector hidrocarburos asegurando que las autoridades responsables se manejen bajo principios de meritocracia técnica.
Fuente: El Comercio

Gas Natural
Ministerio de Energía y Minas reafirma compromiso para masificar el acceso al gas natural

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, ratificó hoy el compromiso del Gobierno por impulsar la masificación de gas natural y nuevos proyectos que permitan que más familias peruanas cuenten con energía a menor costo mediante un recurso que el país produce.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) encabezó una reunión de trabajo con representantes de la empresa Cálidda, para dialogar sobre los avances del proyecto de adenda que permitiría extender la distribución de gas natural en siete regiones del centro y sur peruano, y que actualmente viene siendo evaluada por el Gobierno.
«Este proyecto es prioritario para nuestra gestión, y seguiremos avanzando para que más peruanos cuenten con gas natural en sus hogares, en el transporte y en sus actividades económicas», subrayó.
Asimismo, el titular del Minem resaltó los beneficios que este recurso genera en materia de ahorro en la canasta básica familiar dado que tiene un precio regulado.
Acompañado por el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodríguez, el ministro Ayasta indicó que proyectos para extender el alcance del gas natural en el país son prioridad para el Ejecutivo, y que se vienen evaluando todos los alcances correspondientes para avanzar en el cierre de brechas energéticas.

También refirió que el gobierno está comprometido en la masificación de gas natural como política de Estado, e impulsa nuevos proyectos de inversión para garantizar el suministro de este recurso en cualquier contingencia, así como en iniciativas que permitan incrementar las reservas que el país necesita.
En la reunión participó Juan Ricardo Ortega López, presidente del Grupo Energía de Bogotá, así como el director general de Cálidda, Martín Mejía del Carpio, quienes explicaron que el proyecto busca llevar el gas natural a más de 200,000 usuarios en 15 localidades de las regiones Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín, Huánuco y Ucayali.
Añadieron que el transporte del gas natural se realizaría bajo la modalidad virtual en las regiones señaladas excepto para Huamanga y Huanta (Ayacucho), y Pucallpa, Aguaytía y Curimaná (Ucayali), donde el suministro se puede realizar por red de ductos.
Desde el Minem se reafirmó la voluntad del gobierno por impulsar este proyecto, donde hay participación multisectorial a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), entidades que viene evaluando las medidas adecuadas para viabilizar esta iniciativa y generar mayores beneficios para más peruanos.

Gas Natural
Proyecto de ley propone explotar gas en áreas protegidas del Perú

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso plantea permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas del país, lo que ha generado preocupación entre especialistas, organizaciones ambientales y comunidades indígenas de acuerdo a un informe elaborado por Mongabay Latam.
La iniciativa, impulsada por el congresista Eduardo Salhuana y respaldada por parlamentarios de Alianza Para el Progreso, busca desarrollar la cuenca gasífera de Madre de Dios como respuesta a la reciente crisis energética provocada por una fuga en el ducto de Camisea.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El proyecto plantea autorizar actividades extractivas en tres zonas de alta biodiversidad: el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri.
Según el documento, esta medida responde a una “necesidad estratégica nacional” para fortalecer la seguridad energética del país, especialmente tras los problemas de abastecimiento de gas natural registrados recientemente.
No es la primera vez que se plantea una propuesta similar. En los últimos cinco años, al menos dos iniciativas han intentado abrir estas áreas a la explotación de recursos, sin llegar a concretarse.

Áreas protegidas: ¿por qué genera preocupación ambiental?
Especialistas advierten que los lotes propuestos se superponen con zonas de protección estricta, donde las actividades extractivas están prohibidas debido a su alto valor ecológico.
Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) alertaron que permitir este tipo de proyectos podría afectar ecosistemas únicos y generar impactos irreversibles en la biodiversidad.
Además, cuestionan que la propuesta no resuelve el problema estructural de fondo: la dependencia del país de un solo ducto de gas.
Impacto en comunidades indígenas
Uno de los puntos más sensibles es la intervención en la Reserva Comunal Amarakaeri, territorio vinculado a comunidades indígenas y reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.
Líderes indígenas han advertido que el proyecto representa una amenaza directa a sus territorios ancestrales y podría provocar conflictos socioambientales, así como la expansión de actividades ilegales como la minería y la tala.
Un debate abierto en el Congreso
El proyecto se encuentra actualmente en debate y divide posiciones. Mientras algunos sectores lo consideran una respuesta urgente ante la crisis energética, otros sostienen que pone en riesgo el patrimonio natural y cultural del país.
La discusión no solo gira en torno al acceso a recursos, sino también al equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y derechos de las comunidades.
Fuente: Caretas

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