Ministro Jorge Montero niega irregularidades tras revelación de participación en chat con mineros informales

Tras un reportaje emitido por Punto Final que expuso su participación en un grupo de WhatsApp con mineros informales —incluyendo personajes investigados por delitos ambientales—, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, defendió su actuar y negó cualquier acuerdo irregular, asegurando que su inclusión en el chat fue por fines académicos y previos a su designación como ministro.

Defensa del REINFO

El programa Punto Final reveló que el ministro Jorge Montero formaba parte de un chat grupal de WhatsApp llamado MAPE (Minería Artesanal y en Pequeña Escala), en el que participan casi 180 personas vinculadas a la minería informal, incluidos personajes investigados por crimen organizado y delitos ambientales.
El reportaje mostró que, dentro del grupo, Montero defendió públicamente la continuidad del REINFO, sistema que permite a miles de mineros operar en proceso de formalización, y cuestionó la intención del Ejecutivo de cancelarlo sin una nueva ley. Además, propuso que el Banco Central de Reserva compre oro artesanal, lo que fue rechazado por el presidente del BCR, Julio Velarde, debido al origen ilegal de parte del mineral. Incluso, instó a los mineros a «incomodar» a Velarde, generando críticas sobre su rol como funcionario público.

No hay acuerdo ilegales

En declaraciones a RPP Noticias, Montero afirmó que su presencia en el grupo fue con fines exclusivamente académicos y profesionales, ya que en ese momento aún no ejercía como ministro y usaba la información para sus cátedras universitarias.
«Soy catedrático y enseño sobre pequeña minería. Participé por interés profesional», indicó. Agregó que su participación se redujo drásticamente tras asumir el cargo: “Cuando me designan como ministro, ya no intervine más, solo respondí felicitaciones”.
El ministro calificó de «inaceptable» cualquier insinuación sobre acuerdos irregulares y acusó al reportaje de crear una “historia sin sentido”. Asimismo, defendió la ampliación condicionada del proceso de formalización como una decisión necesaria para evitar que miles de mineros quedaran en la ilegalidad.