No está clara la posición de procuradores sobre cláusula anticorrupción en caso gasoducto

“No sería posible invocar la cláusula anticorrupción establecida en el contrato de concesión debido a que actualmente no existe contrato vigente”, fue la versión que salió desde la misma Procuradoría ad hoc del caso Lava Jato, respecto a lo que se haría con el Gasoducto del Sur Peruano, que estuvo a cargo de Odebrecht, Graña & Montero y Enagás.

Esta postura sería la respuesta de Jorge Ramírez y Silvana Carrión, quienes se supone que defienden los intereses del Estado. En los últimos días, el coordinador del equipo especial que investiga a los delincuentes brasileños y a sus cómplices peruanos, Rafael Vela, había indicado que Jorge Barata y otros criminales acogidos a la colaboración eficaz confesaban pagos en el proyecto energético.

Ante ello, llamaba la atención el silencio de Ramírez y sus asesores, así como el del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, respecto a un eventual aumento en el pedido de reparación civil, así como de invocar la claúsula anticorrupción del contrato por 7,000 millones de soles.

Si se aplicara este punto del contrato firmado por el gobierno de Ollanta Humala, no solo se podría incautar todos los activos del GSP, sino que sería un argumento contundente para ganar el arbitraje internacional que Enagás tiene contra el Perú, por casi S/ 1,900 millones. Luego de difundirse esta versión, ni Ramírez ni Carrión han optado por callar.

En el Ciadi

Si bien se canceló el contrato del GSP porque Odebrecht no pudo cumplir con el cierre financiero, recién después su socia Enagás acudió al CIADI.