La propuesta para ampliar la concesión hasta 2043 contempla llevar gas natural a 15 localidades de siete regiones. Sin embargo, el regulador señala que las metas de conexión no garantizan una cobertura amplia y observa el reconocimiento de activos por US$854,9 millones.

El proyecto para ampliar la distribución de gas natural hacia el centro y sur del Perú enfrenta cuestionamientos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La entidad evaluó la Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda y advirtió que las condiciones planteadas podrían dejar a miles de viviendas sin una conexión garantizada durante más de una década.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Cálidda, contempla extender la concesión hasta 2043 y ejecutar una inversión privada de aproximadamente US$550 millones. El plan busca desarrollar 3.738,9 kilómetros de redes y atender a un universo potencial de 300.613 consumidores en 15 localidades de siete regiones.

No obstante, el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin señala que el número mínimo de conexiones comprometidas por la empresa asciende a 201.411, una cifra que no garantiza que toda la población considerada como potencial beneficiaria tenga una red disponible frente a su vivienda.

Cuatro localidades tendrían una cobertura mínima

Una de las principales observaciones del regulador está relacionada con las metas de conexión establecidas para Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná.

En estas localidades, las obligaciones mínimas podrían cubrir apenas entre el 20% y 30% de las viviendas evaluadas. Para Osinergmin, esto significa que alrededor del 70% de los hogares de esas zonas podría quedar sin una garantía de acceso a la infraestructura de gas durante un periodo superior a diez años.

En Huamanga, por ejemplo, se plantea un mínimo de 13.555 conexiones frente a 44.660 viviendas consideradas dentro del área de evaluación. Esto representa una cobertura contractual de 30,4%.

La situación es aún más reducida en Quillabamba. Allí se contemplan 884 conexiones como mínimo para un universo de 4.391 viviendas, equivalente a solo 20,1%.

El regulador precisa que esto no significa que las viviendas restantes queden excluidas definitivamente del servicio. El problema es que la adenda no establece una obligación equivalente para garantizar que esos hogares cuenten con una red cercana que les permita solicitar posteriormente una conexión.

Más kilómetros de tubería no significan mayor cobertura

Osinergmin sostiene que establecer metas de kilómetros de redes y número de conexiones no necesariamente garantiza una expansión equilibrada del servicio.

Cálidda podría cumplir con los objetivos contractuales concentrando las obras y conexiones en sectores con mayor densidad poblacional o demanda. De esta manera, podría alcanzar las cifras establecidas sin que la infraestructura llegue de forma uniforme a todas las zonas consideradas dentro del área potencial.

El riesgo, según el organismo supervisor, es que determinados barrios permanezcan sin redes y sus habitantes deban esperar nuevas inversiones o futuras modificaciones contractuales para acceder al gas natural.

A ello se suma que la propuesta considera un factor de penetración de 67%, mientras que Osinergmin considera que este indicador debería alcanzar al menos el 70% en cada localidad.

La adenda también contempla la posibilidad de compensar hasta el 20% de las conexiones entre distintas localidades. Para el regulador, esta flexibilidad podría reducir aún más la garantía efectiva de cobertura en determinadas ciudades, debido a que conexiones que no se ejecuten en una localidad podrían contabilizarse mediante avances realizados en otra.

Siete regiones forman parte del proyecto

La expansión propuesta comprende localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.

El proyecto considera Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Puno y Juliaca, en Puno; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Abancay y Andahuaylas, en Apurímac; además de Huancavelica.

Aunque el proyecto prevé miles de kilómetros de nuevas redes, Osinergmin considera que la evaluación de la masificación no debería limitarse al cumplimiento de metas físicas o al número de usuarios conectados.

La diferencia entre el universo potencial de consumidores y las conexiones mínimas exigidas a la concesionaria es uno de los principales puntos de discusión.

Osinergmin cuestiona cobros a usuarios de Lima y Callao

Otro aspecto observado por el regulador está relacionado con la extensión de la concesión de Cálidda hasta 2043.

Osinergmin señala que más de 1,8 millones de usuarios de Lima y Callao podrían continuar pagando mediante sus recibos por las redes de gas existentes después de 2033, año en el que, según las condiciones del contrato, la infraestructura debería haber recuperado su costo y pasar a propiedad del Estado.

El cuestionamiento surge porque la propuesta mantiene un valor cobrable de las redes —denominado Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)— en lugar de llevarlo a cero una vez recuperado el costo de la infraestructura.

De acuerdo con las proyecciones del regulador, mantener ese valor entre 2033 y 2043 permitiría a la concesionaria obtener ingresos por US$2.252,7 millones, frente a costos operativos estimados en US$420,7 millones. La diferencia alcanzaría aproximadamente US$1.832 millones.

Si, en cambio, el valor de las redes existentes se redujera a cero desde 2033, la utilidad proyectada sería de unos US$329,7 millones.

Para Osinergmin, la diferencia no debería traducirse en una ganancia extraordinaria para la empresa. El organismo plantea que podría reflejarse en menores tarifas para los usuarios o destinarse a nuevas inversiones que no impliquen un costo adicional para los consumidores.

La adenda podría marcar un precedente regulatorio

Las observaciones también abren un debate sobre el margen que tendría Osinergmin para revisar posteriormente los costos y la eficiencia de las inversiones si determinadas condiciones quedan establecidas directamente en el contrato.

El informe advierte que fijar criterios demasiado rígidos podría limitar la posibilidad de trasladar a los usuarios, mediante futuras revisiones tarifarias, las eficiencias, economías de escala y optimizaciones que se produzcan conforme madure la red.

Especialistas del sector consideran que la controversia podría tener efectos más allá del mercado del gas natural. Si las condiciones planteadas quedan incorporadas al contrato, otros concesionarios podrían posteriormente solicitar un tratamiento similar bajo el argumento de igualdad o trato no discriminatorio.

Aunque el informe de Osinergmin no tiene carácter vinculante para el Minem, sus observaciones podrían influir en la discusión sobre la adenda y en el futuro de la regulación tarifaria de concesiones de largo plazo.

Cálidda defiende la propuesta

Cálidda sostuvo que su objetivo es llevar gas natural a siete regiones del centro y sur del país en el menor tiempo posible y mantener para estos nuevos usuarios tarifas similares a las vigentes en Lima.

La empresa señaló que su propuesta prácticamente duplica el compromiso inicial planteado por el Estado, al considerar redes destinadas a atender a unas 300.000 viviendas y establecer una meta mínima de 201.000 conexiones efectivas.

Según la concesionaria, estas metas no constituyen un límite para la expansión posterior, debido a que existen mecanismos regulatorios que permiten continuar ampliando la cobertura.

Respecto a los mayores costos de construcción en las regiones, Cálidda explicó que las condiciones de altura, lluvias, nieve, características del terreno y posibles restricciones arqueológicas hacen que el tendido de redes sea más complejo y costoso que en Lima.

La empresa también defendió la posibilidad de compensar conexiones entre localidades, argumentando que el proyecto se desarrollará simultáneamente en 15 ciudades y que algunas podrían presentar mayores dificultades para alcanzar las metas inicialmente previstas.

Sobre el cuestionamiento a las posibles ganancias adicionales, Cálidda rechazó que exista una “sobreganancia”. La compañía afirmó que el contrato regulado debe mantener el equilibrio económico-financiero y que la modificación no puede permitir que el concesionario obtenga mayores beneficios que los previstos originalmente.

La empresa explicó además que las inversiones se recuperan mediante las tarifas durante un periodo de 30 años. Por ello, las obras realizadas cerca del final del contrato original tendrían menos tiempo para recuperar sus costos. La ampliación de la concesión permitiría, según Cálidda, extender el periodo de remuneración de esas nuevas infraestructuras.

Finalmente, la concesionaria señaló que el ritmo de conexiones también dependerá de la incorporación progresiva de los usuarios y puso como referencia el crecimiento registrado en Lima, donde el compromiso inicial era inferior a 100.000 conexiones y actualmente se han superado los 2,1 millones.

En el caso de Quillabamba, Cálidda indicó que, si la adenda es aprobada, concluirá las obras del proyecto estatal en la ciudad y ampliará el servicio hacia sectores que no fueron incluidos inicialmente.