Gas Natural
Osinergmin advierte brechas en la expansión del gas natural y cuestiona cobros por más de US$1.800 millones

La propuesta para ampliar la concesión hasta 2043 contempla llevar gas natural a 15 localidades de siete regiones. Sin embargo, el regulador señala que las metas de conexión no garantizan una cobertura amplia y observa el reconocimiento de activos por US$854,9 millones.
El proyecto para ampliar la distribución de gas natural hacia el centro y sur del Perú enfrenta cuestionamientos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La entidad evaluó la Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda y advirtió que las condiciones planteadas podrían dejar a miles de viviendas sin una conexión garantizada durante más de una década.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Cálidda, contempla extender la concesión hasta 2043 y ejecutar una inversión privada de aproximadamente US$550 millones. El plan busca desarrollar 3.738,9 kilómetros de redes y atender a un universo potencial de 300.613 consumidores en 15 localidades de siete regiones.
No obstante, el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin señala que el número mínimo de conexiones comprometidas por la empresa asciende a 201.411, una cifra que no garantiza que toda la población considerada como potencial beneficiaria tenga una red disponible frente a su vivienda.
Cuatro localidades tendrían una cobertura mínima
Una de las principales observaciones del regulador está relacionada con las metas de conexión establecidas para Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná.
En estas localidades, las obligaciones mínimas podrían cubrir apenas entre el 20% y 30% de las viviendas evaluadas. Para Osinergmin, esto significa que alrededor del 70% de los hogares de esas zonas podría quedar sin una garantía de acceso a la infraestructura de gas durante un periodo superior a diez años.
En Huamanga, por ejemplo, se plantea un mínimo de 13.555 conexiones frente a 44.660 viviendas consideradas dentro del área de evaluación. Esto representa una cobertura contractual de 30,4%.
La situación es aún más reducida en Quillabamba. Allí se contemplan 884 conexiones como mínimo para un universo de 4.391 viviendas, equivalente a solo 20,1%.
El regulador precisa que esto no significa que las viviendas restantes queden excluidas definitivamente del servicio. El problema es que la adenda no establece una obligación equivalente para garantizar que esos hogares cuenten con una red cercana que les permita solicitar posteriormente una conexión.
Más kilómetros de tubería no significan mayor cobertura
Osinergmin sostiene que establecer metas de kilómetros de redes y número de conexiones no necesariamente garantiza una expansión equilibrada del servicio.
Cálidda podría cumplir con los objetivos contractuales concentrando las obras y conexiones en sectores con mayor densidad poblacional o demanda. De esta manera, podría alcanzar las cifras establecidas sin que la infraestructura llegue de forma uniforme a todas las zonas consideradas dentro del área potencial.
El riesgo, según el organismo supervisor, es que determinados barrios permanezcan sin redes y sus habitantes deban esperar nuevas inversiones o futuras modificaciones contractuales para acceder al gas natural.
A ello se suma que la propuesta considera un factor de penetración de 67%, mientras que Osinergmin considera que este indicador debería alcanzar al menos el 70% en cada localidad.
La adenda también contempla la posibilidad de compensar hasta el 20% de las conexiones entre distintas localidades. Para el regulador, esta flexibilidad podría reducir aún más la garantía efectiva de cobertura en determinadas ciudades, debido a que conexiones que no se ejecuten en una localidad podrían contabilizarse mediante avances realizados en otra.
Siete regiones forman parte del proyecto
La expansión propuesta comprende localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.
El proyecto considera Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Puno y Juliaca, en Puno; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Abancay y Andahuaylas, en Apurímac; además de Huancavelica.
Aunque el proyecto prevé miles de kilómetros de nuevas redes, Osinergmin considera que la evaluación de la masificación no debería limitarse al cumplimiento de metas físicas o al número de usuarios conectados.
La diferencia entre el universo potencial de consumidores y las conexiones mínimas exigidas a la concesionaria es uno de los principales puntos de discusión.
Osinergmin cuestiona cobros a usuarios de Lima y Callao
Otro aspecto observado por el regulador está relacionado con la extensión de la concesión de Cálidda hasta 2043.
Osinergmin señala que más de 1,8 millones de usuarios de Lima y Callao podrían continuar pagando mediante sus recibos por las redes de gas existentes después de 2033, año en el que, según las condiciones del contrato, la infraestructura debería haber recuperado su costo y pasar a propiedad del Estado.
El cuestionamiento surge porque la propuesta mantiene un valor cobrable de las redes —denominado Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)— en lugar de llevarlo a cero una vez recuperado el costo de la infraestructura.
De acuerdo con las proyecciones del regulador, mantener ese valor entre 2033 y 2043 permitiría a la concesionaria obtener ingresos por US$2.252,7 millones, frente a costos operativos estimados en US$420,7 millones. La diferencia alcanzaría aproximadamente US$1.832 millones.
Si, en cambio, el valor de las redes existentes se redujera a cero desde 2033, la utilidad proyectada sería de unos US$329,7 millones.
Para Osinergmin, la diferencia no debería traducirse en una ganancia extraordinaria para la empresa. El organismo plantea que podría reflejarse en menores tarifas para los usuarios o destinarse a nuevas inversiones que no impliquen un costo adicional para los consumidores.
La adenda podría marcar un precedente regulatorio
Las observaciones también abren un debate sobre el margen que tendría Osinergmin para revisar posteriormente los costos y la eficiencia de las inversiones si determinadas condiciones quedan establecidas directamente en el contrato.
El informe advierte que fijar criterios demasiado rígidos podría limitar la posibilidad de trasladar a los usuarios, mediante futuras revisiones tarifarias, las eficiencias, economías de escala y optimizaciones que se produzcan conforme madure la red.
Especialistas del sector consideran que la controversia podría tener efectos más allá del mercado del gas natural. Si las condiciones planteadas quedan incorporadas al contrato, otros concesionarios podrían posteriormente solicitar un tratamiento similar bajo el argumento de igualdad o trato no discriminatorio.
Aunque el informe de Osinergmin no tiene carácter vinculante para el Minem, sus observaciones podrían influir en la discusión sobre la adenda y en el futuro de la regulación tarifaria de concesiones de largo plazo.
Cálidda defiende la propuesta
Cálidda sostuvo que su objetivo es llevar gas natural a siete regiones del centro y sur del país en el menor tiempo posible y mantener para estos nuevos usuarios tarifas similares a las vigentes en Lima.
La empresa señaló que su propuesta prácticamente duplica el compromiso inicial planteado por el Estado, al considerar redes destinadas a atender a unas 300.000 viviendas y establecer una meta mínima de 201.000 conexiones efectivas.
Según la concesionaria, estas metas no constituyen un límite para la expansión posterior, debido a que existen mecanismos regulatorios que permiten continuar ampliando la cobertura.
Respecto a los mayores costos de construcción en las regiones, Cálidda explicó que las condiciones de altura, lluvias, nieve, características del terreno y posibles restricciones arqueológicas hacen que el tendido de redes sea más complejo y costoso que en Lima.
La empresa también defendió la posibilidad de compensar conexiones entre localidades, argumentando que el proyecto se desarrollará simultáneamente en 15 ciudades y que algunas podrían presentar mayores dificultades para alcanzar las metas inicialmente previstas.
Sobre el cuestionamiento a las posibles ganancias adicionales, Cálidda rechazó que exista una “sobreganancia”. La compañía afirmó que el contrato regulado debe mantener el equilibrio económico-financiero y que la modificación no puede permitir que el concesionario obtenga mayores beneficios que los previstos originalmente.
La empresa explicó además que las inversiones se recuperan mediante las tarifas durante un periodo de 30 años. Por ello, las obras realizadas cerca del final del contrato original tendrían menos tiempo para recuperar sus costos. La ampliación de la concesión permitiría, según Cálidda, extender el periodo de remuneración de esas nuevas infraestructuras.
Finalmente, la concesionaria señaló que el ritmo de conexiones también dependerá de la incorporación progresiva de los usuarios y puso como referencia el crecimiento registrado en Lima, donde el compromiso inicial era inferior a 100.000 conexiones y actualmente se han superado los 2,1 millones.
En el caso de Quillabamba, Cálidda indicó que, si la adenda es aprobada, concluirá las obras del proyecto estatal en la ciudad y ampliará el servicio hacia sectores que no fueron incluidos inicialmente.

Gas Natural
La masificación del gas natural modera significativamente su ritmo, pero encuentra oportunidades al inicio de un nuevo ciclo político

- El “Informe del sector gas natural en el Perú 2026” señala que las conexiones de gas natural se duplicaron en cinco años, hasta cerca de 2,6 millones, aunque en 2025 se incorporaron 147 mil nuevos usuarios, una cifra bastante menor a la de años previos.
- El estudio, presentado por Promigas Perú, pone el foco en aspectos que frenaron la expansión del servicio y plantea una agenda de decisiones que el nuevo ciclo político podría destrabar.
El Perú inicia un nuevo periodo de gobierno, un momento que abre espacio a decisiones de fondo para el desarrollo del gas natural. En ese contexto, el “Informe del sector gas natural en el Perú 2026”, elaborado por Promigas Perú, ofrece una radiografía del sector al cierre de 2025 y presenta las oportunidades que el nuevo ciclo político abre para lograr la masificación.
De acuerdo con el reporte, la masificación del gas natural acumula avances importantes. En los últimos cinco años, las conexiones se duplicaron –pasaron de 1,2 a 2,6 millones– y la cobertura subió de 14 % a 25 % de la población: uno de cada cuatro peruanos ya vive en un hogar con acceso al servicio. Sin embargo, en 2025 la masificación moderó significativamente su ritmo respecto a años previos, al incorporar a unos 147 mil nuevos usuarios, por detrás de los 279 mil nuevos usuarios de 2024 y de los 288 mil de 2023.
Una desaceleración marcada por las revisiones tarifarias
El reporte señala varios casos, entre ellos el proceso tarifario de la Concesión Norte, a la que, en el marco de su primera revisión tarifaria (para el periodo 2025-2028), no se le reconoció cerca del 45 % de las inversiones eficientes realizadas hasta ese momento.
Debido a este proceso que fijó la nueva tarifa, la concesionaria Gases del Pacífico se vio obligado a frenar las inversiones para ampliar la cobertura y el número de nuevas conexiones se limitó drásticamente. Bajo la mirada del estudio, este no sería un caso aislado, porque otras concesiones enfrentan desafíos, como la fijación de la tarifa en Ica en 2022, donde las nuevas conexiones de Contugas cayeron de manera significativa. El informe advierte que esta situación podría alcanzar a Lima y Callao, donde el regulador reconoció cerca de 20 % menos inversiones de las sustentadas por Cálidda para 2026-2030.
Según el análisis, el problema se centra en un proceso de fijación tarifaria arbitrario y sin sustento técnico-legal, para obtener una competitividad artificial forzada sin medir las consecuencias sobre la sostenibilidad de la concesión.
Predictibilidad y viabilidad para la continuidad de las inversiones
El documento indica que estas problemáticas restan predictibilidad al sector, aspecto clave para la masificación y la ejecución de inversiones. “La masificación del gas natural en el Perú se hace con capital privado dentro de concesiones reguladas, de modo que la velocidad a la que avanza depende de si invertir en una red de distribución peruana sigue siendo un negocio previsible y rentable”, refiere.
En ese marco, se plantean algunos ajustes para mejorar la previsibilidad y estabilidad del sector. Estos son: someter a consulta la metodología de proyección de la demanda, prever una transición gradual hacia la primera tarifa regulada y contar con una instancia técnica independiente que revise las discrepancias. Suma a ello mejorar las reglas de designación del consejo directivo de Osinergmin.
El reporte también resalta la importancia de corregir la tarifa nivelada, una norma aprobada por insistencia del Congreso pese a las observaciones del Ejecutivo y que, tal como quedó redactada, excluye a los usuarios de mayor consumo. Para lograr la equidad en el acceso al gas natural competitivo en las regiones, el informe propone ampliar este mecanismo a todos los usuarios regulados.
Un nuevo ciclo político con una agenda para ampliar la cobertura del gas natural y generar demanda
El informe remarca que el nuevo ciclo político es una oportunidad para retomar el ritmo de la masificación, más aún cuando la gestión entrante la ha colocado entre sus prioridades en su programa de gobierno. El sector llega a este momento con una agenda madura: adendas negociadas durante años, proyectos con expediente técnico y una cartera de inversión privada que no depende del presupuesto público.
Al respecto, el reporte destaca cuatro proyectos para llevar el gas natural a más peruanos. El proyecto más avanzado es la adenda al contrato de Cálidda, que llevaría el gas natural a 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país, con la misma tarifa de Lima y Callao. Supone una inversión de cerca de US$ 600 millones y beneficiaría inicialmente a más de 200 mil usuarios.
Los otros tres proyectos que definirían la llegada del gas natural al sur siguen sin fecha cierta: la extensión del gasoducto de transporte propuesta por Transportadora de Gas del Perú (TGP), con una inversión privada cercana a los US$ 2.100 millones, que el ministerio evalúa; el gasoducto regional del Cusco continúa en su estudio de perfil; y la nueva Concesión Sur Oeste se adjudicaría recién en 2028, aunque la administración provisional de Petroperú vence en diciembre de 2026.
Asegurar la oferta
El reporte indica que la masificación del gas natural requiere –además– el aseguramiento de la oferta. En ese sentido, el informe advierte que, en 2025, no se perforó un solo pozo exploratorio e indica que al ritmo de producción actual, las reservas probadas alcanzarían para unos 13 años. En Camisea, que concentra el 95 % de la producción, no se perfora un pozo exploratorio desde 2017 porque el plazo de los contratos no permitiría recuperar nuevas inversiones. Ante ello, el informe propone simplificar los permisos, revisar las condiciones de las licitaciones y modernizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La afectación al ducto en el sistema principal de transporte, que se produjo el 1 de marzo de 2026 y redujo el suministro de Lima en cerca de 90 %, mostró además la necesidad de contar con nuevos proyectos que fortalezcan la seguridad energética del país, como almacenamiento y regasificación de GNL. El informe plantea concretarlos, analizando las diversas propuestas como una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), microplantas de licuefacción y plantas de regasificación.

Gas Natural
Conexiones de gas natural se duplicaron en últimos 5 años y benefician a 25% de la población

Perú alcanzó 2.6 millones de conexiones y uno de cada cuatro peruanos ya vive en un hogar con gas natural
La masificación del gas natural acumula avances importantes en el Perú y durante los últimos cinco años las conexiones se duplicaron, pasando de 1.2 a 2.6 millones, con lo cual la cobertura subió de 14% a 25% de la población; es decir, uno de cada cuatro peruanos ya vive en un hogar con acceso al servicio.
Así lo indica el «Informe del sector gas natural en el Perú 2026”, elaborado por Promigas Perú, el cual también señala que la masificación moderó su ritmo, al incorporar 147,000 nuevos usuarios en el último año, por detrás de los 288,000 de 2023 y los 279,000 de 2024.
El estudio remarca que el nuevo ciclo político en el Perú es una oportunidad para retomar el ritmo de la masificación del gas natural, más aún cuando la gestión entrante la ha colocado entre sus prioridades en su programa de gobierno.
El reporte refiere cuatro proyectos para llevar el gas natural a más peruanos, entre los cuales destaca el proyecto más avanzado que es la adenda al contrato de Cálidda, que llevaría el gas natural a 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país, con la misma tarifa de Lima y Callao, y que contempla una inversión de 600 millones de dólares que beneficiaría a más de 200,000 usuarios.
Los otros tres proyectos que definirían la llegada del gas natural al sur todavía no tienen fecha cierta: la extensión del gasoducto de transporte propuesta por Transportadora de Gas del Perú (TGP) con una inversión privada cercana a 2,100 millones de dólares, el gasoducto regional del Cusco que continúa en su estudio de perfil y la nueva Concesión Sur Oeste que se adjudicaría en 2028 considerando que Petroperú tiene la administración provisional.

El informe señala que la masificación del gas natural requiere el aseguramiento de la oferta, tomando en cuenta que las reservas probadas alcanzarían para unos 13 años. En Camisea, que concentra el 95% de la producción, no se perfora un pozo exploratorio desde el 2017 porque el plazo de los contratos no permitiría recuperar nuevas inversiones.
Ante ello, el estudio propone simplificar los permisos, revisar las condiciones de las licitaciones y modernizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
«La afectación al ducto en el sistema principal de transporte, que se produjo el 1 de marzo de 2026 y redujo el suministro de Lima en cerca de 90%, mostró además la necesidad de contar con nuevos proyectos que fortalezcan la seguridad energética del país, como almacenamiento y regasificación de GNL», sostiene Promigas.
El informe plantea concretar los nuevos proyectos, analizando las diversas propuestas como una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU por sus siglas en inglés), microplantas de licuefacción y plantas de regasificación.

Gas Natural
Ministro Guillermo Shinno: Proyecto de gas natural para 7 regiones sí se va a realizar

El proyecto de masificación de gas natural para las regiones Ayacucho, Cusco, Junín, Apurímac, Huancavelica, Puno y Ucayali sí se hará realidad, y actualmente el gobierno viene revisando las condiciones para que esta iniciativa se desarrolle generando mayores beneficios para la población.
Así lo anunció el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien, en entrevista con Exitosa TV, descartó que exista un entrampamiento y, por el contrario, destacó que esta iniciativa permitirá sentar las bases para extender los beneficios del gas natural para el centro y sur peruano, llevando energía económica a miles de familias.
Sostuvo que la actual iniciativa planteada por Calidda se compone de inversión privada, sin cofinanciamiento con el Estado, y que la meta de conexiones trazada para el proyecto permitirá generar mayor demanda, como ya ocurrió con Lima, Callao y otras ciudades del país.
«Cuando vino Cálidda la primera vez, y se concesionó para Lima, la meta fue lograr 65 mil conexiones. Hoy son más de 2 millones de usuarios. Una vez que llegue el gas natural, todos van a querer conectarse», explicó Shinno
Agregó que la creación de nueva infraestructura de distribución en las ciudades del centro y sur permitirá habilitar la intervención del programa BonoGas, que financia las conexiones domiciliarias a gas natural con los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), abriendo más oportunidades para que más usuarios accedan a energía a menor precio.
En otro momento, el ministro indicó que es necesario que el país habilite nuevas reservas de gas natural, pues los yacimientos de Camisea tienen un horizonte de hasta 13 años, por lo que es importante afianzar la seguridad energética poniendo en valor otras áreas con potencial para hidrocarburos.
«Camisea se va a agotar y tenemos una gran reserva en el yacimiento Candamo, entre Puno y Madre de Dios. Hay que generar conciencia, si no desarrollamos el Candamo, las tarifas eléctricas se van al cielo», afirmó, indicando que la tecnología moderna permitirá implementar un proyecto de inversión sin afectar las áreas protegidas.
Recordó que el proyecto Camisea es adyacente a reservas comunales y santuarios nacionales, y se realiza sin afectar el medio ambiente, a lo que se suma que un nuevo proyecto de explotación de gas natural abriría la posibilidad de inversiones en gasoductos, anillos energéticos y el ducto de redundancia necesario para la seguridad energética.

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