Perú podría salir bien librado de la demanda de Enagás sobre el cancelado gasoducto sur

En septiembre del presente año se podría realizar la primera audiencia del procedimiento de controversia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el cual la empresa Enagás S.A., socia de Odebrecht en el consorcio Gasoducto Sur Peruano, estima recuperar lo  que invirtió en el cancelado megaproyecto.

Para la exprocuradora Delia Muñoz, esta etapa es “crucial” para que la defensa peruana presente en la fase probatoria todos los documentos e informaciones que demuestren que el proyecto fue paralizado por actos de corrupción que se cometieron durante su ejecución.

“Aún no tenemos una sentencia sobre este caso, pero el Estado peruano tendrá que presentar las declaraciones certificadas que han obtenido en Brasil y todas las pruebas que demuestren que estamos ante una situación de corrupción”, explicó.

Pruebas de corrupción

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, consideró que dentro del proceso arbitral el Perú podría usar a su favor una de las cláusulas también consideró importante que dentro del proceso arbitral se llegue a comprobar que existieron evidentes hechos de corrupción, ya que con ello el Estado Peruano podría activar de manera inmediata la cláusula anticorrupción con la que cuenta el contrato y salir beneficiados sin la necesidad de devolver “un sol” a ninguno de los integrantes del consorcio.

Subrayó la importancia de la información que se dio a conocer con la investigación que realizaron en Ecuador, donde se descubrió cerca de 17 pagos encriptados en el sistema Drousys, que salieron de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (Caja 2) y estuvieron relacionadas con la millonaria adjudicación del gobierno del expresidente Ollanta Humala.