Acreedor minoritario cuestiona la liquidación de Doe Run Perú mientras busca cobrar US$ 14,5 millones y pone en riesgo fondos para los trabajadores

Consultores A-1 advierte que DQM, que representa menos del 0,5% de las acreencias reconocidas, pretende ejecutar un laudo arbitral por encima de los créditos laborales. Una eventual inmovilización de los US$ 19,41 millones del Fideicomiso Pama podría comprometer recursos vinculados al pago de unos 3.500 trabajadores y sus familias.

La liquidación de Doe Run Perú (DRP), iniciada en 2010, enfrenta una nueva controversia por el reclamo de Depósitos Químicos Mineros S.A. (DQM), que busca cobrar US$ 14,54 millones por tarifas de almacenamiento, mientras alrededor de 3.500 trabajadores mantienen pendientes sus acreencias laborales.

DQM representa apenas el 0,495355% de las acreencias reconocidas en el procedimiento concursal. Sin embargo, sus actuaciones y cuestionamientos a la gestión liquidatoria podrían retrasar la liberación de los US$ 19,41 millones del Fideicomiso Pama, depositados en Scotiabank, uno de los asuntos pendientes para avanzar hacia la conclusión de la liquidación.

Consultores A-1, que estuvo a cargo del proceso entre enero de 2022 y diciembre de 2024, advierte que DQM pretende ejecutar un laudo arbitral para cobrar su acreencia comercial, lo que podría entrar en conflicto con la atención de las obligaciones laborales, cuya prioridad está reconocida en el artículo 24 de la Constitución y en la legislación concursal.

La Junta de Acreedores pide no condicionar la liberación de fondos

La controversia llegó al Ministerio de Energía y Minas (Minem), luego de que DQM solicitara a dicha entidad adoptar acciones relacionadas con la Resolución N.° 8853-2026/CCO-INDECOPI, que sancionó a la anterior liquidadora por observaciones a determinados gastos del proceso.

Al respecto, Luis Cuadrado, presidente encargado de la Junta de Acreedores y representante de los créditos laborales de Doe Run Perú, comunicó formalmente al Minem que el procedimiento sancionador contra Consultores A-1 todavía no ha concluido. Precisó que la reconsideración presentada por la empresa fue resuelta parcialmente a su favor mediante la Resolución N.° 10853-2026/CCO-INDECOPI, del 12 de octubre, y que aún se encuentra dentro del plazo legal para apelar los extremos correspondientes.

Por esta razón, la presidencia de la Junta de Acreedores determinó que no corresponde atender el pedido formulado por DQM en tanto el procedimiento administrativo continúe pendiente de resolución definitiva.

La representación laboral sostiene que las observaciones a los gastos de la anterior liquidadora deben resolverse por las vías correspondientes y no convertirse en un condicionamiento adicional para la liberación del fideicomiso.

Consultores A-1 advierte, además, que una eventual medida cautelar promovida por DQM para inmovilizar los US$ 19,41 millones podría comprometer la disponibilidad de estos recursos y prolongar la incertidumbre de miles de trabajadores.

Resultados de la gestión liquidatoria

Durante su gestión, Consultores A-1 atribuye entre sus principales resultados la adjudicación de la Unidad Minera Cobriza al Grupo Dyer Coriat, mediante subasta pública extrajudicial realizada el 26 de julio de 2022, por US$ 19,70 millones más IGV; y la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya, concretada el 6 de julio de 2022 a favor de 1.245 trabajadores, con una valorización de S/ 124 millones.

También reporta la regularización registral de 1.045 viviendas entregadas a trabajadores por anteriores gestiones como parte de pago de sus acreencias, así como las gestiones realizadas para destrabar la liberación de los fondos del Fideicomiso Pama.

La empresa precisa que actualmente no participa en el procedimiento concursal ni tiene a su cargo las decisiones de liquidación, que corresponden al actual liquidador, la Junta de Acreedores y las autoridades competentes.

Tras más de quince años desde el inicio de la liquidación, la controversia vuelve a poner en discusión la disponibilidad de recursos destinados a atender las obligaciones pendientes. Para Consultores A-1, la prioridad es que los cuestionamientos entre acreedores y las controversias administrativas se resuelvan por los cauces correspondientes, sin prolongar innecesariamente la incertidumbre de los trabajadores y sus familias.