Comunicado de la asamblea nacional de gobiernos regionales (ANGR)

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del Dictamen del Presupuesto General de la
República 2025, que propone modificaciones a la Ley N.° 29230 (Ley de Obras por
Impuestos), específicamente en su Octogésima Séptima Disposición
Complementaria Final. Esta disposición elimina el TOPE CIPRL, medida que representa
un grave retroceso al desarrollo regional y local al privar a los gobiernos subnacionales de un mecanismo clave para la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios
esenciales.
La eliminación del TOPE CIPRL implica la pérdida de S/ 34,000 millones destinados
a 25 gobiernos regionales, 1,828 gobiernos locales y 32 universidades públicas.
Asimismo, obliga a financiar proyectos de Obras por Impuestos (OxI) exclusivamente con
recursos presupuestales de cada entidad, los cuales ya están comprometidos para la
continuidad de proyectos y otros gastos operativos, restringidos además por las normas
presupuestales. Esta medida pone en riesgo la ejecución de OxI, mecanismo que en 16
años permitió financiar 614 proyectos por S/ 10,598 millones en sectores como educación, salud, transporte, agua, saneamiento y seguridad ciudadana en 22 regiones del país.
El presupuesto 2025 proyecta una distribución centralista e inequitativa de los recursos,
asignando un 63.5% al Gobierno Central, mientras que solo un 21.6% corresponde a los
gobiernos regionales y un 14.9% a los gobiernos locales.
Desde la ANGR, rechazamos la implementación de esta disposición y solicitamos
su revisión inmediata. Las regiones no pueden asumir un recorte que desarticula su
capacidad de inversión, agravando la brecha de infraestructura y limitando su
respuesta ante emergencias.
Hacemos un llamado al Congreso de la República para evaluar con responsabilidad el
impacto de estas medidas en la población. La eliminación del TOPE CIPRL no solo
perjudica a las autoridades regionales y locales, sino que también afecta directamente a
millones de ciudadanos que dependen de una gestión descentralizada y eficiente.
Las regiones necesitan un presupuesto justo, descentralizado y equitativo, que permita
continuar con obras prioritarias para el desarrollo del país.