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Demanda de amparo contra la petición de Talara no tendría exito
La demanda de amparo presentada contra Petroperú con el objetivo de suspender y liquidar el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) no tendría asidero legal en opinión de expertos.
Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, explicó que una demanda de amparo es para reponer las cosas en el momento de la violación de un derecho constitucional o de derechos fundamentales.
Vale precisar que el PMRT se viabilizó en diciembre del 2015 a través de la Ley 30130, «Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petroperú».
El pasado viernes 11 de agosto, Wilber Medina, abogado del ex presidente Alan García, presentó al juzgado especializado en lo constitucional de Lima, una demanda de amparo contra la refinería de Talara, propiedad de la petrolera estatal.
La demanda tiene como base la transgresión del principio constitucional de justicia presupuestaria, pues indica que el costo de inversión del PMRT se incrementó en más de US$ 4 mil millones de abril de 2008 a marzo de 2014.
Supone incrementos
Asimismo, la demanda del abogado del líder aprista advierte la vulneración del derecho de los consumidores pues da por sentado que al ingresar en operación la nueva refinería de Talara (en el 2021) habrá inevitablemente un encarecimiento de los combustibles.
«Si en la actualidad, el margen de ganancia por la venta de combustibles es más del 10% (que afecta a los consumidores), la lógica nos dice que Petroperú, para recuperar los más de US$ 5 mil millones que cuesta el PMRT, triplicará su margen de ganancia, lo que va a perjudicar a los consumidores», señala la demanda de Medina.
Wilber Medina grafica esta situación y dice que si en la actualidad el galón de gasolina de 90 cuesta S/ 10, cuando comience a funcionar la modernizada refinería de Talara, costará S/ 30 o más.
En tal sentido, Calle precisó que si como consecuencia de esta ley se violan derechos fundamentales en un determinado grupo humano, se debería ver, en primer lugar, si la norma es constitucional.
«Nadie la ha observado –la Ley 30130–, entonces puede ser aplicable o no si viola un derecho fundamental de una persona y el encarecimiento de los combustibles hasta el momento no lo podemos dar como responsabilidad del Gobierno o de los procesos de inversión en Talara. A boca jarro me parece que la demanda no tendría éxito, porque si vamos al tema de precios pondríamos amparos en cada cosa y todos los días», dijo.
