El exdirector de Formalización Minera, Wilfredo Portilla, denunció públicamente que el congresista Ilich López le habría exigido el pago de US$30 mil para permitirle mantenerse en el cargo. La acusación expone un presunto esquema de cobros ilegales, tráfico de influencias y control político dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que involucraría a funcionarios, asesores y operadores externos.

Presunto cobro y red de intermediarios

Según Portilla, la exigencia del pago no habría sido directa, sino a través de dos intermediarios —a quienes calificó como “chacales”— identificados como Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola.

El exfuncionario sostiene que ambos serían los encargados de gestionar los cobros y presionar a funcionarios dentro del sector, configurando un mecanismo de chantaje para la permanencia en puestos clave.

La denuncia no solo apunta al presunto pago de US$30 mil, sino que abre la posibilidad de un esquema más amplio de comercialización de cargos públicos dentro del aparato estatal.

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Control político sobre el MINEM y cobros por trámites

El reporte describe a Ilich López como un “ministro de facto”, sugiriendo que tendría injerencia directa en decisiones estratégicas y nombramientos dentro del MINEM.

Asimismo, se advierte la existencia de una presunta red interna en la Dirección General de Formalización Minera, donde se estarían cobrando cupos de entre S/ 3,000 y S/ 4,000 por la gestión de trámites vinculados a procesos de formalización.

En este contexto, se menciona a Alberto Arturo Rojas Cortejana como el supuesto “director en la sombra” del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quien pese a enfrentar investigaciones por manipulación de datos habría sido beneficiado con la prescripción de procesos disciplinarios, en lo que se califica como un “blindaje administrativo”.

Ministro advertido y cuestionamientos al liderazgo político

El caso también salpica al titular del sector, Luis Aldo Bravo de la Cruz, quien —según la denuncia— fue alertado mediante un chat sobre el presunto cobro de US$30 mil. No obstante, en lugar de formalizar una denuncia, habría optado por dialogar con los implicados.

El informe cuestiona además el peso político del ministro dentro del Ejecutivo, recordando que el premier Ernesto Álvarez habría declarado en una entrevista no recordar su nombre, hecho interpretado como reflejo de la fragilidad de su liderazgo en el sector.

Vínculos regionales y empresariales

La denuncia también subraya que varios de los involucrados —congresista, funcionarios y presuntos operadores— tendrían vínculos regionales en Huancayo y lazos académicos en la Universidad Nacional del Centro del Perú.

En particular, se señala que Héctor Vilches sería socio empresarial de Ilich López en una compañía de limpieza y que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad.

Fuente: Condensado Willax TV / Beto a Saber

A través de un comunicado oficial emitido el 13 de febrero de 2026, el MINEM precisó que cuenta con una Política Institucional de Gestión de Riesgos, así como con una Política Anticorrupción y una Política Antisoborno, instrumentos que establecen una postura clara de tolerancia cero frente a cualquier acto irregular.

La entidad subrayó que no admite actos de corrupción en ninguna de sus formas o modalidades, reforzando su marco preventivo y de control interno.

Designaciones bajo criterios técnicos y trazabilidad administrativa

El ministerio señaló que los procesos de designación de funcionarios se desarrollan bajo criterios técnicos y de idoneidad profesional, en concordancia con el marco normativo vigente.

Asimismo, destacó que cada nombramiento cuenta con trazabilidad administrativa y está sujeto a la supervisión de las instancias competentes, descartando cualquier influencia política o irregularidad en dichas decisiones.

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Desmentido formal y defensa de la reputación institucional

En relación con las versiones difundidas, el MINEM indicó que la persona aludida desmintió los hechos mediante carta notarial, señalando que la información proveniente de un audio es falsa y carece de verificación.

Según lo consignado en el comunicado, se trataría de afirmaciones con ánimo difamatorio, que buscan afectar la reputación e imagen personal ante la opinión pública.

Finalmente, el ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia y la cultura de integridad en el sector público, asegurando que continuará impulsando una gestión técnica y firme en la lucha contra la corrupción, así como sanciones severas frente al uso indebido de la función pública.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, a cargo del fiscal provincial Marvin Loja Arévalo, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de contaminación ambiental, tras el incendio de seis embarcaciones vinculadas al transporte y manipulación de hidrocarburos ocurrido en el río Itaya, en Loreto.

Como parte de las primeras diligencias, se constató la presencia de iridiscencia de combustible en la superficie del río, así como indicios compatibles con la dispersión de hidrocarburos como consecuencia del siniestro. Asimismo, una de las máquinas estaría hundida (fondeada) en la zona, por lo que se prevé realizar una verificación técnica.

También se dispuso la instalación de barreras de contención industrial para evitar la expansión de elementos contaminantes y mitigar así el impacto ambiental en la formación hídrica.

En esta acción fiscal también participó personal policial de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (Unidpma Loreto), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Local del Agua (ALA) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Asimismo, se acompañó a personal de la ALA para la toma de muestras en tres puntos estratégicos del área afectada.

La FEMA Maynas ya ha solicitado información a las autoridades competentes a fin de establecer si las embarcaciones siniestradas contaban con la autorización para el transporte de hidrocarburos, así como para verificar la situación administrativa del puerto involucrado.

El Ministerio Público continúa con las acciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, en defensa del ambiente y los recursos naturales.