Petroperú atraviesa una crítica situación financiera que ya impacta directamente en sus operaciones, tras la paralización de la refinería de Iquitos y el riesgo inminente de detener las plantas de Talara y Conchán por falta de recursos para adquirir materias primas.

Así lo advirtió el presidente de la empresa estatal, Roger Arévalo, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde detalló que la compañía enfrenta severas limitaciones de liquidez que afectan su capacidad operativa.

Según explicó, las deudas totales de Petroperú ascienden a US$ 7,899 millones a febrero de este año, de los cuales US$ 3,578 millones corresponden a obligaciones de corto plazo, incluyendo capital de trabajo que actualmente no está disponible.

El funcionario precisó que la empresa mantiene deudas por US$ 2,500 millones con proveedores, quienes han comenzado a exigir pagos al contado, lo que ha generado restricciones en el suministro de petróleo necesario para el funcionamiento de las refinerías.

Como consecuencia, la refinería de Talara opera actualmente a una producción reducida de 60,000 barriles por día, mientras que la planta de Iquitos ya se encuentra paralizada, siendo abastecida desde Lima.

«La refinería de Iquitos ya paró, estamos abasteciendo a (la ciudad de) Iquitos desde Lima, hemos financiado (el funcionamiento de) la refinería con capital de proveedores y no pagamos porque no tenemos plata», aseveró.

Medida de emergencia

Ante este escenario, el Gobierno evalúa implementar una medida de emergencia que permita obtener financiamiento por US$ 2,000 millones a través de una entidad privada, respaldada por una garantía contingente.

No obstante, la aprobación de esta iniciativa se ha visto retrasada debido a interpretaciones normativas, lo que agrava la urgencia de la situación financiera de la empresa estatal.

Arévalo también planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de capitalización que incluya aportes estatales, señalando que, sin medidas inmediatas, Petroperú podría verse obligada a paralizar completamente sus operaciones.

“Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que también se pida un sistema de capitalización allí sí es aporte del Estado (…), hay que capitalizar lo que dé el Banco de la Nación”, puntualizó.

“En algún momento se tiene que capitalizar (a la empresa) un decreto de urgencia (el DU 010) no puede incluir capitalización, dennos los US$2,000 millones, sino paramos, estamos por parar Conchán, estamos por parar Talara», insistió el funcionario.

En paralelo, el ejecutivo cuestionó el Decreto de Urgencia 010, indicando que la reorganización planteada podría replicar esquemas previos de fragmentación de activos que derivaron en procesos de privatización.

Participación en el mercado de combustibles

Finalmente, reconoció que la empresa ha perdido participación en el mercado de combustibles, situándose entre 19% y 20%, por debajo de estimaciones previas, y adelantó que buscarán recuperar competitividad mediante estrategias de precios.

«Yo me he propuesto hacerlo de todas maneras en el corto plazo, porque definitivamente necesitamos regresar a ese nivel de competitividad para Petroperú (con una participación del 50%)», anotó.

A marzo de este año, Petroperú registró una utilidad neta de US$133.2 millones, luego de perder US$111.2 millones en el mismo periodo de 2025, según reportó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Sin embargo, la mejora de resultados no respondería a una mayor eficiencia operativa, sino a una reducción de actividad y de costos.

Durante el primer trimestre del año, las compras de crudo de la petrolera cayeron casi 40% y pasaron de US$1,008 millones entre enero y marzo de 2025, a US$608.5 millones en el mismo periodo de 2026.

En paralelo, el costo de ventas se desplomó 48.5%, debido a que la empresa adquirió menos petróleo y redujo su operación. A la vez, los ingresos ordinarios retrocedieron 21.4%, reflejando una menor actividad comercial y menores ventas de combustibles.

En su informe financiero, Petroperú reconoce que viene registrando una reducción en los niveles de venta de combustibles en el mercado interno, asociada al menor volumen de producción de diésel de bajo azufre y Turbo A1. Según explicó, esto se debe a problemas de liquidez que afectaron el suministro de crudo para su procesamiento y a paradas programadas de algunas unidades por mantenimiento. Asimismo, la petrolera señaló que aún está en proceso de estabilización de la refinería de Talara.

La situación financiera de Petroperú enfrenta serias limitaciones para sostener su nivel de endeudamiento, debido a su baja capacidad de generación de ingresos. Así lo advirtió José Bueno, catedrático de Finanzas de FRI ESAN, quien señaló que el problema es que la empresa no cuenta con un EBITDA suficiente para atender sus obligaciones.

Al cierre de marzo, el EBITDA proyectado de Petroperú se ubicaría en torno a los US$500 millones anuales, una cifra que resulta insuficiente frente a una deuda total cercana a los US$8,000 millones. “Es inviable poder pagar aproximadamente 7 veces su ingreso anual en un año”, afirmó.

La estructura de la deuda agrava aún más el problema. Del total, alrededor de US$3,578 millones corresponden a compromisos de corto plazo, mientras que unos US$4,321 millones están distribuidos entre el mediano y largo plazo. “Esto es un problema inmediato, porque tienen que comprometerse a pagar al menos los US$3,578 millones en el corto plazo”, explicó.

En ese contexto, Petroperú ha solicitado una garantía estatal por US$2,000 millones para acceder a financiamiento. Sin embargo, José Bueno sostuvo que este monto responde a la necesidad de cubrir pagos a proveedores, cuya línea asciende a aproximadamente US$2,500 millones.

Advirtió que este respaldo implicaría un costo fiscal directo para el Estado. “Es una garantía que se va a tener que volver líquida sí o sí”, sostuvo, al señalar que no existen fundamentos financieros que permitan cubrir ese compromiso.

Asimismo, enfatizó que este tipo de medida no resuelve el problema estructural de la empresa.

Reestructuración

El catedrático también alertó sobre el deterioro financiero de la empresa en función de su nivel de endeudamiento. “Estamos hablando de un ratio de hasta 15 veces deuda sobre EBITDA”, precisó, lo que incrementa significativamente el riesgo de insolvencia. Frente a este escenario, consideró que cualquier apoyo estatal debería estar condicionado a una reestructuración.