La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de US$ 396,135 en Petroperú, relacionado con retrasos y deficiencias en el trámite de una carta de crédito necesaria para concretar la compra de crudo a una empresa petrolera internacional de origen chino.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 011-2026-2-0084-AC, los hechos fueron evaluados entre el 8 de noviembre de 2023 y el 5 de diciembre de 2024 y estuvieron vinculados con la adquisición de 361,798.79 barriles de crudo Oriente de Ecuador, destinados a la Refinería de Talara.

La operación fue adjudicada mediante un concurso internacional por un valor de US$ 32.49 millones. El cargamento debía ser descargado en los terminales de Bayóvar y Talara, en Piura.

Retrasos en la emisión de la carta de crédito

La auditoría concluyó que el trámite de la carta de crédito no fue iniciado con la anticipación requerida, pese a que este documento era fundamental para garantizar la operación.

Según las condiciones del contrato, la carta debía ser irrevocable, confirmada y llegar al banco del vendedor por lo menos cinco días hábiles antes del inicio de la ventana de entrega del petróleo.

Sin embargo, la Jefatura de Administración de Contratos de la Gerencia Departamento Compras de Hidrocarburos no gestionó el documento oportunamente y tampoco aplicó correctamente la metodología prevista en el contrato para determinar su monto.

Como resultado, la carta de crédito fue inicialmente solicitada por US$ 29 millones, con una variación de 5%, pese a que posteriormente fue necesario modificarla para elevar el monto a US$ 31 millones, más o menos 5%.

La Contraloría también detectó demoras en la actuación de la Unidad de Mercados Financieros de la Gerencia Departamento Gestión Financiera y Presupuestal. Esta dependencia tardó en iniciar la cotización de la carta y, tras la solicitud de incremento de la garantía, no realizó una nueva cotización ante el Banco de la Nación.

Esta situación generó reprocesos y permitió que parte de la gestión bancaria continuara tomando como referencia el monto inicial de US$ 29 millones.

Penalidad por demora en la descarga

Según el órgano de control, las deficiencias señaladas ocasionaron un perjuicio de US$ 396,135 al patrimonio de Petroperú.

El monto corresponde a las penalidades por sobrestadía que la empresa estatal tuvo que pagar al proveedor internacional debido al retraso en la descarga del cargamento de crudo en el Terminal Bayóvar.

El informe relaciona esta demora con la falta de autorización oportuna para iniciar la descarga, debido a que Petroperú no disponía de la carta de crédito en el momento requerido.

La Contraloría determinó que el perjuicio económico está acreditado y cuantificado y que guarda relación directa con el incumplimiento de las obligaciones identificadas durante la auditoría. Por ello, señaló que el monto deberá ser resarcido por los funcionarios y servidores involucrados.

Seis funcionarios con presunta responsabilidad

El órgano de control identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en seis funcionarios y servidores de Petroperú.

Ante esta situación, recomendó al presidente del Directorio de la empresa estatal adoptar las medidas correspondientes para que se determinen las responsabilidades de los involucrados.

Asimismo, la Contraloría recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles contra las personas comprendidas en las observaciones del informe.

Ante la situación de emergencia declarada por el Ministerio de Energía y Minas debido a la vulnerabilidad del abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el sur del país, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó medidas excepcionales destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la cadena de suministro y contribuir con la continuidad del servicio en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

La medida responde a las dificultades para el traslado terrestre de GLP desde Pisco y Callao hacia estas regiones, situación que se ha visto agravada por las afectaciones ocasionadas por las lluvias en las vías de transporte y por la limitada capacidad de almacenamiento disponible.
En este contexto, Osinergmin ha establecido, con carácter excepcional y temporal, mecanismos que permiten aprovechar de manera más eficiente las capacidades logísticas disponibles y facilitar el transporte e importación de GLP, sin dejar de exigir el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad.

Más capacidad para transportar GLP
Entre las principales medidas aprobadas se encuentra la posibilidad de utilizar, durante la emergencia, tractos y cisternas inscritos en distintas fichas de registro del Registro de Hidrocarburos de un mismo operador, para realizar operaciones de transporte de GLP destinadas a las cinco regiones comprendidas en la emergencia.
Asimismo, los camiones cisterna utilizados por distribuidores de GLP a granel podrán ser empleados temporalmente para el transporte de este combustible hacia las regiones afectadas.
De igual manera, las unidades de transporte con placas extranjeras que trasladen GLP proveniente de operaciones de importación para abastecer estas regiones podrán operar sin inscripción en el Registro de Hidrocarburos durante la vigencia de la emergencia, previa comunicación a Osinergmin y presentación de la documentación correspondiente, incluida la póliza de seguro vigente.

Se facilita la importación de GLP
Osinergmin también estableció una excepción temporal para que las empresas envasadoras con plantas envasadoras debidamente inscritas puedan importar GLP para atender el abastecimiento de las cinco regiones sin requerir, durante la emergencia, una inscripción adicional como importador de GLP con almacenamiento en planta envasadora.

La seguridad se mantiene como prioridad
Osinergmin precisó que estas medidas no significan eliminar las obligaciones de seguridad. Los agentes que se acojan a ellas mantienen la responsabilidad de cumplir las condiciones técnicas y de seguridad aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento, importación y comercialización de hidrocarburos, así como de contar con las coberturas de seguro exigidas por la normativa vigente.
Las medidas tendrán vigencia únicamente durante el periodo de emergencia declarado por el Ministerio de Energía y Minas y sus eventuales ampliaciones. Una vez concluida la emergencia, se restablecerán las disposiciones ordinarias previstas en la normativa vigente.
De esta manera, Osinergmin reafirma su compromiso con la continuidad del abastecimiento energético y con la protección de la ciudadanía, actuando de manera oportuna ante situaciones extraordinarias y dentro del marco de sus competencias como organismo regulador y fiscalizador del sector energía.

PetroPerú reconoció que actualmente no cuenta con la capacidad necesaria para producir combustibles que cumplan con el estándar Euro 6, que establece un máximo de 10 partes por millón (ppm) de azufre. La normativa vigente contempla que estos combustibles sean de uso obligatorio en gran parte del país desde diciembre de 2026; sin embargo, la empresa estatal solicita extender el plazo hasta 2029 para las gasolinas y hasta 2030 para el diésel.

La situación es aún más compleja según la evaluación realizada por ProInversión, entidad encargada de participar en el proceso de reestructuración de PetroPerú. De acuerdo con un documento presentado en julio, ninguna de las cinco refinerías de la empresa está actualmente en capacidad de producir combustibles con un contenido máximo de 10 ppm de azufre.

El último plazo establecido por el Gobierno fue fijado mediante el Decreto Supremo 011-2025, emitido el 1 de junio de 2025, que determinó que desde el 31 de diciembre de 2026 solo podría comercializarse y utilizarse combustible que cumpla con el estándar Euro 6.

No obstante, PetroPerú ya había advertido que las dificultades operativas de la Refinería Talara impedían alcanzar ese objetivo en el tiempo previsto. En marzo de 2026, la empresa solicitó formalmente al Ministerio de Energía y Minas ampliar el periodo de adecuación: hasta marzo de 2029 para producir gasolinas con un máximo de 10 ppm de azufre y hasta marzo de 2030 para el diésel.

El diagnóstico de ProInversión resulta todavía más preocupante. De las cinco unidades de refinación de PetroPerú, tres se encuentran operativas: Talara, con una capacidad de 95.000 barriles por día y combustibles de 50 ppm; Iquitos, con 12.000 barriles por día y 1000 ppm; y Conchán, con 15.500 barriles por día y 50 ppm. Las refinerías El Milagro y Pucallpa permanecen fuera de operación.

Según el informe técnico, ninguna de estas instalaciones tiene actualmente la capacidad para procesar hidrocarburos que permitan obtener combustibles con apenas 10 ppm de azufre.

Ante este escenario, ProInversión plantea que el plazo para la implementación del estándar Euro 6 se extienda hasta 2036, lo que significaría una nueva prórroga de diez años. La entidad sostiene que una aplicación inmediata de la norma podría afectar seriamente el proceso de reorganización patrimonial y operativa de PetroPerú.

El eventual incumplimiento del plazo también tendría consecuencias para la empresa estatal, debido a que no podría continuar comercializando combustibles que no cumplan con la nueva exigencia. Esto podría afectar directamente una de sus principales actividades comerciales y complicar aún más su proceso de recuperación.

La discusión plantea un desafío para el Gobierno: avanzar hacia combustibles menos contaminantes sin poner en riesgo la viabilidad de PetroPerú. Para ello, será necesario establecer una hoja de ruta clara, con inversiones, plazos realistas y transparencia sobre las condiciones técnicas y financieras que enfrenta la empresa.